El pasado 8 de noviembre se celebró en 30 países el Día Mundial del Urbanismo, siendo esta efeméride una apuesta planteada hace 70 años por el argentino Carlos María Della Paolera, con la pretensión de concientizar sobre la importancia de la planificación de las ciudades y destacar su contribución a la generación de espacios “saludables”.
Esta celebración es una expresión de la racionalidad de la modernidad, en particular de la exaltación del valor del conocimiento científico y su potencialidad para transformar y mejorar la calidad de vida de la humanidad, con la que se reivindican los conocimientos e instrumentos de intervención que confluyen alrededor del urbanismo como un campo disciplinario específico.
Dichos elementos eran para entonces el producto acumulado de los saberes desarrollados a lo largo de la historia misma de las ciudades, desde los ámbitos de la estrategia militar y de la administración y gobierno de las poblaciones; los cuales fueron reinterpretados bajo la sombrilla de los valores y principios del proyecto cultural de la modernidad, desde finales del siglo XIX, cuando se acuño propiamente el término de urbanismo con la contribución de Idelfonso Cerdá en 1868 en su “Teoría de la urbanización” y se hicieron evidentes los primeros efectos del proceso de industrialización, tales como la degradación ambiental y social producto de la espontaneidad y falta de regulación de los procesos de ocupación del espacio.
Desde la instauración de esta celebración hasta la fecha, con la complejidad misma que han adquirido las ciudades y sus dinámicas, se han ampliado los temas, problemas públicos y herramientas diseñadas desde el urbanismo, integrándose nuevos enfoques y dimensiones de análisis, que van más allá de la preocupación por lo físico espacial y de los aportes de la ingeniería y la arquitectura, tales como los que plantean la sociología, la ciencia política, la antropología, la economía, la ecología y la geografía crítica; hablándose actualmente del campo de los estudios urbanos como un ámbito transdisciplinar, que busca responder a los desafíos que supone la urbanización como proceso y como estilo de vida predominante de las sociedades contemporáneas.
De esta manera, la conmemoración del Día del Urbanismo más que evocar la importancia de la planificación urbana y de reivindicar la práctica profesional alrededor de ésta, es un espacio para identificar la evolución y complejidad de este campo, así como para cuestionar sus supuestos y promesas tomadas como punto de partida y la efectividad de las contribuciones generadas.
En este sentido surgen preguntas frente a cómo los planificadores contemporáneos están comprendiendo su rol en la producción y gestión de las ciudades y sus problemáticas; en qué forma y a través de qué mecanismos se están relacionando con las comunidades y la diversidad de agentes sociales públicos y privados implicadas en los procesos de toma de decisiones y que se ven afectados por las propuestas y planteamientos que estos realizan como “expertos” sobre la ciudad; y qué responsabilidad tiene la planificación en las situaciones problemáticas que se experimentan al interior de las urbes y en las tensiones que se presentan en la avanzada de las mismas sobre ámbitos rurales cada vez más distantes y dispersos.
A partir de estos interrogantes se puede entrever que los planificadores urbanos cada vez más son conscientes de que el “voluntarismo” asumido en el pasado, bajo la creencia errónea de asumirse como agentes externos expertos y en un nivel más allá de los problemas y de los actores involucrados en estas situaciones, está mandada a recoger; pues sus planteamientos no son la última palabra, ni se implementan de manera lineal. Se ha venido desmitificando la perspectiva según la cual lo definido por los planificadores es producto de la aplicación del conocimiento científico y la solución para enfrentar y apaciguar las tensiones entorno a la vivienda, la movilidad, la ocupación del espacio y el aseguramiento de la calidad de vida de manera generalizada.
Las experiencias en materia de gestión urbana, en distintos contextos muestran como los planificadores no son ajenos a las dinámicas sociales y políticas y propias de su sociedad sino que son un actor más en constante tensión con sus propios pares y con otros agentes interesados en influenciar las decisiones públicas que inciden en la configuración de la ciudad.
Si bien persiste la pretensión de neutralidad y del carácter técnico del campo, no pueden negarse la injerencia en los procesos de toma de decisión de los sesgos ideológicos y políticos que afectan a los planificadores; así como los efectos que ejercen sobre estos las corrientes, tendencias y “modas” intelectuales que se han sucedido frente a la forma, estructura y producción de la ciudad.
Lo anterior ha generado que se tomen decisiones que en muchos casos no responden a las demandas ciudadanas y al interés público, sino a ciertos sectores sociales; y que trasladen de un contexto a otro “soluciones” que no responden a las condiciones socioculturales y requerimientos de las situaciones consideradas como socialmente problemáticas que se pretenden resolver en las urbes. Éstas son adoptadas recurriendo a discursos y emblemas unificadores en los que coinciden los diversos actores sociales, a pesar de que estas tengan para ellos significados y alcances diferentes.
