Estamos a cuatro días de que el gobierno del presidente López llegue a los once meses de su gestión. Ciertamente han sido meses agitados y marcados todos por el particular estilo del presidente López. Por supuesto, era de esperarse que los cambios en las formas de conducir los destinos del país se sucedieran al ritmo y modo en que se dieron durante este tiempo. La realidad política, económica, social, en general, institucional de México, chocaba con la idea de país que traía en su imaginario la 4aT y ahora con la posibilidad de moldear a la imagen y semejanza de esa visión que en su ideario llamaba “el cambio verdadero”.
A principio de año, un buen amigo, al comentar los sucesos de la famosa lucha contra el huachicoleo del mes de febrero aquí en Aguascalientes, decía que lo que estaba sucediendo era algo previsible, que el presidente López debía dar una patada al status quo de la normalidad vigente si esperaba cambiar en algo el país. No pude menos que estar de acuerdo con él, sin embargo, completé su observación, al señalar que, efectivamente, era importante dar esa patada y tumbar lo que se consideraba pernicioso, dañino para el país, para los mexicanos, pero que resultaba imprescindible, que cada acción de demolición de algo que cumplía una función social, económica o política, debía existir una alternativa que sustituyera o remplazara lo derruido, so riesgo de abrir un hueco en la prestación de un servicio o la proporción de un bien necesario para la vida de los mexicanos.
Una de las banderas más llamativas y arrasadoras del candidato López, fue la lucha contra la corrupción que anida(ba) desde las entrañas de las instituciones del Estado mexicano. El candidato López entendió el sentir de la ciudadanía y su indignación ante ese robo “oficial” de los recursos públicos por parte de los políticos del sistema, que habían perdido de plano el estilo y se volvieron más descarados. Este combate a la corrupción desde la Cuarta Transformación, llevó a las nuevas autoridades federales a asumir decisiones graves, como la identificación de los responsables externos que se habían prestado a esa práctica nefasta de la corrupción. Los grandes distribuidores farmacéuticos y materiales de curación para hospitales y centros de salud, las constructoras capaces de realizar las obras de infraestructura carretera, los laboratorios gigantes que producían y proveían de plaguicidas, incluso las petroleras que surtían de los combustibles necesarios para mantener en funcionamiento la planta productiva y el transporte nacionales, entre otros responsables. Así como el desmantelamiento del monopolio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por considerarlo estrictamente corrupto como interlocutor del Estado en el tema educativo.
Junto a la bandera de la lucha contra la corrupción, el candidato López subrayó el enorme dispendio que, en su opinión y visión, se daba al interior del aparato de gobierno, salarios estratosféricos, prestaciones excesivas, lujos innecesarios con los que funcionaba la administración pública mexicana. A estos excesos, se le confrontó con la denominada “austeridad republicana”, y, entre otras medidas, se impuso un tope a los sueldos de los servidores públicos, mismos que no podían ser superiores al percibido por el presidente de la República, que sería para el 2019, de 108 mil pesos. Se quitarían la prestación de los gastos médicos mayores, la asignación de autos de lujo; los viajes de trabajo en primera clase, etcétera. El nuevo gobierno puso a “la venta” el avión presidencial, a pesar de no ser realmente el propietario de la aeronave. A la vuelta de estos casi once meses de gobierno, las acciones combinadas de la lucha contra la corrupción y la puesta en marcha de la “austeridad republicana”, como una impulsiva estrategia de transformación, pusieron al país en una situación grave de desabasto de medicamentos y materiales de curación en el sistema nacional de salud, acabando por encarecer la adquisición de los mismos. El desabasto de las gasolinas a nivel nacional, impactó de manera grave en la vida económica de una buena parte de los mexicanos.
Ciertamente, la 4aT no sólo arribó a la titularidad del Poder Ejecutivo nacional, sino que además logró la mayoría en el Poder Legislativo federal y en al menos 17 estados de la República, por lo que transformar el marco normativo que le diera la plataforma “legal” a sus iniciativas de cambio, no tendría problemas. Así, en la lógica descrita, se ha aplicado una estrategia para desmantelar una serie de instituciones que acotaban el poder presidencial al regular los alcances y formas de las decisiones presidenciales. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, de Energía, de Competencia, el de Evaluación Educativa. Se impulsó la contrarreforma en la educación y el arribo de la CNTE al espacio de la toma de decisiones en el ámbito educativo y la eliminación de la evaluación a los maestros.
A manera de remate, a su llegada en diciembre de 2018 al gobierno, la 4aT debió ajustarse a un presupuesto definido con la visión y los esquemas del gobierno saliente; para el 2020, ya se construyó el presupuesto con la exclusiva perspectiva del morenismo empoderado. Así, el presupuesto para el siguiente año, y descontando los pagos obligados y de operación del gobierno federal, dejará prácticamente el 45% de los recursos, esto es, más de 402 mmdp, en las bolsas de programas federales SIN reglas de operación, vamos, a la discrecionalidad del presidente López. Sabemos además, que la propuesta del Presupuesto, hace un señalado recorte a los recursos de los Estados y Municipios, centralizando el gasto de manera significativa. Este año, el subejercicio presupuestal rondó por los 200 mmdp, por el gobierno federal, recursos no gastados (y los gastados, gastados mal), y que prácticamente tienen postrada a la economía nacional, detenida, y sin visos de un camino que conduzca a mejorar las condiciones de crecimiento económico, no digamos de desarrollo.
Ya no hablemos del tema de la inseguridad, que ha alcanzado niveles de escándalo, más de 30 mil muertes, peor que en la guerra de Siria. Y el presidente López, en su inmensa egolatría, está pensando en un cuarto (¿?) informe de gobierno para el 1º de diciembre, reiterando que vamos requetebién, y que el pueblo está feliz, feliz.