- Alejandro Madrazo consideró la estrategia de seguridad de López Obrador como una continuidad de las políticas de Calderón Hinojosa
- Es una contradicción asegurar que terminó la guerra contra las drogas y al mismo tiempo dar continuidad a la Guardia Nacional
El maestro en Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, afirmó que la creación de la Guardia Nacional es la continuación del socavamiento del compromiso constitucional de contar con un gobierno civil en México y de las políticas de Felipe Calderón Hinojosa.
Durante el cierre del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos, el docente del CIDE explicó que históricamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido un obstáculo para que el Ejército participe en la seguridad pública, pues en 1917 se estableció en el documento que en tiempos de paz los militares tienen que estar en sus cuarteles y sólo se pueden dedicar a labores estrictamente relacionadas con la disciplina militar.
Pero debido a movimientos civiles e inestabilidad en el país, continuó Madrazo Lajous, fue hasta 1940 que los militares dejaron de participar abiertamente en la política cuando se fundó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dejó de ser el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el cual consideraba al sector militar dentro de su organización.
Desde entonces, la política del país fue estrictamente civil al menos hasta 1996 cuando se creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que se incluyó a los secretarios de la Marina y la Defensa; consejo que sin embargo fue impugnado por la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que de cualquier manera permite que estos dos entes militares pertenezcan a dicho organismo como auxiliares.
Más adelante, en 2006, el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, lanza al país a la guerra contra las drogas y garantiza la participación del Ejército mediante convenios con los municipios justificando las labores de las fuerzas castrenses como auxiliares de las policías municipales, pese a que en realidad son los primeros los que dominan los operativos como indicó Alejandro Madrazo.
Sin embargo, en 2008 se aclara explícitamente que los cuerpos a cargo de la seguridad pública deben ser exclusivamente civiles; pero en 2009, Felipe Calderón mandó una iniciativa para crear un capítulo en la Ley de Seguridad Nacional llamado Seguridad Interior, en el que se da a entender que el Ejército no está a cargo de la seguridad pública, sino de la seguridad interior, con lo que no viola el Artículo 21 Constitucional.
Según el experto, esta propuesta es discutida hasta que en 2011 se rechaza en el Senado de la República y luego, en 2016, se propone la Ley de Seguridad Interior, que ahora no es un añadido a la Ley de Seguridad Pública, sino una nueva ley independiente con lo cual el Ejército tiene presupuesto de seguridad pública a pesar de que está realizando tareas de “seguridad interior”.
En 2018, la SCJN resolvió que la Ley de Seguridad Interior busca en realidad facultar al Ejército para realizar labores de seguridad pública lo cual es inconstitucional, pero antes de que el organismo judicial resolviera en contra de esto, el entonces gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador presentó su plan de seguridad que incluye la conformación de la Guardia Nacional, formada fundamentalmente por militares para hacerse cargo de la seguridad pública, como lo apuntó Alejandro Madrazo.
A lo largo de estos años, puntualizó el investigador, el Ejército ha ido ganando cada vez más funciones civiles: la seguridad pública de facto, desde 2016; la supervisión de las capitanías de puerto, desde 2006; la prevención de adicciones, la preservación de la escena del crimen, desde 2007; la enseñanza en preparatorias públicas militarizadas; construcción de infraestructura como la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; y se acaba de anunciar un desarrollo inmobiliario del Ejército en Santa Fe, en la capital del país.
Con la creación de la Guardia Nacional, expresó Madrazo Lajous, lo que está experimentando el país es el socavamiento del compromiso constitucional de contar con un gobierno civil en México: “Es quizá el más duradero de los compromisos constitucionales que ha tenido México y tiene implicaciones para los demás compromisos”.
El municipalismo es uno de los valores que más se pierden, consideró el docente del CIDE: “Cuando un ejército se ocupa de la seguridad pública y esa función ha sido históricamente la principal función y el principal rubro donde se eroga presupuesto de los municipios, lo que estamos haciendo es desapareciendo una buena parte de los municipios”.
Pese a lo anterior, se percibe en el ámbito municipal una satisfacción con la Guardia Nacional por parte de los alcaldes, pues a decir de Madrazo, estos no quieren gobernar: “Lo que quieren es ganar el cargo público, construir una carrera política, pero no realmente gobernar, y les parece muy fácil delegar esa tarea que es la ríspida del gobierno y dejar que la Federación la absorba”.
Desafortunadamente, consideró el experto, los líderes municipales no se dan cuenta que al delegar esta tarea a la Federación vacían al municipio de autoridad: “Vamos a tener gobiernos que son cargos públicos sin que en realidad gobiernen, gobiernos locales”.
Con este contexto, manifestó el académico, la declaración del término de la guerra contra las drogas hecha por el presidente López Obrador la semana pasada es una contradicción: “Es simultáneamente el cinismo y la simulación, por una parte es el cinismo de abiertamente pedir facultades al Ejército para que se haga una excepción a la Constitución y pueda él utilizar al Ejército, pero, por otra parte, es la simulación de decir que está acabando con la guerra cuando en realidad la está prolongando”.
En sus dos meses de gobierno, el presidente, afirmó Madrazo Lajous, ha logrado lo que parecía imposible: simultáneamente simular y desplegar un cinismo abierto sobre la militarización de la seguridad pública, “simular que acaba con una guerra”.
Pese a que la guerra contra las drogas habría cambiado de nombre, Alejandro Madrazo concluyó que la única diferencia clara es el cambio de distritación, un cambio de tácticas que puede dar resultados distintos marginalmente: “Pero el grueso de la estrategia es la militarización y en eso lo que vemos es continuidad y no diferencia, es la continuidad del proyecto de Calderón en el país”.
