La semana pasada el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó que el gobierno analizaba revivir para 2020 el impuesto a la tenencia vehicular, como parte de una reestructuración tributaria para recaudar más y disminuir la desigualdad en el país. Al día siguiente, el presidente López Obrador desmintió otra vez a su subsecretario asegurando que “eso no es cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que incumpliéramos nuestros compromisos, se van a quedar con las ganas”. Lo anterior no sólo demuestra la poca coordinación al interior del gobierno sino también la obstinación con que se conduce el presidente.
López Obrador ignora además que el impuesto a la tenencia no es una medida conservadora como él cree, sino un impuesto más bien progresivo. La tenencia es un impuesto que se establece por la posesión de un vehículo automotor, el cual se establece en función del valor del vehículo o algún parámetro ambiental. En México, desde 1962 existió el “Impuesto a la tenencia y uso de vehículos”, el cual desapareció en el año 2007, de manera que ahora este impuesto es facultad de las entidades federativas, mismas que han debilitado su aplicación por motivos principalmente político-electorales. En distintos estados incluso se ha eliminado la tenencia por completo, fomentando dinámicas negativas como el uso indiscriminado del automóvil, e inequitativas, al subsidiar un modo de transporte que utilizan sectores de mayores ingresos y que produce enormes costos sociales en las ciudades del país. En este contexto, es importante mencionar por qué la tenencia puede ser un impuesto equitativo y redistributivo, que además puede compensar algunas externalidades negativas que resultan del uso del automóvil. Veamos.
Primero, Medina (https://bit.ly/2ICcP1s) estima que más del 40 por ciento de los automóviles se concentra en el 20 por ciento de los hogares más ricos del país. Por lo tanto, no pagar ningún tipo de impuesto a la tenencia o pagar un impuesto subsidiado implica que el modo de transporte utilizado principalmente por los sectores de mayores ingresos se subsidia mediante impuestos reducidos. La negación de López Obrador a analizar el tema sugiere que esta política, que resulta en mayor desigualdad, tendrá continuidad este sexenio. Es decir, el automóvil seguirá subsidiado mientras otros modos como el transporte público, utilizado por la mayor parte de la población, principalmente de menores ingresos, generalmente no cuentan con ningún tipo de subsidio.
Segundo, la eliminación de la tenencia puede incentivar un mayor uso del automóvil al reducir el costo de conducir, lo cual puede aumentar externalidades negativas como la contaminación. En términos ambientales, por tanto, la tenencia puede compensar parte del costo social que resulta del incremento de emisiones de contaminantes. En algunos países, por ejemplo, se cobra un impuesto por el uso o tenencia de vehículos automotor –incluyendo vehículos antiguos que suelen emitir más contaminantes– en función de parámetros ambientales como la cantidad de bióxido de carbono generada por kilómetro, lo que puede incentivar la adquisición de automóviles equipados con tecnologías más amigables con el medio ambiente. Los recursos obtenidos a través de un impuesto de esa naturaleza pueden ser etiquetados para invertir en modos de transporte sostenibles como el metro, metrobús, autobús o bicicleta. En ese sentido, la evasión del presidente a estudiar el impuesto a la tenencia simplemente no contribuye a atender desafíos relevantes en la actualidad como el cambio climático y la contaminación.
Tercero, el principal problema no es necesariamente poseer un automóvil, sino el uso indiscriminado que se hace de él, pues genera múltiples externalidades negativas como el tráfico vehicular. La tenencia, por tanto, podría evolucionar a un impuesto establecido en función del uso que se hace del automóvil, de manera que entre más se utilice, más se pague. En la actualidad existen dispositivos que se colocan al interior de los automóviles para registrar tiempos y distancias de uso, con lo cual puede calcularse una tarifa a pagar por las externalidades ocasionadas. Un esquema de este tipo puede incluso ser más justo que la típica tenencia vehicular, pues beneficiaría a quien utiliza el automóvil de manera más eficiente y responsable. La aversión de López Obrador a temas complejos, sin embargo, impide discutir abiertamente mecanismos tributarios más equitativos que permitirían compensar los costos sociales de nuestros patrones de movilidad.
Por último, el asunto de la tenencia vehicular debería motivar un debate más amplio sobre cómo transitar a esquemas de movilidad más sostenibles, eficientes y equitativos. Por ejemplo, ¿por qué no estudiar la disminución progresiva del subsidio a la gasolina para destinar más recursos al transporte público? O ¿por qué no analizar mecanismos de tarificación vial en ciudades congestionadas para movilizar mayores recursos para invertir en modos de transporte sostenibles? En fin, el rechazo de López Obrador a la propuesta de su propio subsecretario de Hacienda a cuando menos estudiar el tema, es una muestra más de su poca disposición a entrar en asuntos relevantes que van más allá de sus pretensiones meramente clientelares.
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