A raíz de la publicación del artículo “El Gran Benefactor” de María Amparo Casar en Nexos, mucho se ha discutido en los últimos días sobre si las políticas sociales del nuevo gobierno no son más bien políticas clientelares, sobre si lo que en realidad le importa al presidente es ganar una mayoría calificada para su partido político en las elecciones intermedias (así como diversas presidencias municipales y gubernaturas), sobre si la aparente improvisación de algunas políticas públicas que se han impulsado desde Palacio Nacional no se debe interpretar más bien como un plan electoral cuidadosamente tejido para que el presidente se perpetúe en el poder (él o su movimiento).
Simpatizantes de la 4T, algunas y algunos muy instruidos y perspicaces, han ofrecido un arsenal de argumentos en contra de los críticos del nuevo gobierno. Es cierto que una política social no necesariamente es una política clientelar. Es cierto que muchos de los afirman que las políticas sociales del presidente en realidad son clientelares en realidad lo que están criticando (y lo que aborrecen) son las políticas sociales mismas. Es cierto que las críticas que aseguran que repartir dinero de manera directa es una forma de clientelismo se equivocan por tres razones: 1) no todas las políticas sociales del presidente reparten dinero de manera directa (no es el caso, por ejemplo, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro); 2) no es correcto afirmar que toda política social debe tener intermediarios (no es el caso de la pensión universal para adultos mayores, pues repartir de manera directa el dinero a los beneficiados los dignifica); y 3) tampoco es evidente que eliminar intermediarios acerque más a una política social al clientelismo (la red de algunos intermediarios en el pasado lo que buscaba justamente era establecer redes clientelares). Por último, no me parece implausible que muchas acciones del presidente que han buscado eliminar intermediarios se deban más bien a su desconfianza sobre los intermediarios que a un maquiavélico plan electoral (aunque seguramente el presidente tiene un plan electoral paralelo).
Dicho lo anterior, quisiera ahora dar algunas razones por las que creo que la distinción entre políticas sociales y políticas clientelares carece de sentido y se muestra obtusa para analizar la realidad política.
La distinción entre políticas sociales y clientelares suele trazarse a partir de la atribución de intenciones a los agentes políticos. Por lo mismo, la distinción, de inicio al menos, es altamente especulativa. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del presidente y su partido político? Resulta evidente que cualquier actor político desea, en tanto actor político, ganar elecciones. Desea (sobre todo si las leyes se lo permiten) reelegirse. Desea impulsar el crecimiento de su partido político o su movimiento social. Desea que su aceptación popular incremente. Desea acrecentar su legitimidad política. Todo esto forma parte del hecho mismo de jugar en la arena política. No hay nada censurable en que los agentes políticos (individuales o colectivos) se comporten de esta forma, en tanto lo que los hace ser lo que son es la búsqueda del poder. Resulta evidente que el presidente y los miembros de su partido político tienen una agenda político-electoral. Desean, mediante sus acciones, lograr que la población los siga favoreciendo en los sondeos, encuestas y elecciones.
Nuestros juicios sobre las intenciones de los agentes, así, se enfrentan a un muro que siempre ha estado en el ejercicio político. Sugerir que, dado que el presidente y sus colaboradores tienen una agenda político-electoral, las políticas sociales del nuevo gobierno son en realidad clientelares o es trivial o es opaco. O es una verdad de Perogrullo o lo que se está sugiriendo es una teoría de la conspiración sin evidencia adicional. Claro que Andrés Manuel López Obrador y sus allegados tienen una agenda político-electoral, nada censurable hay en ello. Y hacen bien en tenerla: el interés político en la legitimidad, sobre todo mediante políticas sociales, suele ser un valor que impulsa la posible eficacia de las políticas sociales. Al gobierno en turno es al que más le interesa que las políticas sociales tengan un impacto fuerte en la calidad de vida de la población. Todos queremos clientes satisfechos.
A posteriori, si las políticas sociales del nuevo gobierno resultan ineficaces en el combate a ciertos problemas que, pienso, tienen muy bien diagnosticados, se calificarán sin duda de políticas clientelares. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las intenciones de nuestros gobernantes?
Así, seguir hablando de políticas sociales en oposición a políticas clientelares a partir de intenciones que sólo podemos atribuir a partir de sus efectos, me parece una pérdida de tiempo. ¿Por qué lo hacen los críticos de la 4T? O bien porque son torpes y no muy avispados, o bien porque estas personas sí que tienen una agenda político-electoral, o una agenda de intereses económicos, que no es abierta ni transparente.
Bien nos haría, a los que no participamos en la lucha política y organizada por el poder, en dejar de hablar a partir de esta distinción. Sugiero, más bien, sólo concentrarnos en la eficacia de las políticas y en los fines que buscan. Me queda claro que las políticas públicas del nuevo gobierno tienen la finalidad de combatir la pobreza y las distintas desigualdades. Pienso que, al menos como han sido planteadas a la opinión pública, tienen una probabilidad alta de fracasar. No me preocupa un ápice que las políticas tengan un interés clientelar, lo que me preocupa es que no creo que a partir de ellas pueda empezar a gestarse un Estado de bienestar. El nuevo gobierno ha preferido la política del “pequeño empujón” que la política del “piso parejo”. Se ha concentrado en sacar de manera no sostenible a personas de la pobreza, y no en proporcionarles un marco dentro del cual puedan tener un mínimo bienestar. Salud universal y pública, educación universal y pública, pensiones, seguro de desempleo, mínimo esparcimiento universal y gratuito…, hubieran dado ese piso parejo. Repartir dinero mensualmente a los más vulnerados y vulnerables no garantiza una salida progresiva y definitiva de las personas de la pobreza. Comparto los objetivos del nuevo gobierno, no comparto (y espero equivocarme) los medios mediante los cuales creen que se lograrán.
No nos equivoquemos, el problema no son las intenciones de los agentes políticos, son los efectos de las políticas públicas que impulsan. Concentrémonos más en lo que podemos observar y evaluar, y dejemos de especular en el vacío.
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