- El Coneval presenta el sistema de información de derechos sociales para monitorear su acceso efectivo
- En Aguascalientes, el indicador con el mayor reto en el tema de salud es el porcentaje de población derechohabiente que recibió servicios preventivos en instituciones públicas, al pasar de 51.9% en 2010 a 50.2% en 2018
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el Sistema de Información de Derechos Sociales está conformado por un conjunto de indicadores que complementan la Medición multidimensional de la pobreza y proporcionan información sobre el acceso efectivo a derechos sociales: como educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social; en una segunda fase contendrá indicadores relacionados con el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y a la no discriminación. Este Sistema da cuenta de las condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad del acceso efectivo a los derechos sociales y visibiliza las desigualdades existentes en el ejercicio de estos derechos entre grupos específicos de poblaciones históricamente en desventaja.
Estos son los indicadores correspondientes a Aguascalientes:
Salud
En Aguascalientes, el indicador con mayor avance en el tema de salud es la tasa de consultorios de medicina general en unidades médicas públicas por cada 10,000 habitantes, al pasar de 1.8 en 2010 a 2.6 en 2017.
En Aguascalientes, el indicador con el mayor reto en el tema de salud es el porcentaje de población derechohabiente que recibió servicios preventivos en instituciones públicas, al pasar de 51.9% en 2010 a 50.2% en 2018.
Educación
En Aguascalientes, el indicador con mayor avance en el tema de educación es el porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundaria con nivel satisfactorio o sobresaliente en el dominio de Matemáticas en la prueba Planea, al pasar de 11.5% en 2015 a 15.8% en 2017.
En Aguascalientes, el indicador con el mayor reto en el tema de educación es el porcentaje de población de tres a 29 años con ingreso inferior a la línea de pobreza que asiste a educación pública obligatoria y recibe beca, al pasar de 23.2% en 2010 a 15.3% en 2018.
Vivienda
En Aguascalientes, el indicador con mayor avance en el tema de vivienda es el porcentaje de población que habita en viviendas con baño funcional, al pasar de 82.1% en 2014 a 85.0% en 2018.
Aguascalientes, retos para el acceso efectivo a los derechos sociales
En Aguascalientes, el indicador con el mayor reto en el tema de vivienda es el porcentaje de población en viviendas propias que cuentan con escrituras, al pasar de 83.6% en 2010 a 82.6% en 2018.
Alimentación
En Aguascalientes, el indicador con mayor avance en el tema de alimentación es el porcentaje de población que vive en hogares con seguridad alimentaria y dieta diversa, al pasar de 57.1% en 2014 a 69.5% en 2018.
En Aguascalientes, el indicador con el mayor reto en el tema de alimentación es el porcentaje de población que vive en hogares donde se consumen diariamente frutas y verduras, al pasar de 23.6% en 2014 a 23.2% en 2018.
Seguridad social
En Aguascalientes, el indicador con mayor avance en el tema de seguridad social es el porcentaje de población de 65 años o más no económicamente activa que recibe jubilación o pensión (contributiva o no contributiva), al pasar de 52.5% en 2010 a 77.2% en 2018.
En Aguascalientes, el indicador con el mayor reto en el tema de seguridad social es el porcentaje de población ocupada con hijos(as) de seis años o menos que tiene acceso a guarderías como prestación laboral, al pasar de 26.6% en 2010 a 22.7% en 2018.
La información del Sistema de Información de Derechos Sociales permite conocer el avance y los retos en la materialización del ejercicio de los derechos sociales en la vida de las personas; identifica el grado de disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios que presta el Estado para que la población ejerza plenamente sus derechos; contribuye a identificar brechas y rezagos de manera específica, brindando así insumos a los hacedores de la política social y tomadores de decisiones para orientar y dar seguimiento a la política social.
Dentro de los hallazgos que el Sistema de Información de Derechos Sociales ofrece se encuentran los siguientes en el ámbito nacional:
Educación
Entre 2010 y 2018, el porcentaje de población de 15 a 21 años que asistía al nivel medio superior aumentó casi siete puntos porcentuales, al pasar de 56.1% a 62.8%, lo que indica una demanda creciente de educación que debe ser atendida por las instituciones del Estado.
