Esta semana en el Congreso de Aguascalientes se presentó la iniciativa de Ley de Paridad de Género, la cual es efecto de la aprobación en el Senado de la República del pasado mes de mayo de las reformas para elevar a rango constitucional la paridad de género en cargos públicos de los tres órdenes de gobierno. Si bien pudiera parecer que no es un asunto de interés para la base trabajadora, esto es una oportunidad más para llegar a la justicia laboral, porque abre el camino a una nueva visión para el servicio público.
En Aguascalientes contamos con la primera Legislatura con mayoría de mujeres con 14 diputadas y 13 diputados, un gran avance para la visibilización de las mujeres en cargos de toma de decisiones; sin embargo sin una herramienta legal todavía es difícil que la brecha de género se logre más fácilmente, por ello la Ley de Paridad de Género es una norma necesaria en nuestra entidad pues no sólo beneficia a las mujeres en cuestión de política y toma de decisiones, sino a que más mujeres trabajadoras logren cargos de decisión, se combata y castigue la violencia de género.
Como líder sindical he sido testigo de cómo las mujeres difícilmente pueden acceder a un puesto mayor en los centros de trabajo y aún más difícil en la representación popular, porque seguimos en un sistema donde los hombres son quienes toman las decisiones. Las líderes sociales de sectores más vulnerables generalmente hacen un gran cambio en su entorno y son figuras que podrían extender sus frutos con un poco de poder político, sin embargo el temor a ser agredidas, violentadas y afectadas con burlas las detiene; de ahí el que teniendo una ley como esta y la obligatoriedad de su cumplimiento, podremos contar con un avance absoluto para resolver la deuda histórica que se tiene con las mujeres, con sus derechos humanos y también contribuir al acceso a la justicia social.
Para diciembre de 2018, los resultados del Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial (WEF) detallaron que México registró un incremento en materia de reducción de la brecha de género en el ámbito económico, educativo y político; pasó de 69.2% en 2017 a 72.1% en 2018; y aunque parecería muy significativo para nuestro país, esto todavía no puede celebrarse porque las y los especialistas en la materia, destacan que las iniciativas de ley y reformas -como esta en Aguascalientes- no serán suficiente para que las mujeres lleguen a los cargos de toma de decisión; todavía se requiere trabajar en el cambio de cultura y voluntad en los espacios públicos y privados para que no se conviertan en letra muerta.
Esto nos deja como reto a las organizaciones sindicales, a las instituciones políticas y a la sociedad civil en general, a prepararnos más, a capacitarnos, a elevar la participación ciudadana -en especial de las mujeres- porque para que sea posible el acceso a este sector a ocupar un cargo público, necesitamos voluntad de preparación, pues independientemente del género, toda persona interesada en la representación popular tiene el compromiso de contar con los conocimientos, con una agenda pública, con un equipo de apoyo.
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