De acuerdo al diseño de nuestro actual sistema electoral mexicano y ante la permanente presencia de la desconfianza, erigida como elemento catalizador de los esfuerzos normativos para dotar de certeza y confiabilidad a los resultados generados en las urnas, los medios de impugnación representan una garantía más, para que en caso de que alguno de los actores políticos tuvieran inquietud sobre la legalidad de los resultados, un organismo especializado proceda a revisar los posibles vicios de un acto de autoridad determinado.
Los medios de impugnación se traducen eventualmente en sentencias, determinaciones, resoluciones, en las que los tribunales electorales, modifican, revocan o en su caso confirman la validez y legalidad de los actos emitidos por una autoridad electoral determinada.
Mucho se ha cuestionado el hecho del beneficio o perjuicio al judicializarse las elecciones, se afirma por un lado que representan un intento por ganar en la mesa lo que no se pudo ganar en las urnas, otros opinan que resulta preocupante la interposición de impugnaciones, ya que evidencia una inmadurez política de parte de partidos y sus candidatos, otros opinan que resulta nociva y que deberíamos de transitar a la aceptabilidad de los resultados.
Otras de las principales críticas se centran en el número de instancias que existen dentro de la cadena impugnativa y es que en cada entidad federativa existe un tribunal electoral local, mismo que es permanente y autónomo, es decir, no se encuentra adscrito a ninguno de los tres Poderes del estado, este órgano jurisdiccional se erige como primera instancia ante cualquier medio de impugnación local y contra sus determinaciones procede de igual manera la jurisdicción federal, a través de las Salas Regionales ya competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y contra las determinaciones de dichas salas regionales, de manera excepcional se puede acudir a la Sala Superior del mismo tribunal federal, para obtener una sentencia en última instancia, inatacable y definitiva.
Si bien es cierto que la cadena impugnativa diseñada en nuestro sistema electoral implica por lo menos dos instancias (una local y una regional) y excepcionalmente una tercera ante Sala Superior del TEPJF, en lo personal considero que no puede hablarse de un exceso. La desconfianza, tal y como lo mencione al inicio del presente texto, es el elemento que impulsa el desarrollo del sistema electoral, cada mecanismo de verificación ya sea dentro o fuera del contexto de un proceso electoral en curso, resulta impugnable, con el único afán de dotar de certeza y desterrar cualquier duda respecto a la legalidad de los actos que emite una autoridad administrativa electoral, es decir, sin la desconfianza, no se entenderían los múltiples subprocesos que integran una elección, sin la desconfianza no sería necesaria la existencia y conservación de un padrón y lista nominal, no se requeriría de Consejos colegiados en cada demarcación territorial, no sería necesario la impresión de boletas con las medidas de seguridad que todos conocemos, en conclusión, si no existiera la desconfianza en un proceso electoral, las elecciones pudieran realizarse de una manera fácil, rápida y sobre todo mucho más barata, cuestión que en el terreno de la realidad es completamente inversa, los actores políticos en general, como representantes ciudadanos, exigen garantías para abatir cualquier tipo de duda en la legalidad de cada una de las actuaciones de las autoridades electorales y sobre todo, de los resultados que emitan una vez pasada la jornada electoral, de ahí que las impugnaciones se constituyan como un elemento trascendental en cualquier sistema democrático contemporáneo, el Estado debe garantizar la existencia de instancias que revisen y diriman cualquier diferencia o duda en los partidos políticos como principales contendientes en una elección, sin olvidar a las candidaturas independientes, que a su vez cuentan igualmente con el derecho a solicitar la revisión de las actuaciones dentro de un proceso electoral.
Por lo anterior, en lo personal, considero que los medios de impugnación juegan un papel fundamental en nuestro sistema electoral, se traducen en la forma institucional para dirimir cualquier controversia que se suscite con relación a las decisiones y determinaciones emitidas tanto por partidos políticos en relación con sus militantes como de las autoridades administrativas en relación con los partidos políticos, así pues, a través de las impugnaciones, se dota de completa certeza en todas sus determinaciones.
En el todavía en curso proceso electoral en Aguascalientes, se recibieron únicamente cuatro medios de impugnación en contra de los resultados que arrojaron los cómputos de tres Consejos Municipales Electorales, éstos son Jesús María, Pabellón de Arteaga y Tepezalá, aunado a lo anterior, respecto de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, fueron presentados doce medios de impugnación, dando un total de 15, cuenta que si bien pudiera considerarse a la distancia como alta, debemos de considerar que de los 15 presentados, doce son contra un mismo acuerdo, un mismo acto de parte del IEE, que es el acuerdo mediante el cual se designaron las regidurías plurinominales, por lo que con ese dato podemos arribar a la conclusión que la etapa contenciosa del presente proceso electoral resultó mínima, ello habla de la pulcritud de las actuaciones con las que los organismos del IEE actuaron previo, durante y posterior a la jornada electoral, ya que podemos afirmar que la mayoría de los actores políticos aceptaron los resultados que fueron emitidos, o bien pudiera considerarse como una evidencia de la madurez de parte de los partidos políticos, en ambos casos, la conclusión resulta positiva.
Mientras tanto, en el Instituto Estatal Electoral entraremos ya de lleno a la preparación del próximo proceso electoral, iniciando con una profunda evaluación de cada una de las etapas que fueron ejecutadas durante los comicios todavía en curso, con el afán de afinarlos y mejorarlos, todo con el objeto de elevar la calidad de la democracia en nuestro estado.
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