Las leyes electorales consagran que los ciudadanos pueden postularse como candidatos independientes, sin embargo, en la práctica se les da un trato prácticamente igual que a los partidos políticos, y más aún, a veces se les trata de forma inequitativa al solicitar requisitos complejos, propios para instituciones con una estructura jurídica y financiera grande, justamente como los partidos políticos. Por ello no es raro que, como podemos ver en el último proceso electoral federal, los únicos candidatos independientes fueron aquellos que tenían detrás de sí infraestructura partidista o de poder gubernamental, es decir, que contaban con recursos suficientes. Sólo me propongo mencionar algunas de estas desigualdades, utilizando como ejemplo la elección al municipio de Aguascalientes de 2019.
El Código Electoral del estado establece que para lograr ser candidato independiente, es decir, sólo para competir, es necesario que el ciudadano recopile el 2.5% de la lista nominal, esto, traducido al municipio de la capital, significa 15,945 apoyos ciudadanos. Y aquí comienza el calvario, primeramente porque a los partidos para crearse, conservar su registro o incluso para acceder a cargos públicos plurinominales, se les exige, cuantitativamente, un porcentaje mucho menor que el de un ciudadano ya no para ser electo, sino sólo para ser candidato. Efectivamente, en primer lugar pensemos en los partidos de nueva creación, sólo ocupan acreditar un .26% de afiliados respecto al padrón electoral. Esto llevó a que los primeros partidos Unidos Podemos Más y Partido Libre de Aguascalientes ocuparon realizar doce asambleas y acreditar un total de apoyos ciudadanos o de militantes de 1789 y 2328, respectivamente. Es cierto, no es lo mismo militantes que apoyos ciudadanos, pero debemos matizarlo a la luz de las plataformas que se utilizan para que los ciudadanos recaben sus apoyos.
El INE exige el uso de un software en teléfonos o tabletas para que los ciudadanos aspirantes recaben sus apoyos, sin embargo tiene sus matices, primeramente la ciudadanía a la que se acercan los aspirantes no confía en entregar su credencial y sacar los datos necesarios que pide el sistema. En segundo punto, los ciudadanos aspirantes no reciben dinero público en esta etapa que podríamos considerar de precampaña, mientras que los partidos sí cuentan con ello. La asimetría es mayor si pensamos que para subir los apoyos a la plataforma del INE, el tiempo es de aproximadamente cinco minutos por persona, si a ello sumamos el tiempo necesario para convencerla y explicarle que es un ciudadano que busca ser candidato independiente (20 minutos o más en el convencimiento y la presentación de propuestas e ideas) estamos hablando que por hora se pueden recabar entre dos y tres firmas. Demos por sentado que sólo usamos los cinco minutos que se necesitan en la plataforma, tenemos 1,329 horas de trabajo, es decir, es más complejo obtener los apoyos ciudadanos que, por ejemplo, llevar a cabo doce asambleas con aproximadamente 2000 militantes, para crear un partido político local.
Robustece esta inequidad el hecho de que para conservar su registro o para acceder a cargos de elección popular por la vía plurinominal (en este caso de ayuntamientos) los partidos políticos, tanto locales como nacionales, sólo tienen que acreditar respectivamente el 3% y el 2.5%, pero no del padrón electoral total (como el caso de los candidatos independientes), sino de la votación válida emitida. Pasemos a los números fríos de la pasada elección, la votación válida en el municipio de Aguascalientes fue de 210,350 votos, así para lograr una plurinominal sólo se necesitaron 5,258 y para conservar el registro 10,846 (tomando el sufragio en todo el estado). Es paradójico que a quienes quisieron participar como candidatos independientes, sólo para lograr ser candidatos se les exigieron 15,945 apoyos, mientras que al partido local: 1789 apoyos o militantes para ser partido; 5,258 votos para otorgarle un regidor plurinominal; y para mantenerse como partido con prerrogativas, 10,846. Aunque pareciera que no es lo mismo, tomando en cuenta que el verdadero ciudadano no cuenta con recursos económicos, es clara la inequidad que estamos argumentando, lo grave de esto es que, de continuar así las cosas, se desincentivará la participación de verdaderos ciudadanos independientes, y la figura terminará siendo usada por tránsfugas.
