- La presidente de la Comisión de Igualdad y Equidad argumenta que el dictamen para que prevalezca el derecho de mujeres violadas a abortar no es definitivo
- Revisarán avances en el Centro de Justicia para Mujeres
La presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, Mónica Jiménez Rodríguez, consignó el que se estén presentando cada vez con mayor frecuencia distintos tipos de agresiones hacia las mujeres, que llegan incluso hasta la muerte, por lo cual dijo que se deben reforzar los esfuerzos y acciones para disminuir este tipo de hechos lamentables: “Se debe atender desde todos los ámbitos para ver cómo podemos fortalecer desde la raíz y poder erradicar o bajarlos”.
Afirmó que el compromiso de la Comisión que encabeza es mejorar la atención que en las instancias competentes se brinda a las víctimas de violencia, ya que al no sentirse acompañadas o no disponer de un lugar seguro para ellas y en muchos de los casos para sus hijos, se ven obligadas a permanecer en el hogar donde son agredidas; la diputada local aseguró que se trabaja en materia legislativa para afinar los mecanismos y protocolos en materia para que sea más eficiente el proceso.
“Se están analizando varias iniciativas sobre algunas modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para checar los puntos y estar checando directamente también con las personas encargadas de los ministerios públicos cuáles son las lagunas o los topes con los que se encuentran ello a diario, que son los que ejecutan, para cruzar información y ver precisamente dónde podemos mejorar”, subrayó Jiménez Rodríguez.
Señaló que el Centro de Justicia para Mujeres está funcionando, pero las integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género sostendrán una reunión la próxima semana con Beatriz González, titular del Centro, para revisar los avances en materia y las estadísticas que se cuentan sobre la atención brindada para generar políticas públicas y estrategias que permitan avanzar en una mayor protección para las mujeres.
No obstante, otros aspectos se dejan olvidados, ya que sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que se deben prestar por parte de las instituciones públicas los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en caso de que sea producto de una violación, la diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional dijo que es un tema muy polémico que incluso enfrentó a los ministros y habrán de esperar a la resolución definitiva para tener una postura al respecto: “No fue una resolución definitiva, la regresaron, entonces esperarnos a ver la resolución cómo queda, para poder ver y dar nuestro punto de vista”.
Jiménez Rodríguez reconoció que no se ha dado seguimiento al tema en el Congreso e incluso sigue sin analizarse a detalle la propuesta presentada para que se modifique el Artículo 2 constitucional que atenta sobre el derecho de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo.
“Ya es un tema que traemos varios diputados, todos los diputados el gran interés; será un tema que trataremos como Comisión, ya me pondré de acuerdo con mis compañeras diputadas, para ver qué podremos iniciar (…) sería lo ideal que fuéramos la mayoría en comunión con lo que requiere Aguascalientes”, indicó la diputada local.
En la resolución a la controversia constitucional presentada por la LXII Legislatura del estado, se destaca que, de las modificaciones impugnadas, en realidad se modificaron los supuestos para la prestación de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, en caso de embarazo por violación, por parte de las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, cambiando los parámetros legales y, sobre todo, los requisitos para que se proceda de esa manera.
Se establece que el personal de salud que participe en el procedimiento no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas; las Normas Oficiales Mexicanas que los diputados locales buscaron impugnar, en lo que respecta a la mujer y a la mujer adolescente, simplifica, no complica, ni agrega requisitos a un procedimiento que, antes de esta modificación, resultaba sumamente tortuoso, ya que las víctimas tenían que acreditar esa violación, recurriendo forzosamente a acusar a su agresor ante el ministerio público y esperar la autorización de esta instancia para la interrupción del embarazo.
