No es de nadie desconocido que desde semanas atrás, se ha discutido la posibilidad de una reforma electoral de gran calado, las distintas voces apuntaban desde el rediseño del actual modelo de autoridades electorales, hasta la reducción del financiamiento público que anualmente se destina para el sostenimiento y operatividad de los partidos políticos en nuestro país.
Y así es que el pasado 5 de marzo, se presentó formalmente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una propuesta de reforma para reducir el 50% el financiamiento a los partidos políticos, lo que permitiría que en lugar de multiplicar el padrón electoral al mes de julio de cada año por el 65% del valor de la UMA (Unidad de Medida de Actualización), ahora se multiplicaría por el 32.5%, lo cual leyéndolo a lo lejos pudiera parecer una medida adecuada al contexto económico que impera, sin embargo, leyéndolo de cerca y con detenimiento, bien vale la pena realizar algunos apuntes antes de decantarse por su aprobación o no.
En primer término, debemos de considerar que los partidos políticos son indispensables para el desarrollo y crecimiento de nuestra democracia, dicho en palabras más sencillas, sin partidos no hay democracia, por lo que no resulta ser una buena idea el debilitarlos. Una vez convencidos de la pertinencia de los partidos políticos en nuestra democracia, la siguiente cuestión a dilucidar sería de donde queremos que se financien los partidos políticos, ¿cuál debe ser la fuente principal de sus recursos?
El actual modelo de financiamiento público tiene su origen de la reforma electoral de 1996, en aquellas fechas, se buscaba fortalecer nuestro sistema democrático, dejar atrás las contiendas electorales inequitativas, en las que las reglas del juego eran claramente favorables para una opción política en el poder, dejando poco o nulo espacio de maniobra a otras fuerzas políticas para competir en condiciones de mediana equidad en una elección, razón por la cual, presionados por el contexto social, se generó la regulación que garantizaba a todos los partidos políticos el acceso a financiamiento público, con ello se privilegió el fortalecimiento de las minorías, el pluripartidismo y por ende, contiendas electorales más equitativas. Además de lo anterior, se estableció la premisa de privilegiar el financiamiento público sobre el privado, con ello se ganó el generar condiciones de transparencia en el gasto partidista, pero también se cerró la puerta a que interés económicos se apoderaran de la vida interna y tomas de decisiones dentro de los partidos políticos, así como la indeseable presencia de recursos de procedencia ilícita financiando actividades partidistas.
Si bien es cierto que nuestro sistema electoral es perfectible, por lo que sería bienvenido un análisis y reflexión respecto a los montos que actualmente reciben los partidos políticos, no menos cierto es que el privilegiar el financiamiento público del privado, ofrece de manera clara ciertas ventajas que no debemos pasar por alto al momento de proponer una reducción, como lo es la transparencia, el otorgar recursos públicos a los partidos políticos, fortalece el escrutinio ciudadano, todos podemos saber cuándo y cuánto reciben los partidos políticos, de tal manera que podemos tener mayores garantías para rastrear o fiscalizar el uso y destino que les hayan dado, caso contrario, al reducir el financiamiento público, pudiera abrir la puerta a que cada instituto político busque y encuentre formas alternas de financiar sus actividades, cuyo origen estaremos impedidos de conocer de primera mano.
En el caso de Aguascalientes, tal y como les conté en colaboraciones anteriores, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en su última sesión, aprobó el acuerdo que determina la cantidad de 54’587,069.89 pesos como financiamiento público para los partidos políticos (tanto nacionales como locales) para el ejercicio fiscal 2020, el mismo ya fue enviado al titular del Ejecutivo Estatal para su inclusión en el paquete económico que próximamente presentará el H. Congreso del Estado para su discusión, análisis y por supuesto aprobación.
Dicha cantidad resulta de aplicar la fórmula actual de financiamiento público a partidos políticos, que consiste en multiplicar el 65% de la UMA por el corte del padrón electoral en Aguascalientes al mes de julio, dando como resultado la cantidad referida en el párrafo anterior y no será sino hasta que se aprobado por el Congreso del Estado que el próximo mes de enero del 2020, el Consejo General del IEE distribuya entre las fuerzas políticas acreditadas en nuestro estado, y justo en ese punto central es donde se han recibido las mayores críticas y señalamientos por el elevado costo que pudiera parecer que sufre el erario a causa del sostenimiento de los partidos políticos en nuestro estado.
En conclusión, siempre vendrá bien cualquier ejercicio de reflexión en cualquier rubro de la materia electoral, incluido por supuesto el monto y la manera de distribución de los recursos públicos entre los partidos políticos, lo que no se puede permitir es acceder a una modificación al esquema basados solamente en el criterio de austeridad, como reza el dicho, lo barato sale caro, mismo que bien pudiera aplicar en el caso antes expuesto.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
