- De no atender el Congreso al criterio de la Corte, expulsará del ordenamiento jurídico la prohibición del uso de la marihuana
- Jueces requieren de un entrenamiento para procesar evidencia científica
Las principales implicaciones de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al amparo interpuesto para el uso medicinal de la marihuana y por el cual ordenó el miércoles 14 de agosto su reglamentación, es que fumar esta sustancia está amparado por un derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, por lo que se examinó la prohibición que al respecto existe en la Ley General de Salud y determinó que es inconstitucional al afectar desproporcionadamente este derecho, explicó el director general de Derechos Humanos en la SCJN, Arturo Bárcena Zubieta.
El criterio fue reiterado en cinco asuntos por lo que actualmente está vigente una jurisprudencia obligatoria para todos los jueces que señala que el uso lúdico de la marihuana está amparado por el libre desarrollo de la personalidad, así como el hecho de que las normas que la prohíben son inconstitucionales, por lo que se debe atender a ello ante cualquier amparo que se presente por parte de un consumidor en tanto no se lleve a cabo la reforma legislativa conducente.
“Los jueces requieren un entrenamiento para poder procesar evidencia científica cuando se discuten temas tan complejos como los daños que causan las drogas en la salud de las personas; primero, esos temas pasan por el análisis de evidencia científica y eso hace que tengan que tener un entrenamiento que les permita entender lo que establece la evidencia científica porque a partir de eso van a decidir”, indicó Bárcena Zubieta.
Subrayó que en el caso de la marihuana ha sido suficiente el consenso, pues no hay desacuerdos respecto de los daños que causa la sustancia, quien debe regular su consumo lo debe conocer, pero reconoció que no hay acuerdos del cómo debería ser esa regulación; se cuenta con evidencia para que puedan tomar la mejor decisión y sienten las bases para la reforma constitucional.
El director de Derechos Humanos en la SCJN dijo que además de la evidencia, hay varias sentencias de amparo, cinco por lo menos en los que la jurisprudencia deja en claro que hay la obligación de todos los jueces de la república federales y locales de aplicar el criterio de la Suprema Corte; apuntó que las autoridades administrativas, como es el caso de la fiscalías, técnicamente no están obligadas a ello, pero consideró que deberían atender a este criterio o perderán los casos ante los jueces.
Por ello, reiteró que se espera que el Congreso de la Unión legisle sobre la materia al contar con jurisprudencia en al menos cinco casos; la Corte inició con un procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad bajo el cual los legisladores tienen la posibilidad de modificar la ley antes de que la Corte expulse del ordenamiento jurídico esas normas; tienen 180 días de plazo. “No querría entrar a evaluar esa probabilidad de que no lo hiciera, creo que el Congreso ha sido muy responsable en casos similares donde se le ha llamado a regular un tema y yo confío en el que esto ocurrirá también aquí”, indicó Bárcena Zubieta.
