- La demanda vulnera la certeza de los informes de auditoría a las cuentas públicas que serán turnadas al Congreso el 30 de septiembre
- Señalan también daños al erario por despidos injustificados
Se presentó ya la primera denuncia formal ante la Contraloría del Congreso del Estado por trabajadores y extrabajadores del Órgano Superior de Fiscalización, que según expresan en el documento, lo hicieron de forma anónima ante el temor de que se tomen represalias en su contra; el despido de cerca de 17 funcionarios de la instancia desde el 9 de agosto se acumuló a la lista de quejas en las que han manifestado supuestas irregularidades y acoso que se cometen al interior de la dependencia estatal.
En la carta turnada a la contraloría interna destacan que los despidos presuntamente obedecieron a intereses políticos, además de que generaron severas afectaciones financieras al Osfags, ya que se incurre en algunas faltas administrativas al no justificar estas decisiones y no amortizar la salida de los trabajadores; con un despido, la dependencia debe dejar pasar tres meses para no desestabilizar el presupuesto asignado al área.
No obstante, se presume que en el caso del director jurídico del Osfags, Israel Ángel Ramírez, quien sustituyó a Juan Manuel Ramírez luego de que su salida estuviera ligada a las acusaciones que los mismos trabajadores hicieron de supuestos casos de acoso sexual y laboral, sólo trabajó un mes y tras su salida, que se especula también como despido por acusaciones similares a su antecesor, se le liquidó con el equivalente a tres meses de salario, que asciende a cerca de 150 mil pesos.
Las principales acusaciones plasmadas en la denuncia son contra Yolitzin Rodríguez Zendejas, actual encargada de despacho del Órgano Superior de Fiscalización, por presuntos actos de persecución y acoso laboral, que ya habían externado los trabajadores en la primera carta enviada al Congreso, de la que dicen los diputados, no se pudo comprobar su autenticidad ya que entonces no se habían presentado las denuncias conducentes.
Sin embargo, lo más grave son los señalamientos de una supuesta modificación a los informes de la auditoría y modificación al plan anual de auditorías por parte de la responsable del Osfags, ya que, de comprobarse, constituiría no sólo una falta administrativa, sino también un delito.
Estas serias acusaciones requieren una inmediata investigación puntual, fuentes consultadas por La Jornada Aguascalientes afirman que como se plantea el caso, se equipara al del extitular de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, José de Jesús Martínez Loredo, quien recibió prisión preventiva de un año luego de ser imputado por el delito de peculado agravado; los señalamientos fueron por una nómina secreta, cabe recordar que el extitular del Osfags, Arturo Solano López, fue inhabilitado por la Contraloría del Congreso del Estado por un perjuicio al erario superior a los doce millones de pesos, además se mantiene una carpeta abierta en su contra en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por la presunta contratación simulada de personal que implica un daño de 600 mil pesos a las finanzas de la instancia que encabezaba.
En la demanda presentada a la Contraloría del Congreso, trabajadores y extrabajadores del Osfags solicitan la aplicación de una medida cautelar de suspensión de actividades de manera inmediata a Yolitzin Rodríguez, lo cual podría proceder si se toma en cuenta que al pedir información de lo que ocurre al interior de la dependencia estatal será a su criterio como encargada de la misma; se vuelve apremiante que el órgano de control interno en el Poder Legislativo proceda con una investigación puntual de los hechos señalados y que la Comisión de Vigilancia actué ante las supuestas infracciones e irregularidades que incrementan en las acusaciones que se han hecho más frecuentes a raíz de la falta de designación de un titular.
Ante la posibilidad de que los molestos demandantes sigan acumulando acusaciones y presenten pruebas de ello, es urgente que el Congreso del Estado ponga ya atención a este tema que ha dejado pasar desde hace más de cuatro meses; la Comisión de Vigilancia no puede seguir evitando la emisión de la convocatoria para un nuevo titular del Osfags y escudarse en que no había denuncias para ignorar los señalamientos por irregularidades al interior de la instancia. En el caso de la Contraloría Interna, debe iniciar de inmediato con el procedimiento de investigación como lo marca la ley para no incurrir en una omisión en este hecho que le podría costar una grave sanción, ya que de comprobarse los supuestos delitos de los que se acusa a Yolitzin Rodríguez, se procedería su inmediata inhabilitación en lo que respecta al área administrativa y el caso pasaría al ámbito jurídico por implicar la comisión de delitos de corrupción y ejercicio indebido del servicio público que ameritan prisión.
Este proceso de investigación para deslindar responsabilidades podría llevar al menos tres meses, depende de la voluntad y el interés de los diputados, principalmente de la Comisión de Vigilancia, y del contralor que se pueda desahogar el tema lo antes posible, ya que se carece de certeza sobre los informes de auditoría a las cuentas públicas ante la duda de que fueron alterados, según lo expuesto por los demandantes; esta información debe ser presentada a la Comisión de Vigilancia y turnada al pleno para su aprobación a más tardar el 30 de septiembre.