Sin embargo, además de garantizar el acceso a niveles superiores de educación, es necesario fortalecer la calidad de la enseñanza que se recibe en niveles previos. De acuerdo con la prueba Planea, en 2017 los estudiantes de tercer grado de secundaria con niveles satisfactorios o sobresalientes en el nivel de dominio de campos como el Lenguaje y Comunicación o Matemáticas eran notablemente bajos (26.1% y 13.7%, respectivamente).
Estos resultados evidencian la necesidad de redoblar esfuerzos en materia pedagógica, así como de seguir generando información que permita dar cuenta de la calidad del aprendizaje en el país.
Salud
Entre 2010 y 2018, el porcentaje de población que obtuvo acceso a servicios médicos aumentó de 70.8% a 83.8%.
Sin embargo, la afiliación a los servicios o programas de salud no es condición suficiente para ejercer plenamente este derecho. En 2018, por ejemplo, menos de la mitad de la población derechohabiente (47.8%) recibió servicios preventivos relacionados con padecimientos crónico-degenerativos en instituciones públicas, un servicio básico de salud que el Sistema Nacional de Salud tiene la obligación de proveer.
Seguridad social
Los sistemas de seguridad social desempeñan un papel fundamental en la generación de igualdad de oportunidades y bienestar en distintos momentos del curso de vida de las personas. En el caso de la población de niñas, niños y adolescentes, el porcentaje de personas con acceso a mecanismos de protección social se ubicó en 35.9% en 2010 y aumentó ligeramente a 38.9% en 2018.
Sin embargo, en 2018 sólo tres de cada diez personas de 65 años o más recibe una jubilación o pensión (contributiva o no contributiva) por un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de pobreza por ingresos (equivalente al costo de la canasta alimentaria y no alimentaria).
Las pensiones en la vejez tienen como objetivo moderar la pérdida o disminución del ingreso de un individuo al final de su vida productiva, por lo que el monto de las pensiones debe garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas.
Alimentación
El porcentaje de población que vive en hogares con seguridad alimentaria donde, además, se consume una dieta diversa, mejoró tres puntos porcentuales entre 2014 y 2018.
A pesar de ello, en 2016 cerca de tres de cada diez personas de 20 años o más presentaba sobrepeso u obesidad, principal factor modificable de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cánceres.
La información sugiere la urgencia de mejorar el acceso de las personas a dietas de calidad y servicios de salud, así como de garantizar que este acceso se distribuya de manera equitativa entre todos los miembros del hogar.
Vivienda
Aunque el porcentaje de población con acceso a servicios básicos en la vivienda en 2018 fue de 80.2%, e incluso hubo una mejoría respecto de 2010 (77.1%), existen retos apremiantes. Por ejemplo, solo la mitad de la población tiene disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda todos los días y esta situación no mostró cambios entre 2010 y 2018 (pasó de 52.5% a 53.6%, respectivamente).
Estos resultados reflejan la necesidad de sumar esfuerzos desde la política pública en materia de accesibilidad a los servicios básicos de la vivienda.
Mujeres indígenas
Las mujeres indígenas son un grupo de atención prioritaria para la política social, toda vez que suelen presentar menores niveles de bienestar dada la acumulación de desigualdades que han enfrentado durante largo tiempo, tanto de género como por su pertenencia étnica.
En algunos aspectos, su situación ha mejorado. En lo que concierne a la educación, entre 2010 y 2018 la brecha en los años promedio de escolaridad entre mujeres indígenas y no indígenas disminuyó a favor de las primeras, siendo la brecha de 3.1 y 2.7 años, respectivamente.
Sin embargo, otros ámbitos de su vida cotidiana requieren atención. En 2018, 75.3% de las mujeres indígenas rurales residía en viviendas sin acceso a agua entubada o en las que se cocina con leña o carbón, sin tener chimenea. Esta situación afectaba a 6.5% de las mujeres no indígenas que vivían en la ciudad. La brecha (68.8 puntos porcentuales) refleja con claridad la acumulación de desventajas a las que están expuestas las mujeres, no solo por su pertenencia a un grupo étnico, sino también por su lugar de residencia.
