- El contralor del estado informó que el 90 por ciento de los funcionarios obligados deben presentar sus declaraciones patrimoniales
- El límite es el 31 de mayo a las 23:59 horas
El viernes 31 de mayo es el último día para que los funcionarios públicos obligados presenten su declaración patrimonial, sin embargo, según el contralor del estado, David Quezada Mora, con 90 por ciento de avance, faltan entre 700 u 800 personas de hacerlo.
Quezada Mora informó que hasta el último día del mes de mayo hasta las 23 horas con 59 minutos los funcionarios obligados podrán presentar su declaración patrimonial.
A partir a del lunes 3 de junio, agregó el contralor, se empezarán a enviar los requerimientos para quienes no hayan presentado su declaración. A partir del 1 de junio, todas las unidades auditoras e investigadoras de cada una de los Organismos Públicos Descentralizados pueden sacar los reportes día a día de cómo va el avance de la presentación de las declaraciones y a partir de ese mismo día, se pueden detonar los primeros cortes de las personas que no presentaron su información y estar requiriendo la información o aclaraciones del día lunes.
Anteriormente se les imputaba una multa a quienes no presentaban su declaración a tiempo, pero como explicó David Quezada, en esta ocasión con los cambios en la ley, esto ya no ocurre sino que se les llama la atención y de no hacer caso se puede llegar a una inhabilitación temporal o a la separación del cargo: “Está catalogado como no grave aunque puede haber una inhabilitación o una separación del mismo cargo, va de tres meses a un año de inhabilitación, pero si ya de plano ni por un requerimiento ni por algo llega a presentar su declaración, está tipificado que tendría que separarse del cargo”.
El titular de la Contraloría del Estado detalló que hay un avance del 90 por ciento en la presentación de las declaraciones de los más de cinco mil servidores públicos, pero en 2018 fueron hasta un 98 por ciento quienes la presentaron a estas alturas.
Los sujetos obligados, explicó el funcionario, deben declarar ya sea porque tienen un cargo de responsabilidad o porque en sus actividades manejan dinero público: “Podemos hablar de compañeros de ahí mismo de la Contraloría, que son servidores públicos, son auditores, por lo tanto ellos están obligados a revisar a otros entes y por lo tanto deben de presentar su declaración patrimonial”.
La declaración, indicó Quezada Mora, debe ser presentada anualmente por los trabajadores, con un cierre del 31 de diciembre de 2018 pero hasta mayo de este 2019 debido a que se esperan a que los funcionarios presenten su declaración fiscal en abril: “Es parte de la 3 de 3, la de intereses, la fiscal y la patrimonial, por eso es en el mes de mayo y todo ese periodo para su presentación”.
Inmuebles irregulares
Según el contralor se realiza una regularización de los inmuebles del Gobierno del Estado, lo que significa que se deben tener escrituras protocolizadas, donde se identifique claramente que el propietario de las propiedades es el gobierno estatal.
El estado, puntualizó el funcionario, posee cerca de 300 inmuebles de los cuales este 2019 se han realizado 70 incorporaciones: “Es un proceso largo, desde brincar a catastro, al Registro Público de la Propiedad y tener el antecedente y la certeza que son propiedades del Gobierno”.
Entre los 300 inmuebles que están en posesión y comodato, explicó David Quezada, hay parques, pozos de agua y plantas tratadoras. Tan solo el Instituto del Agua del Estado tiene cerca de 35 propiedades de las cuales 28 son regulares: “Las plantas tratadora simple y sencillamente tenemos un acuerdo global, ese comodato y ese acuerdo nunca se ha brincado, o una donación, y nunca se preocuparon de protocolizarlo ante un notario público de que realmente es propiedad el Gobierno del Estado”.
Una investigación de ese tipo, advirtió el contralor, puede derivar incluso en juicios testamentarios, por lo que prefirió reservarse la conclusión de este proceso de regularización: “Poder decir que es algo inmediato no, es un trabajo que tenemos que iniciarlo y al igual nos vamos a llevar cerca de un año y un año y medio para que se protocolice la investigación e igual hasta la próxima administración van a comenzar a levantar las incorporaciones y presentarlas en el Periódico Oficial”.
La falta de formalidad en la incorporación de inmuebles, informó el titular de la Contraloría estatal, ya ha generado varios juicios: “Un ejemplo muy claro son las afectaciones que se hacen en obra pública cuando van a crear una obra, por lo regular se hace la compraventa de los inmuebles antes de la construcción y al igual carreteras en las que podemos tener una afectación de algún terreno por donde va a pasar”.
