El Derecho a Saber implica no sólo informar, sino exponer el porqué, para qué y el cómo de las decisiones políticas, y, sobre todo, responder por las consecuencias que derivan de cada una de ellas
Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI
Estimados Amigos invisibles, estamos en el mes del Derecho a Saber, Usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, pero el próximo 28 de septiembre se conmemorará el Día Internacional del Derecho a Saber, es decir, el derecho de acceso a la información en las administraciones públicas, lo que permite facilitar la rendición de cuentas y la participación ciudadana. El derecho a saber implica dos premisas: la primera que la mayoría de los avances en materia de transparencia han sido de trabajo y persistencia de la ciudadanía cada vez más exigente e interesada en los asuntos públicos -aunque necesitamos más-, y que es necesario que las y los ciudadanos nos involucremos más en exigir información. El Derecho a Saber comienza por nuestro deber de preguntar tanto a las instituciones como a las y los servidores públicos. Y la segunda, el cual falta mucho por recorrer, sobre todo, desterrar la opacidad de la información en las instituciones públicas.
Es fundamental que en una democracia las personas puedan acceder a una amplia gama de información y, con ello, participar de una manera real y efectiva en los asuntos públicos que le competen y les afectan. Todas las instituciones públicas manejan un sinfín de información, misma que pertenece al público, motivo por el cual, todos nosotros tengamos derecho a esa información, por la simple razón de ser Pública.
Toda institución tiene dos obligaciones: la primera, publicar y difundir información sobre el ejercicio del presupuesto y las actividades que están realizando las instituciones públicas; y la segunda, tienen la obligación de recibir y responder solicitudes de información que el público pueda presentar ante una institución, y no sólo de responder por hacerlo, sino el público pueda ver los documentos de la información que está solicitando. Recordemos que el Acceso a la Información es un derecho fundamental plasmado en el artículo 6° Constitucional y que lo podemos dividir en dos partes: Activa, la cual se puede considerar como una obligación positiva de las instituciones para proporcionar, publicar y difundir información sobre sus principales actividades, presupuesto y políticas de manera que la ciudadanía pueda saber en qué se empleando los recursos públicos por un lado, y por otro, generar un control sobre el comportamiento de las autoridades políticas. Reactiva, es el derecho de todas las personas en solicitar información a las y los servidores públicos sobre sus actividades, con la obligación de recibir una respuesta.
Para que la ciudadanía se vuelva más activa y participe en los asuntos públicos que nos competen, es necesario estar al tanto de los sucesos políticos en nuestro país y en nuestro Estado. Como ejemplo claro del Derecho a Saber es el Primer Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, después de un sinfín de spots en los que señala que ha sido un hombre palabra por “tantos y tantos compromisos cumplidos” a nueve meses de errores y sin avance económico, financiero y diplomático, -por mencionar algunos temas- por un lado; pero con auge enorme en lo social -por tanto, apoyo que ha dado, sin especificar de qué partida presupuestal se destina- y en inseguridad nacional -por mencionar otros-.
Por cierto, es la primera ocasión que no fue televisado. El primer acto, fue el mensaje del Presidente -por la mañana-, para después -por la tarde- la secretaria de Gobernación entregó el paquete del informe al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Aquí es donde la ciudadanía debe ejercer la parte Reactiva del derecho a saber, debemos preguntar cuántas, cuáles, dónde, cuándo, etcétera. Es decir, un informe va acompañado de información precisa y puntual de las actividades desarrolladas durante el ejercicio que se reporta. Le invito a que pregunte información precisa y específica a cada Secretaría, a cada dependencia, del ejercicio de los recursos.
Recuerde que la diferencia entre transparencia y acceso a la información, es que la primera cualquier sujeto obligado tiene el deber y el compromiso de cumplir con el derecho de la máxima publicidad de la información en sus portales y generar la cultura de la proactividad, en cambio; el segundo concepto es más especializado en el cual se requiere un procedimiento para solicitar información a cualquier sujeto obligado que reciba recursos públicos, llamadas “solicitudes de información”. El derecho a la información muestra siempre dos caras:
- La publicidad (o transparencia) de la información y;
- La privacidad (opacidad de la información de los particulares expresada como “confidencialidad”.
Como lo ha señalado el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford: “Los alcances del derecho a saber son muy amplios e implican una serie de condiciones materiales y tecnológicas para que las personas puedan encontrar información sobre cualquier temática en la que estén interesadas, por ejemplo: salud, trabajo, educación, justicia y medio ambiente entre otros temas. En ese sentido, todos los que pertenecemos a una institución u organismo gubernamental, y aún quienes reciben recursos del Estado, sean personas físicas o morales, tenemos un compromiso con la observancia de este derecho y estamos obligados a cumplir el contexto de sus implicaciones”.
Vendrá pues el análisis del informe y la pasarela de secretarios en el Congreso de la Unión, espero los diputados de la actual Legislatura puedan hacer preguntas precisas a los secretarios del Estado que citen a comparecer para saber el estado que guarda cada una de las carteras del Gabinete Nacional, y con ello, informen a la ciudadanía el porqué de las decisiones tomadas.
Desde mi perspectiva, es necesario generar un indicador de calidad a través de la transparencia, que funja como medio para impulsar la transformación de la sociedad en su conjunto, sobre todo en lo que toca a la relación de la población con su gobierno. Con este indicador, se buscaría reformar un sistema de incentivos en el que se desarrolla la vida pública, y atendiendo la máxima publicidad de todos los actos y decisiones del gobierno deberían contribuir a construir una ciudadanía que se interesa en la manera que sus representantes conducen el Estado, misma que exige eficiencia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos. Aunado con la demanda de la Rendición de Cuentas para que su voz sea tomada en cuenta no solo en las urnas, sino también en la solución de los problemas públicos.
Ejerza su derecho a saber a través de solicitudes de acceso a la información a todas las instituciones Nacionales o Locales, hágalo valer.
Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos.
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