Latinoamérica ha sido catalogada durante los últimos dos años, a partir de distintos estudios, como la región donde se registran las mayores tasas de criminalidad y violencia y se concentran las ciudades “más peligrosas” del mundo. Dentro de las investigaciones que dan cuenta de ello se destacan los estudios de la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito -Undoc- (2019), el Banco Mundial (2018), la Organización Mundial de la Salud- OMS- (2018) y de el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. Esta última es una ONG mexicana que desarrolló el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, donde se ubican 42 latinoamericanas.
A partir de estas fuentes, especialmente de los resultados del Estudio Mundial sobre el Homicidio 2019 de Undoc y del Informe 2018 del Iragrape Institute, se determinó: 1) que la tasa de homicidios de esta región (21.5 por cada 100.000 personas) es tres veces superior a la tasa global (7 por cada 100 mil) (Iragape Instiute, 2018) y a lo experimentado en otras regiones del mundo[2]; y 2) existen diferencias al interior de la región en cuanto a la intensidad del fenómeno y los factores con los que se asocia, siendo un elemento común la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado.
En este escenario la subregión de Centroamérica es una de las más golpeadas, con una tasa de homicidios de 62.1, al tiempo que se han reportado 15 ciudades mexicanas, 14 brasileñas, 6 venezolanas y 2 Colombianas dentro del mencionado ranking de peligrosidad; situación que debe ser leída en el marco de las actuales y complejas dinámicas migratorias que se experimentan en nuestro continente y que lleva a plantear varios cuestionamientos sobre la naturaleza misma de la violencia y los factores con los que se asocia y frente a los impactos que tiene este fenómeno para las ciudades.
Entre las preguntas que genera esta preocupante situación se encuentran: ¿qué factores propician que en unas ciudades se tiendan a concentrar más hechos delictivos y situaciones de vulneración de la integridad de sus habitantes frente a otras?, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre violencia y pobreza?, ¿qué responsabilidad tienen las ciudades en la propagación de dinámicas delictivas y las tensiones que se transforman en confrontaciones armadas?, ¿cuál debe ser el rol de las ciudades en la prevención y la atención de las situaciones de violencia que enfrentamos en la región? y ¿cómo las ciudades pueden aportar a la reparación de las víctimas de quienes han sufrido los impactos de la violencia?
Como punto de partida para esta reflexión se invita a considerar a las ciudades no sólo como el lugar de ocurrencia de situaciones violentas sino verlas simultáneamente como un objeto de disputa y como un actor clave en la generación de condiciones para el mantenimiento de la convivencia y el trámite de los conflictos sociales a través de mecanismos alternativos al uso de la fuerza física; teniendo en cuenta que las mismas son la expresión de un orden social y los puntos de comando de decisiones políticas que inciden sobre la ocupación, uso y manejo de los territorios de los que depende para su sostenimiento.
En las ciudades se ubican los centros de poder donde se deciden las políticas públicas que afectan el desenvolvimiento de las dinámicas de las zonas rurales que les proveen alimentos y servicios ambientales, se ubiquen estas o no al interior del mismo país al que pertenecen, y donde se definen intervenciones de política social para asegurar el bienestar y convivencia de las comunidades.
Por tanto, los fallos, los aciertos y las repercusiones de las decisiones que se estructuran en las ciudades, sean estas dirigidas para otros habitantes, otras ciudades y otras regiones del mismo país y/o del mundo, influyen en las propias ciudades en las que se gestaron y se comandaron. Una muestra de ello, es el impacto de las políticas económica y desarrollo de la región, que ante sus efectos negativos han estimulado la migración primero rural urbana y luego la migración internacional, ante la concentración de bienes y servicios, incluida la seguridad ciudadana, en determinados centros urbanos.
Asimismo, las falencias de las políticas urbanas y de los esquemas de gobierno urbano son a su vez uno de los factores que explican las dinámicas de conflicto que degeneran en agresiones, vulneración de derechos y la ocurrencia de delitos que generan espirales de violencia física y simbólica. Es necesario recordar que la violencia no es sólo un daño físico a la integridad de las personas, sino que tiene un componente psicológico que afecta tanto a quien la padece como al que la perpetra y a las comunidades donde se presenta. Por tanto, el que los esquemas de gobierno de las ciudades no permitan la expresión de la diversidad sociocultural que le es propia y no den garantías para el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales de quienes las habitan, incluida la correcta sanción a quienes afecten el orden social, da cabida a la violencia como recurso por parte de quienes no se sienten incorporados a esta comunidad política.
La indiferencia de las autoridades de las ciudades frente a los fenómenos que afectan a sus ciudadanos es también un factor de violencia que, si bien no es como tal un hecho delictivo, incide en que las comunidades disminuyan su confianza en la institucionalidad y tomen alternativas de acción que pueden alterar la convivencia, ante su sensación de desprotección o “inseguridad” por la no acción de quienes están llamados a proteger y garantizar unos mínimos. Estas salidas que en algunos casos han llevado a la conformación de grupos de autodefensa y a la “justicia por las propias manos”, refuerzan las situaciones de violencia y la percepción de inseguridad minando las condiciones para el sostenimiento de un tejido social fortalecido y con un proyecto de ciudad a futuro.
Como ciudadanos debemos pensar cómo fortalecer las dinámicas de gobierno urbano para garantizar los elementos mínimos de convivencia, ya que la violencia va más allá de las dinámicas del crimen organizado y de la violencia económica; esta se refuerza en imaginarios y prácticas culturales que deben ser revisadas y desmanteladas.
Además, es importante revisar el tratamiento de los problemas de la inseguridad urbana en el contexto latinoamericano, no solamente como delitos en sí mismos, sino que tienen que ser atendidos desde una perspectiva amplia, considerando su relación con otros factores estructurales, desde una perspectiva de prevención y protección. Un camino hacia ello es considerar y rescatar el potencial que tienen la educación, la cultura y la recreación como alternativas para reconstruir la confianza entre vecinos y para fomentar nuevas prácticas que nos hagan más proclives al respeto y valoración de la condición humana y a tramitar de otra manera los conflictos sociales.
Es hora de visibilizar y retomar los aprendizajes de iniciativas comunitarias y de programas públicos que de manera anónima han transitado hacia ese sentido, como las experiencias de apoyo al arte urbano y de mejoramiento participativo de espacios públicos, entre otras, ya que de estos ejercicios pueden identificarse alternativas para consolidar a las ciudades como escenarios de reconstrucción del tejido social que desafortunadamente se ha resquebrajado en la región. Si bien, esto por sí solo no es suficiente, es un primer paso para repensarnos y hacer de las ciudades un espacio más incluyente como alternativa para hacerle frente a la violencia.
[1] Doctora en Estudios Urbanos por el Colegio de México.
[2] Es importante aclarar que para esta última fuente la tasa de homicidios en 2017 en Latinoamérica fue de 17,2, superando en 5 puntos a la registrada en África (13) y en más de 15 a la identificada para Asia (2,3) y Europa (3,0).
