Hace una semana el presidente López Obrador y el partido político creado por él celebraron un año de su triunfo electoral. El resultado está en la memoria histórica del país ya como el mayor éxito político electoral de la época moderna de México. No sólo llevó a AMLO a la presidencia, sino que además le dio la mayoría en ambas cámaras que componen el Poder Legislativo, así como un buen número de gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales a lo largo y ancho del país. Vamos, le garantizó gobernabilidad prácticamente absoluta, pero…
Apenas saliendo del “bailongo” en que concluyó su “Informe” a los mexicanos a un año del triunfo electoral, y ,por supuesto, con sus datos afirmara categórico haber cumplido en apenas siete meses de gobierno efectivo 78 de sus 100 compromisos de campaña, por lo que los mexicanos, ¿todos?, podían estar satisfechos respecto a su presidente y al gobierno que los conduce a una nueva etapa de bienestar y justicia; vamos, estamos en el camino, usando los aforismos del lopezobradorismo, de la “redención nacional” y del exorcismo del flagelo de la corrupción, le estalló el asunto de la Policía Federal, una rebelión no calculada en el gobierno morenista, de los integrantes de ese organismo de seguridad pública, adscrito directamente al mando del Alfonso Durazo, el flamante secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Los policías federales tomaron las instalaciones de un centro de mando de la corporación en la CdMx, específicamente en el municipio de Iztapalapa, para más datos, la demarcación más golpeada por el crimen de la ciudad. Reclamaron los policías una serie de situaciones que, a decir de ellos mismos, afectaban su relación profesional y la forma como sus autoridades los querían integrar a la Guardia Nacional, por demás, el proyecto o estrategia insignia del régimen lopezobradorista para combatir la inseguridad pública del país.
Es muy probable que el gobierno hubiera efectivamente tenido una estrategia de transición para la integración de las diferentes corporaciones policiales o militares a la cuestionada Guardia Nacional, un programa de actuación, pero un compromiso no calculado intervino y modificó la agenda: el ultimátum de los 45 días de plazo que el gobierno de Donald Trump impuso al gobierno de López Obrador para detener el flujo de migrantes provenientes de diversos países centroamericanos con la intención de lograr cruzar la frontera norte y alcanzar el sueño norteamericano. Ese ultimátum obligó a López Obrador a disponer en calidad de urgente de seis mil elementos de la Guardia Nacional para construir el muro de Trump a expensas del presupuesto y la seguridad nacionales. Integrar esa fuerza impuso a las autoridades mexicanas a enviar, sin una verdadera preparación logística, profesional, ni el establecimiento y acuerdo de las disposiciones pertinentes para el caso, que considerara a los propios policías federales involucrados, y les proporcionara la información necesaria para aceptar las condiciones extraordinarias y temporales de la urgente movilización. No, en un mero acto de autoridad castrense, se les envió a los sitios improvisados del operativo, y los resultados ya los conocemos.
En este marco, ha habido decenas de quejas y denuncias de los pobladores de los poblados de los municipios fronterizos, acusando a la Guardia Nacional de prepotencia y malas prácticas, con el argumento de detener, a como dé lugar a los centroamericanos, en hoteles, en hostales, hasta en casas particulares, sin órdenes de juez alguno, generando inconformidad entre la población mexicana de los lugares. Quizá lo único positivo de esto es que el presidente Trump no se cansa de felicitar al gobierno mexicano por su buen trabajo, incluso, dijo, mejor que lo que hacen los demócratas. Así las cosas.
En la rebelión de la Policía Federal, ha habido incapacidad de las autoridades responsables para su manejo y resolución, Alfonso Durazo, sin involucrarse demasiado, ha denostado a los policías federales. El presidente López Obrador, azuzó a esa masa invisible a apoyarlo en el manejo de esta crisis, reiterando que la Policía Federal es una corporación de suyo corrupta, echada a perder. Han insistido en señalar la existencia perversa de una “mano negra” que ha mecido esa cuna de inestabilidad. Incluso el secretario Durazo animado, lanzó la piedra y señaló al expresidente Felipe Calderón de ser el responsable de la “sedición”. Nunca, ni López Obrador ni Durazo, ni nadie entre las cabezas del morenismo, admitirán que el origen de este grave problema radica en las malas decisiones de gobierno, basadas en el desprecio a la seriedad del ejercicio público, a la improvisación. Gobernar, dijo AMLO, “no tiene gran ciencia”.
Junto a todo este problema de gestión y manejo de crisis de la seguridad nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha impulsado ante la Suprema Corte de la Nación una serie de acciones de inconstitucionalidad de las leyes recientemente aprobadas, argumentando jurídicamente que esos ordenamientos incumplen con lo establecido en la Carta Magna de este país, y, para colmo de los ánimos y humores lopezobradoristas, la Corte los ha admitido.
Así, prácticamente todos los proyectos estrella del nuevo régimen y su titular, están siendo cuestionados: la Guardia Nacional, el aeropuerto de Santa Lucía y sus 147 demandas de amparo y las suspensiones definitivas; Dos Bocas y su declaración de impacto ambiental y el proyecto definitivo; el Tren Maya y la rebelión de las comunidades indígenas a quién aseguraba iba a beneficiar y lanzarlas a un futuro maravilloso; la vía transítsmica y sus indefiniciones.
Ciertamente no celebramos estos descalabros de la 4aT, pero es por demás preocupante que el gobierno no de muestras de estar superando el término de la curva de aprendizaje y se muestre más asertivo, más profesional. Es difícil afirmar dónde está el punto de inflexión del nuevo régimen. Se puede afirmar que tienen todos los elementos necesarios para impulsar su proyecto de la denominada Cuarta Transformación, lo que no entendemos los mexicanos, es ¿qué pasa con sus operadores y estrategas?, empezando con su principal impulsor.
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