- Llaman a víctimas a levantar denuncias penales y al gobierno estatal a dar garantías
- Acusan que jueces también tienen responsabilidad en casos de tortura
Víctimas de tortura en Aguascalientes durante la titularidad de Felipe Muñoz Vázquez en la Procuraduría General del Estado piden una fiscalía especializada para investigarlo y a todas aquellas personas que fueron sus cómplices.
Felipe Hinojo Alonso, en calidad de hermano de una de las víctimas de tortura y violaciones en el debido proceso, a quien sentenciaron a una condena de 36 años, llamó a quienes pasaron por esta situación a levantar la denuncia penal correspondiente, a la vez que pidió al Gobierno del Estado, a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y su titular, Jesús Figueroa Ortega, se haga promoción para que acudan a presentarlas con todas las garantías necesarias.
Recordó que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentada a la Fiscalía habla de 186 denuncias, de las que localizaron a 50 personas de las cuales denunciaron 20 y una se retractó por medios a las represalias, e inclusive a la rueda de prensa convocada se comprometieron a acudir otras personas con casos similares, pero al final decidieron no ir.
Ante el informe y la recomendación de Amnistía Internacional, que comprobó mediante peritos que sí hubo tortura, deberá de integrarse a las investigaciones en contra del exprocurador, señaló Hinojo Alonso, quien informó tener contacto con el delegado de la CNDH, Francisco Valdés de Anda, para representar a su hermano.
Señaló que la manera de operar del exprocurador fue la misma, crear “chivos expiatorios” para dar resultados, con las consecuencias que ahora se conocen: decenas de familias destruidas por estas acciones; por ello pretenden conformar un frente común a fin de protegerse de forma conjunta y presionar para que haya justicia e insistir en que se abra una carpeta especial para quienes no están incluidos en la recomendación de la CNDH.
Entre las personas que consideran deberán deslindarle responsabilidades se encuentra el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, Omar William López Ovalle, al haber sido informado de los casos de tortura como el de Marisela Sánchez, pero nunca tomó acción alguna, a pesar de que una persona del organismo estuvo cerca de su familia.
Hinojo Alonso aseguró que en este asunto el actual fiscal también está involucrado, ya que es de dominio público que a todos los jueces los “levantaban” los ministeriales y con lujo de violencia, y sin importar que representaban al Poder Judicial, les ordenaban que soltaran arraigos y órdenes de aprehensión, “Jesús Figueroa siendo juez quinto soltó órdenes de arraigo y órdenes de aprehensión, no fueron capaces de levantar la voz (…), está involucrado y sabe de lo que hablamos”.
Apuntó que si bien la recomendación de la CNDH no involucra a los jueces, es necesario señalar esta situación a fin de que no se repita, ya que debieron defender a la ciudadanía y no lo hicieron.
