- Una política de drogas eficaz debe privilegiar la salud de las personas, no la represión
- Sí a la regulación del cannabis, con un componente de justicia social, sin beneficio a trasnacionales
Comparten una misma realidad anexos donde se pretende rehabilitar a las personas adictas a una sustancia en el país: la mayoría son obligados a ingresar, no todos tienen un consumo problemático, sólo el diez por ciento, y en su mayoría son violatorios de los derechos humanos; esto porque el gobierno no privilegia una política de drogas basada en la salud, antes que en la represión, manifestó Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, California, colaboradora del programa de Política de Drogas del CIDE y miembro del Colectivo de Estudios de Drogas (CEDD), en la conferencia que ofreció el viernes como parte del Diplomado en Políticas de Drogas, Salud y Derechos Humanos.
Son constantes los casos de internamiento forzado en los centros de rehabilitación para las adicciones, lo cual no debería de suceder, pues quien está en un tratamiento debe hacerlo con plena voluntad, además que el Estado canaliza pocos recursos a estos procedimientos y muchas veces se usan para personas que no tienen un consumo problemático de drogas: “Hay personas que son consumidoras sin tener un problema, que pueden tomar una o cinco copas de vino en una semana y eso no quiere decir que tengan que intervenir tu vida por el tema del consumo; con las sustancias ilícitas funciona igual”.
Explicó que según la organización Mundial de la Salud, calcula que solamente el diez por ciento de las personas que consumen alguna sustancia ilícita tienen un consumo problemático, es decir, que interfiere en su actividades y responsabilidades cotidianas; otras no necesitan ningún tipo de intervención, pero sí información sobre estrategias de riesgos y daños. Por ejemplo, qué tipo de sustancia se consume, cómo puede llevar a una persona a situaciones de riesgo, usar jeringas limpias si vas a inyectarte, si vas a fumar crack usar bálsamo labial al fumarse en focos, que se calientan y pueden quemar; además de los riesgos de enfermedades de transmisión como VIH, hepatitis, etcétera: “Lo que necesitan las personas que no tienen un problema sobre su consumo es que el estado intervenga dándoles información y brindando estrategias de reducción de riesgos y daños, no que los internen”.
Caso aparte es hablar de los tratamientos que se ofrecen en los centros de internamiento, en donde en su mayoría son violatorios a los derechos humanos, donde se les infringen con acciones de tortura, abstención absoluta, insalubridad y mala alimentados; si bien hay personas que requieren de un tratamiento, estos deben basarse en evidencias científicas, en lo que realmente funciona y no en ocurrencias, dijo. Si a lo anterior se suma que el Estado no verifica los lugares para saber si cumplen con las condiciones sanitarias y dignas, donde no haya tortura, ni amenazas y los internados sean personas que están ahí voluntariamente.
En este tema, la investigadora destaca también el hecho de que, mientras hay personas que tienen acceso a los mejores tratamientos que sí funcionan, pero llegan a costar miles de dólares, el resto de la gente solo puede acceder a los anexos con todos los problemas que ya se señalaron.
Una política de drogas eficaz debe privilegiar la salud de las personas, no la represión
Para la investigadora, lo que el gobierno debe de hacer para contar con una política de drogas eficaz, privilegiando la protección a la salud, es canalizar los recursos precisamente en este rubro y no en las estrategias de represión, la erradicación, el uso de cárceles y militares, y la implementación de retenes en carreteras, pues muchos recursos se van a esa parte y una mínima a las instituciones de salud: “Si deberás tomaran en serio una política de drogas con base a la salud, debería haber mayor inversión”.
Tras recordar que en febrero podría retomarse el debate de la legalización del cannabis, la producción, posesión, comercio y transporte, en el Senado de la República, lo que consideró que se trata de un avance importante, aunque existe el riesgo de que la regulación favorezca a las grandes productoras, pues en específico las empresas canadienses están realizando cabildeo en el Congreso de la Unión para que la regulación sea favorable para sus intereses.
Sí a la regulación del cannabis, pero con un componente de justicia social y sin beneficiar a trasnacionales
Una regulación de la cannabis en beneficio de las empresas canadienses representaría, de nuevo, una situación desfavorable para los campesinos que la cultivan, al no representarles ninguna ventaja y quedarían en las mismas condiciones actuales: criminalizados y con la continuación de las erradicaciones forzadas si a la nueva legislación no se le añade un componente de justicia social, pues no se trata sólo de regular la cannabis como una oportunidad de desarrollo para los mexicanos, sino que es urgente que se incluyan a las personas que durante años han sido criminalizadas con la actual política, que tengan beneficios y se integren a un mercado legal: “El problema es que las propuestas que se discuten favorecen a las grandes empresas trasnacionales, en especial a la industria canadiense. No es justicia social. Está bien porque regulas un mercado, está mal porque se mantiene en la criminalización a los mismos de siempre. No debe ser para únicamente para impulsar el desarrollo comercial, tiene que ser una política de protección a la salud”.
Recordó que desde la sociedad civil hay muchos grupos cannábicos que impulsan desde hace años su regulación, y si bien hay distintas visiones, la mayoría considera que se debe transitar a un modelo de justicia social, no comercial.
Dijo esperar que finalmente se legisle a favor de la legalización del cannabis, pues consideró que sería una pena que solo se tratara de una norma que beneficie a los extranjeros, producto de la desinformación sobre el tema.
