- Aún sin conocerse, el estudio de costos de operación del transporte público
- El 31 de marzo entran en vigencia posibles incrementos y tarifas preferenciales
Hay negligencia y desatención a lo que establece la Ley para echar a andar las estrategias encaminadas a mejorar la movilidad en Aguascalientes, ya que los autobuses viejos siguen circulando con las consecuencias ya conocidas y al amparo de la autoridad que permite que se violenten las normas, a pesar de estar facultadas para traer empresas que ofrezcan mejor servicio.
Así lo expuso el exdiputado por el Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, quien en la pasada Legislatura local dio seguimiento a la creación de la Ley de Movilidad que presuntamente opera actualmente.
Una nueva planeación, reestructura de rutas, ampliación de horarios del servicio, la conformación del Sistema Integral de Transporte y de un esquema de inversionistas a manera de una empresa a fin de abaratar los costos de operación se debió comenzar hace tiempo y sigue trabada por parte del gobierno estatal, a pesar de la prisa por que fuera analizada y aprobada por la pasada Legislatura para ejecutarla.
Luego un año de distancia de que se publicó la ley, para el perredista no hay avances sustanciales al considerar que continúan entrampados en las mesas para regular a los servicios de traslado a través de plataformas digitales, cuando la prioridad para el grueso de los usuarios es otra, como es el hecho de que antes del 31 de marzo deberá estar ya publicado el estudio de costos de operación del transporte público, al ser un tema central pues a partir de ahí se califica cuál será la tarifa que los ciudadanos deberán de pagar.
“Lo que la Ley pretendía cambiar es que esto se diera a través de una especie de chantaje en donde los concesionarios presionan al gobierno hasta que lo logran asfixiar para que se incremente la tarifa”, detalló el perredista al recalcar la necesidad de dicho estudio sobre el costo del transporte público y de ahí se maneje un margen de ganancia para el inversionista.
A decir de la propia Coordinación General de Movilidad ese estudio aún no se tiene, a pesar de que deberá pasar por un observatorio ciudadano, el cual tiene la facultad de auditarlo y traer a peritos externos para analizar que los datos plasmados sean ciertos y luego hacer las adecuaciones pertinentes para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado: “no entiendo cómo les va a alcanzar el tiempo para hacerlo”.
Para el exlegislador, lo anterior representa una muestra clara de que hay negligencia y desatención a lo que establece la Ley, y como ejemplo están las unidades de transporte público que continúan circulando fuera de la norma, con consecuencias lamentables y al amparo de la autoridad que permite que se violente la Ley, a pesar de que está facultada para traer al estado otras empresas que ofrezcan un mejor servicio.
Sánchez Nájera recordó que además a partir del 1 de abril se habrán de implementar los descuentos en el transporte público, no sólo en el transporte urbano, sino también en el de combis, además de ampliarse a adultos mayores y personas con discapacidad; aunado a lo anterior, los taxistas se verán obligados a regalar viajes a estos sectores vulnerables, programados a través del DIF estatal; todo lo anterior significa cambios importantes que en pocos días no se pueden planear y hacer que se aplique, aunque el ciudadano ya puede exigir que se respeten esos descuentos: “No quisimos implementar nada en la Ley de Movilidad que no haya pasado por el consenso de la Coordinación General de Movilidad a fin de que luego no se pudiera ejecutar; por eso percibo una fuerte negligencia”.
Sería a través de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos el medio por el cual se podría pedir cuentas a los ejecutores responsables de aplicar las estrategias para mejorar la movilidad en Aguascalientes, por ello la misma Contraloría del Estado debería de estar ya deslindando responsabilidades del porqué no se respetan los tiempos y procesos de la Ley de Movilidad, lo cual puede solicitar cualquier ciudadano, aunque para ello está el observatorio ciudadano que sí se logró conformar, y en donde el ombudsman, J. Asunción Gutiérrez, es el único funcionario público que lo integra.
Destacó que para su operación la Ley de Movilidad no requiere de leyes secundarias, aunque sí de reglamentos, varios de los cuales ya están integrados de manera puntual con fechas.