Con estos elementos se propició en términos generales un mayor distanciamiento, del ya ocasionado por el empleo de un lenguaje netamente técnico para delimitar los problemas y procesos urbanos, entre los planificadores y los usuarios de las soluciones, herramientas e instrumentos diseñados por éstos; y una desconfianza en las potencialidades mismas de la planeación y las intervenciones a gran escala, optándose por el desarrollo de proyectos y gestiones a menor escala con las que se ha perdido en algunas ocasiones el panorama general de los procesos sociales y las escalas en las que se desenvuelven. Lo anterior, a su vez ha ocasionado efectos devastadores tanto otros territorios como en el propio espacio o ámbito en el que se ha dado la actuación.
Ante el reconocimiento de estas situaciones, desde finales de los setentas, en distintos momentos y contextos sociales se han efectuado llamados a una planificación urbana mucho más participativa y a un acercamiento entre los investigadores académicos, los expertos, los técnicos vinculados a las administraciones y las comunidades para escuchar la voz de las mismas y plantear diseños acordes a sus inquietudes y necesidades. De igual manera, se han dado apuestas por lograr una mayor articulación público-privada y por involucrar a este sector de una manera más responsable en la implementación de medidas que garanticen el bienestar colectivo, apelando a principios como los de la función pública del urbanismo y de la propiedad, y a los derechos a un ambiente sano.
Sin desconocer estos esfuerzos, especialmente los resultados positivos generados en algunas de estas experiencias en materia de empoderamiento ciudadano y cohesión social (los cuales deben ser visibilizados y retomados críticamente para extraer aprendizajes), lo cierto es que no se ha logrado realmente consolidar en la mayoría de ciudades apuestas o proyectos socialmente compartidos a los que le apunten mayoritariamente los diversos actores y que sean respetados y nutridos por sus contradictores.
Por el contrario, el modelo de acumulación económica actual está generando una dinámica basada en la intermediación y la producción de espacios en función de la rentabilidad financiera, más no en la rentabilidad social y en los efectos que pueden tener sobre el bienestar colectivo en la que el rol de la planificación no está siendo decisivo. Dentro de esta, se ha privilegiado el desarrollo de infraestructuras puntuales, junto con el planteamiento de apuestas de mediano y largo plazo que responden a las tendencias de marketing urbano y competencia entre los territorios por atraer inversiones, que subyace en esta perspectiva, dejando a un segundo plano las necesidades directas y urgentes de la ciudad, en pro de su inserción en procesos que se generan en otras escalas.
Asistimos en un contexto en el que: 1) las viviendas no son producidas con y para la gente, sino para la producción de renta, siendo cada vez más privilegiada la edificación de espacios pequeños, de uso unipersonal, en los centros de las grandes ciudades; 2) la construcción de vivienda social se dan en entornos más periféricos y sin los equipamientos sociales e infraestructuras de movilidad requeridas; 3) las dinámicas de revitalización y renovación de espacios anteriormente dedicados a usos industriales o “degradados” se orientan a la edificación de centros comerciales y residencias exclusivas accesibles para poblaciones con altos niveles de ingresos, desplazando con ello a los habitantes tradicionales de dichos espacios; 4) los espacios públicos se vuelven tal a medida de la capacidad de pagar por ellos, negándose el derecho a ser y estar en la ciudad; 5) la capacidad de gestión del sector privado y los agentes inmobiliarios es mayor a la capacidad institucional del estado y de los planeadores urbanos para ejercer un control sobre estos y prever los efectos de sus apuestas.
En consecuencia, pese a las falencias registradas, la planificación territorial enfrenta más que nunca serias dificultades para impactar en la vida y producción de las ciudades; que por el contrario no suponen descartarla, sino que se constituye en un llamado por hacer de esta práctica un ejercicio más comprensivo de las diferentes niveles territoriales y procesos que afectan la vida y gestión de las ciudades; y para impulsar su fortalecimiento por parte de quienes la ejercen en el día a día. En especial por salir de las investigaciones y propuestas diseñadas en función de pares académicos y de llevar los hallazgos a la reflexión cotidiana del ciudadano de a pie y en los escenarios de debate público.
Como lo plantea Susan Fainstein (2013), los urbanistas no pueden reestructurar la sociedad, pero pueden mostrar soluciones que reduzcan la desigualdad a nivel local. Éste es un llamado dirigido a todos los interesados en las ciudades como habitantes y como estudiosos de las mismas, a involucrarnos en el desarrollo de dispositivos que nos permitan disfrutar y recrear la ciudad desde nuestra cotidianidad de manera plena, en igualdad de condiciones y reconociendo los diversos intereses y aspiraciones legítimas de los múltiples actores y grupos sociales, quienes en últimas somos los que producimos día a día nuestras urbes.
Mayor conciencia en nuestras decisiones de consumo y uso de los espacios, sobre nuestros derechos y obligaciones y el impacto de nuestras acciones cotidianas y una mayor apertura e involucramiento en procesos públicos, son algunas alternativas que se proponen para la discusión.
Laura Milena Ballén Velásquez
Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, por el Colegio de México. Docente y consultora.
