Para saber si una sociedad garantiza y protege las libertades humanas, o en cambio las limita en extremo, hay que analizar su sistema de justicia penal: entre más prohibiciones existan en sus normas, menos facultades tienen los integrantes de esa sociedad; es por ello que el Derecho Penal es un Derecho Político que se va creando de acuerdo a los intereses en turno.
Desde hace varios años, la política criminal en lo mundial, entendida como las acciones concretas que se realizan para prevenir y combatir la delincuencia, es más criminal que política. Es decir, se basa en la “criminología de la intolerancia”, que implica combatir rápidamente los problemas difundidos abundantemente por las redes sociales y los medios comunicación, a través de la expansión del derecho penal, creando delitos sin víctimas, criminalizando formas de ser que se consideran diferentes y peligrosas, eliminando los derechos y garantías sociales que se consideran obstáculos para procesar penalmente a las personas, y dando marcha atrás a todo lo que favorezca a la satisfacción de los derechos, a cambio de privación de libertades. En síntesis, esta política criminal no tolera que las personas tengan derechos humanos.
En esta tendencia, nuestro país trabaja con el “populismo penal”, una política criminal que busca realizar acciones que generen percepción de rapidez y eficiencia, para magnificar los resultados de operativos de fuerza, y demostrar la atención y tratamiento de la problemática de inseguridad. El populismo penal tiene como sustento la “doctrina del shock” (explicada ampliamente por Al Gore), basada en la triada “problema-reacción-solución”, donde una vez que se genera un evento que causa inseguridad, se reacciona rápidamente para generar tranquilidad en esa percepción, y con ello “solucionar” la problemática criminal. En la novela Cloud Atlas, de David Mitchell, alegóricamente se explica esta política: “…mi quinta declaración explica cómo se prostituyó la ley. Es un ciclo tan antiguo como el tribalismo. Todo comienza con la ignorancia. La ignorancia genera miedo. El miedo genera odio y el odio genera violencia. La violencia provoca más violencia hasta que la única ley viene dictada por la voluntad del más fuerte. La “voluntad del pueblo” es la creación, la subyugación y el exterminio sistemático de una inmensa tribu de esclavos embaucados…”.
Así, adelantar las penas al castigar la posibilidad de hechos futuros e inciertos por la peligrosidad de las personas, con sanciones altas y desproporcionadas, bajo el discurso de la cero tolerancia, las ventanas rotas, los tres strikes y la aplicación estricta de la ley, hace que nos enfrentemos a que los problemas operativos de un sistema de prevención que no satisface necesidades humanas para disminuir la delincuencia, se traten de resolver con “soluciones” sustentadas en reformas legales con el incremento excesivo de sanciones que se convierten en penas inusitadas al no buscar la reinserción del autor del hecho, sino su simple castigo; el incremento de delitos de prisión preventiva oficiosa en contra de la progresividad de protección de los derechos humanos; reformar leyes Estatales sin tener facultades por invadir competencia Federal en materia procesal penal; intentos de proteger la “vida desde la concepción” y hasta la muerte “natural”, sin tomar en cuenta las leyes generales de salud y los problemas que causarían en la donación de órganos, entre otros.
Y si a eso le agregamos acciones de inconstitucionalidad contra la NOM 046, para seguir criminalizando a las mujeres y no permitir la interrupción voluntaria del embarazo; los operativos para detener personas peligrosas sin órdenes judiciales, que no son más que razias discriminatorias; el tratamiento indiscriminado de información en redes sociales y algunos medios de comunicación que explotan la desgracia ajena y revictimizan aún más a los involucrados, poniendo en riesgo la validez de las pruebas en los procesos penales; y la creación de una Guardia Nacional, que no tiene identidad ni militar ni policial, y cuyas leyes secundarias son las mismas de seguridad interior que ya fueron declaradas inconstitucionales por militarizar el sector policial y otorgar facultades en investigación que no permite la Constitución Federal; es suficiente para preguntarnos ¿qué modelo de política criminal impera en México? ¿Un populismo que no resuelve problemas, y que sólo da placebos a la sociedad para tranquilizarla temporalmente, o uno garantista que pretende humanizar a la sociedad y a sus autoridades, resolviendo la problemática criminal a largo plazo?
No me cansaré de insistir en que el problema está en la mentalidad que confunde la resolución de conflictos sociales con la creación y aplicación de leyes, donde no importa si se resuelven los problemas; lo que importa es aplicar la ley y hacer creer que con eso se resuelven los problemas. Nuestro sistema de leyes no resuelve conflictos, sino que se ha convertido en un mecanismo de control social que sirve para sancionar lo que salga de la “normalidad”, sin atender la satisfacción de necesidades humanas, creando delincuencia que tiene como madrastra a todas las injusticias sociales.
A Benjamin Franklin se le atribuye haber dicho que “quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad”. Entonces, ¿hacia dónde vamos en México?… creo que esto se está volviendo más peligroso que lo “aterrador” de “lo que dijo la ONU”, y que nadie sabe cuándo y dónde lo dijo. Empecemos por transformarnos a nosotros y a nuestro metro cuadrado; eso realmente transformará el universo.
Ninguna línea desaprovechada Profesor ¡Lo comparto! #NoalPopulismoPunitivo Un cordial saludo.