- PRI equipara promoción de valores sociales de Martín Orozco con cartilla moral de López Obrador
- PAN argumenta que la construcción de políticas públicas debe atender siempre a una óptica familiar
- Morena considera que la constitución de un Órgano Colegiado Estratégico duplica las facultades y funciones del DIF
Los derechos de las mujeres no pueden estar sujetos a la voluntad de los gobernantes en turno, no se trata de dar y quitar y no se puede jugar con ello, condenó la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elsa Amabel Landín Olivares; en referencia a la propuesta turnada por el gobernador Martín Orozco Sandoval, para que se consolide un Órgano Colegiado Estratégico que implemente políticas de asistencia social en favor de la familia, dijo que abre la puerta para que se le otorgue la facultad de generar otras leyes bajo la postura del partido, siendo que no se trata de ello, la garantía de protección a los derechos de todos debe estar por encima.
No se busca promover el aborto
Recalcó que está claro que nadie está a favor del aborto por sí mismo, ni se busca promoverlo como un método anticonceptivo; se trabaja para que la protección de la vida de hombres y mujeres de todas las edades prevalezca, pero no por ello se puede criminalizar a quien tenga la necesidad de recurrir a la interrupción del embarazo.
“Ninguna mujer va a abortar por gusto, hay una realidad social, una realidad familiar, una realidad económica, que la lleva forzada a tomar una decisión de este tipo; ninguna mujer debería de arriesgarse, el estado debe garantizar la atención de las mujeres en aquellos casos en que marca el Código Penal que debe de abortar, y si el estado quisiera sancionar o no permitir el aborto, deberá garantizar a ese niño la posibilidad de una familia en adopción de manera inmediata, garantizarle educación, vivienda, salud y las mejores condiciones de bienestar; mientras no tengamos eso, es un tema que no debe estar a discusión”, sentenció la diputada local priista.
Subrayó que en el Código Penal del estado se establece en qué casos la interrupción del embarazo es permitida, si bien no hay retroceso en la materia, no se han logrado avances para garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo: “Modificar cualquiera de los elementos que marca el Código Penal, sería un enorme retroceso”.
No es facultad de gobiernos y legisladores dictar a familias valores a infundir
Landín Olivares recalcó que, en este tenor, no se puede discutir la pretensión de elevar a rango constitucional la obligatoriedad y la facultad del gobernador de difundir y promover valores sociales; precisó que no es tarea de los legisladores ni del estado, sino que deben ser respetados y velados en cada entorno.
Enfatizó que en contraparte hay situaciones que están rebasando las capacidades del estado y no son atendidas, como el hecho de los dos feminicidios ocurridos el pasado fin de semana y la violencia que se recrudece en contra de las mujeres, principalmente por parte de sus parejas: “Ni la Fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad, ni el Estado están haciendo nada; tenemos que discutir las más de tres mil denuncias mensuales que recibe el Centro de Atención de Violencia contra la Mujer, tenemos que discutir por qué no hay un albergue de atención a mujeres víctimas de violencia, tenemos que garantizar la atención en el sector salud y cuando tengamos todo eso garantizado y sin mover lo que marca el Código Penal, empecemos a platicar de lo otro”.
La diputada priista precisó que se debe tener especial cuidado sobre lo que están facultados para legislar, ya que no es su encomienda ni la del estado determinar en una familia, del tipo que sea, cuáles son los valores morales, los buenos y los malos, que deben asumir; es una situación que recae en cada padre, madre o tutor responsable de dicho núcleo la educación que dan a los hijos.
Landín Olivares aseguró que esta pretensión del gobernador se equipara a lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, busca hacer con su cartilla moral al contratar con recursos del Gobierno Federal a ministros evangélicos que cobran a través de la Secretaría de Bienestar como servidores de la nación: “El riesgo está en que el credo religioso de quien gobierne, en un momento dado, quiera ser impuesto a la población, que pudiese no parecer riesgoso, pero cuando esto influye en las decisiones de salud pública, en las decisiones de educación o en las del crecimiento económico de todo un país, es enormemente riesgoso; somos un estado laico y la laicidad es lo único que nos garantiza el resto a todos los credos y todas las religiones”.
Aseguran que sistema jurídico invisibiliza la figura de la familia
En contraparte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Paloma Amézquita Carreón, defendió esta iniciativa bajo el argumento de que la familia es la base fundamental de la sociedad en la que se construye la identidad de la persona, se protege su autonomía y desde donde se proyecta en el ámbito social; por lo cual, se debe reconocer esta figura dentro del sistema jurídico.
La presidente de la Comisión de la Familia aseguró que en las leyes secundarias hay una invisibilidad de este principio, al no considerarse siempre una óptica familiar para la construcción de las políticas públicas.
El dictamen turnado a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de la Familia y Derechos de la Niñez, justifica que la actual administración se encuentra comprometida con la implementación de una política social, la cual debe ser impulsada por el Gobierno del Estado, pero construida desde sus cimientos por la sociedad, encaminada al fortalecimiento de las capacidades de cada aguascalentense, en cada etapa de desarrollo, con énfasis en el cuidado del núcleo familiar.
“Es ahí donde se gestan los valores y principios de los ciudadanos, política social que se implementará a través del fortalecimiento del organismo encargado de coordinar y garantizar el pleno goce de los derechos de las familias aguascalentenses. Aún más el Plan de Desarrollo 2016-2022 señala el camino a seguir para apoyar y promover la convivencia familiar y la recuperación del tejido social, por lo que garantizar los derechos de la familia y proteger su desarrollo integral es un imperativo esencial”, acentuó Amézquita Carreón.
Pese a señalamientos en contra, la iniciativa turnada por el gobernador fue aprobada
Al respecto, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Érica Palomino Bernal, replicó que la creación del Órgano Colegiado Estratégico no tiene sentido ya que las acciones para las que estará facultado y que se buscan emprender desde esta nueva figura, ya están constituidas desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); tiene la encomienda de implementar programas y acciones en favor de la población más desprotegida y vulnerable del estado.
Con el único voto en contra de esta iniciativa, Palomino Bernal sostuvo que falta claridad de la misma; si bien dijo que concuerdan en que la familia es el núcleo principal y se deben robustecer políticas públicas para su fortalecimiento, el motor es la creación de un Órgano Colegiado Estratégico, que como lo mencionó, no tiene razón de ser.
La iniciativa turnada por el gobernador fue aprobada por 21 votos a favor, el voto en contra de Palomino Bernal y cinco abstenciones, siendo una de Mario Armando Valdez Herrera de Nueva Alianza, y los otros cuatro diputados de Morena, aunque José Manuel González Mota la aprobó en lo general.
