Una democracia no sólo debe cumplir con elecciones libres y confiables, no debe velar solamente por los intereses de la mayoría, ni gobernarse únicamente para el presente. Para que una democracia funcione, los ideales liberales deberán salvaguardarse, las voces de todos deberán tener el poder de ser escuchadas, y el desarrollo de políticas públicas deberá asegurar un futuro próspero, incluyente y sostenible. Por lo tanto, no es de extrañar que, a unos cuantos días de que culmine la segunda década del siglo XXI, Greta Thunberg busque trabajar con los ideales democráticos en favor del cuidado del medio ambiente a nivel global.
El medio ambiente está en peligro desde muchas trincheras. Sin embargo, la llegada de mandatarios políticos negacionistas al cambio climático ha sido una de las trincheras más amenazantes de los últimos años. Su arribo al poder ha sido legítimo a través de procesos democráticos, pero sus decisiones están perturbando la posibilidad de un futuro asequible para las siguientes generaciones. De ahí la necesidad de voltear hacia lo que nos dice la ciencia con respecto al cambio climático y ejercer nuestros derechos para exigir una democracia que trabaje en políticas medioambientales eficientes.
En todos los rincones del planeta se están encendiendo focos rojos que alertan los efectos irreversibles del cambio climático. Desde hace unos cuantos meses, las llamadas de atención más evidentes han sido los incendios forestales nunca antes vistos en el mundo con los casos de California, Australia y Brasil. No obstante, Trump culpa a las políticas tardías de acción contra incendios en California y no reconoce la existencia del cambio climático; en el parlamento Australiano las discusiones sobre el cambio climático se han postergado porque líderes como McCormack consideran que dicho tema es un desvarío de la ciudadanía; y, desde su llegada a la presidencia, Bolsonaro ha desmantelado una gran cantidad de políticas ambientales.
El problema no sólo radica en que estos políticos tomen puestos de alta importancia en sus países, sino que los ciudadanos estaban conscientes de que dichos personajes eran adversos al reconocimiento del cambio climático y, aún así, votaron por ellos. Desde sus campañas Trump y Bolsonaro amenazaban con salirse del acuerdo de París y proponían relajar las leyes y políticas sobre el cuidado del medio ambiente. Por consiguiente, en regímenes democráticos como el de Estados Unidos y Brasil, los votantes deben considerar seriamente las propuestas que ofrecen los candidatos con respecto a la protección del medio ambiente para decidir a quién le confiarán el futuro de sus países.
Ahora bien, considerando que estos líderes políticos aún estarán en el poder por un buen tiempo, varios de nosotros nos preguntamos ¿qué podríamos hacer para evitar que la situación empeore?. Primero, nuestra mejor aliada siempre será la ciencia, pues con ella se puede evidenciar que el cambio climático existe y, sobre todo, se pueden medir los costos de no actuar oportunamente frente al cambio climático. Dado que los mandatarios que se consideran en este artículo se han mostrado reacios en el reconocimiento de este fenómeno, es importante hablar de éste desde otra perspectiva: los beneficios y ventanas de oportunidad que tienen las economías sostenibles. Si a Trump y Bolsonaro se les argumenta que las economías sostenibles y las políticas a favor del medio ambiente podrán evitar costes por más de 400,000 millones de dólares, además de que promoverán el crecimiento económico, es posible que estos mandatarios tomen cartas en el asunto.
En segundo lugar, la evidencia científica existe, pero las ideologías y luchas partidarias persisten. Algunas de ellas apoyan programas para enfrentar las condiciones medioambientales contemporáneas, pero otras no. Es por ello que la gestión de políticas públicas que promuevan un medio ambiente sostenible no debe de depender de los ciclos políticos, ni de las ideologías de los diferentes líderes políticos que se alternan el poder cada cuatro o seis años. Por tanto, será conveniente considerar organismos autónomos que diseñen, implementen y evalúen políticas medioambientales de largo plazo, en donde los funcionarios que estén a cargo de dicha organización permanezcan más tiempo que el periodo ordinario del presidente y su rotación sea escalonada (algo similar a lo que sucede con los ministros de la SCJN en México), con el objetivo de que sus labores no se vean afectadas por la política del país y realmente se pueda trabajar en un futuro próspero y sostenible.
Una nueva década está por comenzar, por lo tanto, será necesario iniciarla con una renovación democrática en favor del medio ambiente que promueva el bienestar común y la sostenibilidad global. Dicha renovación no partirá de los mandatarios actuales, sino de la unión ciudadana con la ciencia y la tecnología, es decir, de nosotros como seres críticos y conscientes de nuestro entorno. La democracia va más allá de las elecciones, de intereses mayoritarios sesgados por ideologías, y de políticas que solucionen efectos y no causas. La democracia debe garantizar la voz de los ciudadanos durante todo el ciclo político, promover el bienestar integral de todos y desarrollar políticas que salvaguarden el futuro y la sostenibilidad medioambiental.