Adultos mayores
Es notable la reducción de analfabetismo entre la población adulta mayor durante el periodo 2010-2018, pero lo es aún más entre quienes residen en entornos rurales, donde la falta de instrucción y métodos pedagógicos para leer o escribir se redujo de 47.3% a 39.5%, mientras que sus contrapartes urbanas redujeron esta condición de 20.9% a 15.2% en el mismo periodo. Con estos resultados, no sólo mejoraron su situación educativa, sino que redujeron la brecha entre quienes viven en diferentes territorios y espacios sociales.
En el ámbito de la seguridad social, la situación de la población adulta mayor, y en particular de las mujeres, es menos alentadora. En 2018, únicamente 4 de cada 10 hombres de 65 años o más recibieron una pensión contributiva. Esta proporción es aún menor entre las mujeres adultas mayores (2 de cada 10), como resultado de su baja participación en el mercado laboral formal, así como de las trayectorias laborales interrumpidas por los trabajos domésticos, de crianza y de cuidados de los hijos.
Personas con discapacidad
La participación educativa de la población con discapacidad ha aumentado. Entre 2010 y 2018, el porcentaje de población con discapacidad, de 3 a 18 años, con acceso oportuno a la educación, aumentó de 50.5% a 75.7%, reduciendo la brecha con sus contrapartes sin discapacidad de 23.4% a 9.5%.
Sin embargo, en términos de la participación en actividades económicas, las diferencias aún son considerables y profundas, reflejo de una marcada desventaja para las personas con discapacidad. En 2018, mientras que 69.4% de la población sin discapacidad realizaba alguna actividad económica, sólo 39.8% de la población con alguna discapacidad lo hacía.
Esta diferencia, de casi 30 puntos porcentuales, visibiliza la exclusión de las personas con discapacidad de uno de los espacios de participación social más importantes para su desarrollo, pues el trabajo no sólo aporta ingresos, sino oportunidades de socialización, aprendizaje y autoestima.
Jóvenes
La diferencia en el porcentaje de asistencia a secundaria entre los alumnos del primer y último quintil de ingresos disminuyó de 23.4 a 10.4 puntos porcentuales de 2010 a 2018. Esto gracias al aumento de asistencia educativa entre la población de menores ingresos, cuyo porcentaje de asistencia pasó de 68.2% a 82.4 % en dicho periodo.
Sin embargo, una vez que se incorporan al mundo del trabajo, las y los jóvenes suelen enfrentar situaciones de precariedad. En 2018, sólo 4 de cada 10 jóvenes urbanos ocupados contaron con acceso a prestaciones laborales de seguridad social. Esta situación se agrava para los jóvenes que residen en el ámbito rural, pues solo 15.1% recibieron beneficios de seguridad social por parte de su empleador.
Información por entidades federativas
El porcentaje de asistencia a educación media superior ha aumentado en prácticamente todas las entidades del país. A nivel nacional, pasó de 56.1% en 2010 a 62.8% en 2018. Los estados con mayor aumento en este indicador son aquellos que presentaban mayores rezagos al principio del periodo, entre ellos, Tabasco (de 57.0% en 2010 a 70.0% en 2018), San Luis Potosí (de 44.0 a 58.8%, respectivamente) e Hidalgo (46.3 a 63.2%).
La calidad de los espacios de la vivienda es un aspecto crítico para el desarrollo y la convivencia cotidiana. En 2014 menos de la mitad de la población (47.7%) residía en viviendas con disponibilidad de espacios habitacionales, es decir, con espacios suficientes, exclusivos para dormir o cocinar y sin hacinamiento, aspectos que forman parte del derecho a la vivienda adecuada. En 2018, este porcentaje aumentó ligeramente a 49.9% a nivel nacional, pero persisten entidades con rezagos esta materia, como Chiapas, Michoacán, Puebla y Guerrero, donde el porcentaje de población en viviendas con estas características es menor a 27%.
Mejorar la calidad de la dieta que se consume en los hogares es un aspecto fundamental para enfrentar la crisis de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares que registra el país. Sin embargo, en 2018, a nivel nacional, el porcentaje de hogares que consumen diariamente frutas y verduras llegó apenas a 21.1%. La situación es más grave en entidades, como Guerrero, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz y Oaxaca, donde este porcentaje era menor al 13%.
Esta información confirma la relación entre la malnutrición y otras condiciones de vulnerabilidad, pues se trata de estados que también concentran niveles superiores de pobreza y pobreza extrema.
Con información del Coneval
