- Pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción en contra no fueron suficientes para vincularlo a proceso
- Chávez Rangel sostuvo que no hay en su contra investigaciones por delitos de desvío de recursos
Este martes, en punto de las 9:00 horas, se reanudó la audiencia inicial que el 11 de septiembre inició para judicializar la investigación que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción lleva a cabo para esclarecer supuestos delitos de corrupción cometidos en el Instituto de Educación del estado durante el sexenio anterior, entre los que se señala al extitular de la instancia, Francisco Chávez Rangel.
El exfuncionario llegó puntual a la cita, en una audiencia que duró poco más de dos horas en el Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal se presentaron las pruebas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que previo a la suspensión temporal de la audiencia el pasado miércoles, había solicitado la vinculación a proceso del también excandidato a la alcaldía capitalina por el Partido Revolucionario Institucional, imputado en ese momento por ejercicio indebido del servicio público.
El juez Jesús Eduardo Méndez Martínez atendió a las pruebas y argumentos presentados por ambas partes y resolvió improcedente la solicitud de la fiscalía especializada, esto por considerar insuficientes las pruebas en las que se sostiene la acusación en contra de Chávez Rangel por la presunta contratación simulada del despacho de abogados de Juan Collado Mocelo, que implicó la erogación de más de siete millones de pesos, ya que no se puede comprobar que los servicios de defensoría legal no se prestaron y que el extitular del IEA tenía conocimiento de esto, que es de lo que se le acusa.
En entrevista con Francisco Chávez al término de la audiencia, beneficiado por esta resolución, destacó que hay confianza en las instituciones, pero reconoció que el proceso no concluye por lo que estará a la espera de las determinaciones que considere el Ministerio Público en materia del combate a la corrupción, para seguir investigando el caso y por su parte harán lo conducente para hacerse con las pruebas necesarias que le permitan seguir con su defensa.
“Estaremos aquí dando la cara como lo hemos hecho, atentos (…), hicimos lo propio, yo siento que aquí de alguna manera prevaleció el principio de, quisiera decirles tantas cosas, lo único es que aquí vamos a estar presentes, esto no termina aquí, el Ministerio Público tiene la posibilidad de seguir investigando y ojalá que lo haga, es importantísimo que se aclaren todos y cada uno de los temas que pudieran estar en tela de duda”, subrayó Chávez Rangel.
Evidentemente congratulado por los resultados de este primer proceso jurídico, enfatizó que de alguna manera la ley lo asiste con el auto de no vinculación dictado por el juez de Control y Oralidad, en este caso de ejercicio indebido del servicio público, ya que prácticamente se cierra el proceso; aseguró que se mostraron los elementos suficientes para que la autoridad competente pudiera determinarlo de esta forma: “Muy respetable el actuar del Ministerio Público y por supuesto de la autoridad judicial”.
El extitular del IEA dijo que no considera este juicio como una persecución política hacia su persona, sino que se está llevando a cabo un proceso que deben cumplir las instituciones en materia ante la necesidad de esclarecer todos los contratos y la operación fiscal en general en los organismos públicos: “Lo que sí les puedo decir es que los últimos días de alguna manera han sido días de mucha presión, pero hoy prevaleció la justicia y ahí está”.
Sobre las otras carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Anticorrupción en las que se le involucra, el exfuncionario señaló que el asunto es el mismo; de origen inició por el contrato que se signó con la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen (Unacar) y con otros proveedores para adquirir equipo de cómputo y tecnología para el Programa Habilidades Digitales para Todos, por el que se reclamaba el reintegro de más de 283 millones de pesos ante la falta de estos implementos, y que derivó en la contratación de los servicios de Juan Collado para la defensa del IEA en este caso.
“Al menos otras dos son por lo mismo, por la contratación de servicios jurídicos externos y, bueno, la otra ya ustedes la conocen, que tiene que ver con la regularización de las plazas de los maestros de inglés y creo que esas son; estaremos atendiendo cada una de ellas, afortunadamente ninguno de estos expedientes tiene que ver con delitos de orden patrimonial, no tiene nada que ver con desvío de recursos, tenía que ver con ejercicio indebido del servicio público y esto obedecía a la contratación de un despacho; nada que ver con lo que se había rumorado con respecto a desvíos millonarios de recursos”, acentuó Chávez Rangel.
