En México aparentemente el sistema de justicia penal se dirige a todos, pues las normas penales obligan a los integrantes de la sociedad, nacionales o extranjeros, a respetar ciertos derechos de los demás, así como a las autoridades encargadas de procurar, administrar y ejecutar justicia, para indicarles cómo actuar al procesar e imponer una sanción en el momento en que el individuo, en el ejercicio de su libertad, decida cometer un delito. Pero, si se dirige a todos, ¿qué es el fuero y por qué existe? La respuesta nos la da el concepto de inmunidad, que en materia penal implica una prerrogativa que sujeta el inicio del proceso penal al cumplimiento de determinadas condiciones previas. Es decir, el fuero protege la función política que desempeña determinada persona, no a la persona en sí. Mediante el fuero, determinados servidores públicos no puedan ser alcanzados por la ley penal mientras estén en servicio, por lo que debe existir un procedimiento previo para quitar esa inmunidad, y una vez logrado, responderá por los hechos en los que se involucra.
La esencia del fuero tiene origen en la división de poderes a partir de la creación de los gobiernos democráticos, como reacción en contra del poder absoluto de los gobiernos tiránicos. El fuero no pretende generar impunidad, sino una protección a la función de un servidor público, para que la pueda ejecutar sin presiones o amenazas fuera del derecho, y evitar que se lleven a cabo procedimientos arbitrarios por no cumplir con los intereses ilegítimos de otras personas o poderes.
El problema entonces no es el fuero, sino las personas que se escudan detrás de éste para cometer ilegalidades impunemente, y Orwell lo explica magistralmente en su novela Rebelión en la granja (Animal Farm, 1945), representando lo que siguió después de la Revolución francesa: cuando los puerquitos se independizan y liberan a los demás animales de los humanos, crean 7 reglas de igualdad y libertad: Todo lo que camina en dos pies es un enemigo; Todo lo que camina en cuatro patas o tiene alas, es amigo; Ningún animal usará ropa; Ningún animal dormirá en cama; Ningún animal tomará alcohol; Ningún animal matará a otro animal; Todos los animales son iguales. Avanzando la historia, los puerquitos comienzan a gobernar, y mientras más se van adentrando al poder, más se corrompen y, aprovechándose de la ignorancia de los demás, varían esas reglas a su antojo: Ningún animal dormirá en cama… con sábanas; Ningún animal tomará alcohol… en exceso; Ningún animal matará a otro animal… sin motivo. Entre más poder se le daba al poder, más iban variando las reglas, aprovechando que los animales no sabían leer. Cuando los puerquitos aprenden a caminar en dos patas y a usar ropa, desaparecen las dos primeras reglas. Finalmente, al desarrollar sus relaciones comerciales y laborales con los humanos, sólo queda una regla: Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Esto es el mal uso del fuero.
En la actualidad, si un funcionario público con “fuero” comete un hecho delictivo, no se puede iniciar un proceso penal en su contra, hasta que se inicie un procedimiento de desafuero en el cual, una vez que sea escuchado el funcionario y se exhiban pruebas, se decidirá si se le retira. En caso de que esto proceda, la persona podrá ser presentada ante un Juez e iniciará el proceso penal, con la posibilidad de imponerle medidas restrictivas de derechos. Si se decide no quitar el fuero, una vez que concluya su cargo podrá ser procesado por el hecho realizado con anterioridad. Es decir, legalmente un funcionario puede ser detenido al momento de cometer el hecho delictivo (eso no está prohibido por la ley, sino que cualquier persona puede detener a otra cuando esté cometiendo un hecho punible, lo prohibido es presentarlo ante un Juez o iniciarle un proceso penal); luego, comprobándose que tenga fuero, se le deja en libertad pero la investigación sigue, y una vez que se tengan datos que evidencien el hecho punible, se solicita el desafuero, y con esos elementos resuelve la autoridad correspondiente.
El debate que estamos escuchando es si debe o no mantenerse la figura del fuero. Y sobre ello, México tiene un sistema democrático en teoría, pero presidencialista en la realidad, con el que se protege más a la figura del ejecutivo y el legislativo, que a los demás poderes constitucionales a ejercer sus funciones, por lo que por lo menos debe mantenerse el fuero para las funciones públicas de alto nivel encargadas de garantizar y proteger los derechos de las personas, concretamente en el Poder Judicial los Magistrados y los Jueces (además ya lo dijo la Suprema Corte) y los organismos constitucionales autónomos como las Comisiones de Derechos Humanos, las Fiscalías Generales y los Institutos Electorales, pues justo el fuero existe para evitar que los otros poderes del Estado ejercieran presión con aquellos tribunales u organismos constitucionales que están por encima de las autoridades y los ciudadanos para proteger del autoritarismo y la ilegalidad. Basta recordar el ejemplo del caso Ruby Freire en Chihuahua, donde tres jueces fueron perseguidos por cumplir con su función de juzgadores, a pesar de que contaban con fuero, ¿qué podemos esperar si los Ministros, Magistrados, Jueces y titulares de organismos autónomos no tienen un mecanismo de protección cuando cumplan con sus funciones, que en ocasiones no son del gusto de los demás poderes del Estado? Todo el Derecho internacional de los Derechos Humanos obliga a que los Estados tengan tribunales y organismos protectores de derechos humanos independientes y autónomos, y con las garantías necesarias para cumplir con sus funciones sin presiones, por lo que si quedaran sin fuero, habría un conflicto con el derecho internacional.
Aclaro, no he dicho que esté de acuerdo en que se mantenga el fuero para que ciertas personas actúen en la ilegalidad y con impunidad, y mucho menos en que se detenga a un funcionario durante el proceso o que se le castigue con prisión inmediata; lo que quiero resaltar es que si bien la figura del fuero ha sido utilizada para evidenciar aún más la desigualdad frente al ciudadano común que no es funcionario con inmunidad, el cual es procesado de inmediato, e inclusive en algunos casos queda privado de su libertad, también lo es que si se elimina el fuero para la Judicatura y organismos autónomos, se pone en riesgo la protección y garantía de efectividad de los derechos humanos, al permitir que presiones diversas a lo jurídico puedan influir en las decisiones de las autoridades que deben protegerlos.
