- Habrían incurrido en el delito de desaparición forzada
- Están vinculados al mismo caso de René Carrillo y el que causó la muerte del Comandante Rojo
En la crónica de un hecho anunciado, este martes se dio un paso más en el caso que desde el Poder Judicial de la Federación se abrió a finales del año pasado, luego del presunto delito de desaparición forzada cometido en contra de José Francisco N. N., pepenador al que se le vio por última vez el 6 de diciembre de 2018, luego de que al parecer fue arrollado por un vehículo, cuyo conductor descendió del mismo, junto con otro hombre, y ambos comenzaron a golpearlo; posteriormente lo subieron a la misma unidad con la que lo lesionaron.
Este 5 de noviembre se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado, la audiencia en la que se vinculó a estos hechos a dos funcionarios de la Policía Ministerial del Estado, acusados de omisión en el caso, negaron información sobre el paradero del pepenador a la esposa del hasta hoy desaparecido, cuando presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, días después del supuesto atropello, pues seguía sin saber de su paradero; de comprobarse el hecho, a María Elvira N. N. y Jesús N. N., adscritos a la Unidad de Antisecuestros, se les atribuiría la complicidad de la desaparición forzada.
El proceso para esclarecer este presunto delito y a fin de dar con el paradero del pepenador se judicializó con la detención de Jaime Tejeda Ponce, exagente de la Policía Ministerial del Estado, el 7 de enero del presente año, acusado de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de José Francisco N. N., cuando ocupaba el cargo como comandante del Grupo de Robos de Vehículos, mismo que le había sido asignado en agosto de 2018 por encargo de René Carrillo Durán, entonces comisario de la Policía Ministerial de Aguascalientes.
Para el 13 de enero se dio a conocer que el exagente de la Ministerial, mejor conocido como el Comandante Rojo, aparentemente se habría quitado la vida en su celda dentro del Cereso para Varones del Estado, momentos después de que se le dictó por el juez la vinculación a este proceso, al que ya se señalaba involucrado Carrillo Durán.
El 10 de enero el comisario de la Ministerial fue separado de su cargo; aunque el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, aclaró que en ese momento no había indicios que apuntaran a su vinculación en el hecho, ni una denuncia en su contra, finalmente, el 1 de abril fue detenido por la Fiscalía General de la República, derivado de la orden de aprehensión que se giró en su contra.
Al día siguiente, 2 de abril, se dio a conocer que dos elementos más de la Policía Ministerial fueron separados del cargo: Víctor N.N., quien fue escolta del finado Comandante Rojo, y Pablo N.N., integrante del Grupo Antisecuestros de dicha corporación, por presumirse su participación en el delito de desaparición forzada que se investiga.
Con la audiencia de este martes, continúa el proceso en la búsqueda de esclarecer el caso de José Francisco y contar con información certera sobre su paradero.
Durante la audiencia de juicio oral, a la que cabe resaltar, es de carácter público, quien decida puede asistir, pero sólo se permite el acceso al público en general a una sala del mismo Centro de Justicia Penal Federal, en la que a través de una pantalla se pueden ver tomas de varias cámaras que apuntan al juez, el ministerio público al que fue asignado el caso e indiciados junto con la defensa, explicó que en particular, en lo que compete a la discusión de dicha audiencia, los hechos que se les imputan a los ministeriales, que es la omisión en la solicitud de información sobre el pepenador desaparecido, se contó con la pruebas necesarias que llevaron a dicha audiencia inicial, derivado de las entrevistas que se realizaron el 19 de septiembre, cuando otros integrantes del Grupo Antisecuestros confirmaron la versión de que a través de un grupo de Whatsapp, llamado Fuerza Ags, se compartían información sobre los operativos y el tratamiento que presuntamente se da a algunos detenidos.
En las investigaciones se accedió a dichas conversaciones, donde se confirmó que se habló sobre la detención de José Francisco el 6 de diciembre de 2018; además de palabras altisonantes en las que se apuntaba que ya tenían su ubicación y que tiraron el celular del hasta hoy desaparecido, porque podrían estarlos siguiendo, presuntamente María Elvira habría solicitado información a una instancia adjunta a la Fiscalía General, información sobre la geolocalización del aparato celular, con la que contó y se compartió en el mismo grupo de la red social, y la cual negó cuando se le citó a entrevista previa.
Ante todas estas premisas y en espera de que la defensa de los acusados pueda reunir las pruebas pertinentes que les permitan deslindarse del hecho, el juez otorgó el plazo mayor de 144 horas, por lo que la audiencia se reanuda el domingo 10 de noviembre a las 8:00 horas.
Es importante precisar que los últimos minutos de la audiencia de este martes se llevaron en dirimir las medidas cautelares que se aplicarían como indiciados al proceso, de las cuales la parte acusadora solicitó prisión preventiva para garantizar la seguridad y protección de las víctimas; en contraparte, la defensa de los acusados argumentó que se ponía en riesgo su integridad por la unidad a la que pertenecían dentro de la Policía Ministerial, ya que pueden coincidir en el centro al que sean remitidos con personas indiciadas o sentenciadas por un secuestro, proceso en el que María Elvira o Jesús habrían tenido incidencia como parte de la labor que desempeñaban.
Sin embargo, el juez aclaró que hay una persona especializada en atender a estos hechos, y considerando que desde el 12 de abril, el delito de desaparición forzada forma parte del catálogo de los que ameritan prisión preventiva, y el hecho no ha prescrito, resolvió que fueran remitidos al centro penitenciario en calidad de cumplir con la prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que tarde el juicio.
