El concepto de “Estado de Derecho”, del que mucho se habla pero poco se precisa en México, trasciende fronteras y se refiere a un “sistema de gobernanza” en el que se cumplen, o no, cuatro principios universales: rendición de Cuentas, leyes justas, gobierno abierto, y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas (WJP, 2019. Así, se dice que: “un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza”. Se agrega que el Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, y funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales”; donde podríamos definir al Estado de Derecho como “un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos”.
La organización de la sociedad civil llamada The World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial o WJP, por sus siglas) trabaja en la medición del estado de derecho en el mundo desde 2009. Dicha organización descompone y evalúa los cuatro principios del Estado de Derecho mencionados, en 8 factores: 1) Límites al Poder Gubernamental 2) Ausencia de Corrupción 3) Gobierno Abierto 4) Derechos Fundamentales 5) Orden y Seguridad 6) Cumplimiento Regulatorio 7) Justicia Civil, 8) Justicia Penal.
Para 2016, México se situaba en el lugar 92 de 113 países evaluados por el World Justice Project (WJP) en su índice de 2017-2018, donde obtuvo una calificación de 0.45 en el índice (en una escala del 0 al 1 donde el 1 significa la mayor adhesión al Estado de derecho), el mismo puntaje que obtuvieron Sierra Leona, Liberia y Kenia, cayendo 4 posiciones respecto a la medición de 2016. En Iberoamérica, los tres mejores países fueron Uruguay, Costa Rica y Chile. México se situaba en el nada honroso lugar 25 de 30, sólo por encima de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, donde los países mejor posicionados fueron tres países nórdicos: Dinamarca, Noruega y Finlandia. Los últimos tres son dos asiáticos y un iberoamericano: Afganistán, Camboya y Venezuela.
El Índice de Estado de Derecho en México 2018 es el primer estudio subnacional realizado por el (WJP). El Índice es único en su tipo, ya que utiliza información de primera mano para registrar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país. Este instrumento se construyó a partir de una encuesta aplicada a 25,600 ciudadanos (800 en cada estado), de encuestas aplicadas a más de 1,500 abogados y expertos en derecho penal, derecho civil, derecho laboral, y salud pública, y de información generada por otras instituciones (fuentes terciarias).
Los resultados muestran, cómo no, que la corrupción, seguridad y justicia son los aspectos que requieren atención más urgente. El Índice muestra que ninguna entidad federativa se acerca a una calificación perfecta y que no existen entidades federativas en México con un desempeño sobresaliente con respecto al Estado de Derecho. Así, la entidad con puntuación más alta es Yucatán. Por otro lado, Guerrero, Baja California Sur y Estado de México se encuentran al final de la clasificación. A pesar de los bajos puntajes, hay entidades con resultados destacados en ciertos aspectos del Estado de Derecho. Por ejemplo, Yucatán destaca en Orden y Seguridad, por sus bajos niveles de homicidios e incidencia criminal, comparado con otros estados. Con respecto al tema de Justicia Penal, se muestra que los primeros implementadores del sistema de justicia penal acusatorio muestran mejores resultados en garantías de los derechos de las víctimas y respeto al debido proceso legal de los acusados, aunque existen retos importantes en materia de investigación por parte de policías y ministerios públicos.
En el tema de corrupción, se estimó que ésta ocurre en mayor medida en licitaciones y compras públicas (México es paradigmático en este apartado a nivel mundial, dado el alto grado de corrupción entre privados y autoridades), que en actos cotidianos como sobornos a policías u otros servidores públicos. Por otro lado, en la dimensión de Orden y Seguridad, el WJP encontró que la libertad de prensa se ve afectada principalmente en entidades donde se focalizan altos niveles de incidencia delictiva, y particularmente de homicidio. Volveremos luego sobre los insumos y datos que arroja dicho el informe. El informe completo, visible en: https://worldjusticeproject.mx/nosotros/the-world-justice-project/.
COLA. Los hallazgos del informe citado son plenamente congruentes con otros indicadores elaborados recientemente por otras organizaciones e instituciones nacionales e internacionales para el caso de México, comparativo del que ya habrá oportunidad de hablar en posteriores entregas.
