En la discusión del presupuesto del año 2020, ha surgido la posibilidad de aumento al presupuesto de los Poderes Legislativo y Judicial Federales, así como recursos en materia de Seguridad Nacional, pero para los estados sólo se contemplaría el porcentaje relativo al aumento de la inflación en áreas de seguridad y justicia.
Esto influye en la consolidación del sistema de justicia penal en México que aún no ha podido lograrse por múltiples factores. El cambio no llegará simplemente con creación de normas, sino que es indispensable la infraestructura, equipamiento, reestructuraciones administrativas, capacitación, remuneraciones, y un trabajo fuerte de difusión y concientización desde áreas públicas y privadas, para que se comprenda que el nuevo esquema permite un control público de las resoluciones, y ayuda a verificar si las instituciones cumplen efectivamente con sus actividades, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas.
Entre varias cuestiones que deben tomarse en cuenta para la consolidación, encontramos que en las Fiscalías de los Estados, deben fortalecerse las unidades de atención temprana para la recepción de los afectados, y sobre todo las áreas de de salidas alternas para la solución efectiva del conflicto; también las instancias de investigación y procesamiento para lograr la adecuada procuración de justicia; de capacitación para actualización constante; de atención a la ciudadanía y medios de comunicación, para la vinculación social; tomando en consideración que se convierte en un sujeto procesal con igualdad frente a otros intervinientes.
Algunas defensorías públicas del país siguen sin ser atendidas, ya que deben contar con unidades de capacitación, investigación, evaluación de casos y vinculación social; la igualación de salarios con los Fiscales del Ministerio Público, y un servicio profesional de carrera, para lograr un mayor nivel de profesionalización, de confianza y seguridad. Además de contar con unidades especializadas de auxiliares jurídicos y en investigación; y finalmente regular claramente la figura de contratación de defensa privada a cargo del Estado, en casos de imposibilidad material o de un alto perfil de especialización.
En los Poderes Judiciales siguen necesitándose mayor cantidad de jueces, así como administradores de tribunales y auxiliares, para el apoyo de labores no jurisdiccionales en la gestión administrativa (coordinación con los jueces, seguimiento de causas, salas de audiencia, agenda judicial, apoyo informático y tecnológico, gestión de recursos, etc.), junto con la policía procesal, que realiza actividades de cumplimiento de mandatos, vigilancia y seguridad de los tribunales.
También son necesarias Comisiones Estatales de Víctimas que, además de ser un mandato Constitucional y Legal para todos los Estados, apoyarán en el aseguramiento de los derechos de los afectados, con recursos para lograr su efectividad, y la asesoría en la defensa de sus intereses, en las mismas condiciones materiales, salariales y humanas que las defensorías públicas consolidadas.
Las Instituciones de Seguridad Pública deben contar con policías de proximidad, las unidades encargadas de responder y asegura dato de prueba y lugar de los hechos en caso urgente, así como el establecimiento de la policía procesal auxiliar de juzgadores, y una fortalecida autoridad encargada del seguimiento y vigilancia de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, en cumplimiento de las determinaciones de los jueces.
El sistema de justicia penal es más que una modificación normativa: se trata de una conversión de las personas al tomar conciencia de que el viejo modelo de reacción penal genera desconfianza en la población; de ahí que, lo más importante será el modificar estereotipos o paradigmas no protectores de derechos humanos, cambiar la cultura del castigo y sustituirla por una cultura jurídica de solución pacífica del conflictos. Para ello, entre otras cosas son necesarios los recursos económicos, pero si éstos llegan a disminuirse, se tiene que lograr todo, el mismo estándar de calidad, con lo mismo o hasta menos; pues los derechos humanos y fundamentales, no están sujetos a cálculos políticos o falta de presupuestos.
En palabras de Paulo Freire: “la realidad no es así, la realidad está así; y está así, no porque ella quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma: ésta realidad está así porque estando así sirve a determinados fines. Nuestra lucha es por cambiar ésta realidad y no acomodarnos a ella”…
