- Marisela Vázquez estuvo seis años en una cárcel de máxima seguridad
- Hizo responsable de su integridad física al actual subprocurador de Investigación de Delitos Federales en la Fiscalía General de la República
Marisela Vázquez señaló haber sido víctima de tortura por parte de Felipe Muñoz Vázquez, exprocurador de Justicia del Estado de Aguascalientes durante la administración de Carlos Lozano de la Torre; la víctima cuenta con un peritaje realizado por el Gobierno el Estado de Nayarit y en el que se basó Amnistía Internacional para emitir una recomendación y un reporte a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
Quien acusa de tortura al actual subprocurador de Investigación de Delitos Federales en la Fiscalía General de la República fue canalizada a un reclusorio de Nayarit acusada de delincuencia organizada y portación de arma de fuego. Amnistía Internacional presentó una recomendación en el ámbito nacional para cien mujeres torturadas, en el caso de Marisela Vázquez por policías ministeriales de Aguascalientes, aunque su caso no se encuentra dentro de la recomendación que recientemente realizó a la Fiscalía del Estado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En rueda de prensa, Marisela Vázquez narró que su detención ocurrió el 3 de octubre del 2011, sin que a la fecha sepa por qué la eligieron a ella y a su familia para acusarla de delitos que no cometió y por los que estuvo recluida varios años. La mañana de ese día, la señora arreglaba a su hija de diez años para que se fuera a la escuela, a punto de ser las 8:00 de la mañana esperaba la llegada de su hermano Cristian para que la llevara, como hacía cada día; de repente golpearon la puerta de su casa y al bajar la escalera unos hombres le apuntaron a la cabeza con sus armas, para luego comenzar a golpearla y preguntarle dónde estaban el dinero y las joyas. En ningún momento se presentaron como agentes ministeriales ni traían orden de cateo.
Marisela Vázquez cuenta que su niña lloraba asustada y después de un rato le taparon la cabeza con la funda de una de sus almohadas, para llevársela a ella y a su hija y cuando bajó la escalera se dio cuenta que ahí estaba su hermano esposado. La subieron a un vehículo y la llevaron a un lugar que creyó era una bodega, ya que se escuchaba eco; le amarraron las manos y los pies, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, mientras le mencionaban nombres de personas, querían que le dijera que trabajaban para ella, pero cuando lo negaba le volvían a poner la bolsa que la asfixiaba a tal grado que perdió el conocimiento varias veces, pues además la golpeaban constantemente:
“Querían que aceptara que un general que estaba antes en la Secretaría de Seguridad Pública estatal trabajaba para mí, el general Eddy [Rolando Eugenio Hidalgo Eddy]. Mencionaban a varios reporteros, a [José Luis] Morales, quería que aceptara que trabajaban para mí, a Gabriel Arellano, al comandante Andrade, y cuando negaba me ponían la bolsa para asfixiarme. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando me quitaron la venda un hombre me estaba tomando una foto, me la volvieron a poner y alcanzaba a ver poquito por abajo”, contó Marisela Vázquez. En un dado momento se escucharon unos vehículos, uno de los captores gritó que llegaba el jefe, la levantaron y la llevaron ante una persona a la que le dijeron “cómo ve jefe, dice que no conoce a nadie”, a lo que él respondió: “ella va a conocer a todos los que yo quiera”, para luego comenzar a golpearla en la cabeza, “me caí pero sí lo pude ver, era el procurador el que me estaba golpeando, Felipe Muñoz Vázquez”.
Escuchó cómo cortaron cartucho y sintió las armas alrededor de su cabeza, jalaron el gatillo pero no estaban cargadas, el procurador la volvió a golpear en la cabeza y la amenazó con violar entre todos a la niña y matar a su hermano, para luego llevarla a un auto, desde donde escuchaba gritos desesperados de hombres. Después, se subió al auto un tipo que le pidió dinero para soltar a su hija y al hermano.
No supo a dónde la llevaron después, perdió el conocimiento, al despertar un hombre le dijo que le iba a destapar un ojo para que firmara un documento, cuando quiso leerlo la volvieron a golpear, la volvieron a amenazar con hacerle daño a su gente; ella accedió a firmar lo que al parecer era su declaración de culpabilidad. Luego de hacerle varios análisis de sangre la obligaron a ponerse un uniforme y la esposaron de manos y pies, se dio cuenta que eran las instalaciones de la Policía Ministerial; abrieron una puerta y la presentaron ante los medios de comunicación.
La volvieron a encerrar. Marisela Vázquez calculó que estuvo durante siete días en un lugar donde había una plancha de cemento, un baño sin agua y sangre por todos lados. Fueron por ella para ponerle un costal en la cabeza y la llevaron a otro lugar y la sentaron en algo mojado y la amenazaron con electrocutarla. Nunca le dieron de comer, sólo dos botellas de agua distribuidas en diferentes horas del día, ni le permitían bañarse.
Posteriormente la trasladaron a la Casa de Arraigo, ahí coincidió con una conocida suya que resultó ser su comadre, ambas estaban en la una cama individual esposadas de los barrotes de la litera, en un lugar donde estaba revueltos hombres y mujeres. A todos les tenían prohibido que le hablaran, y compartirle algo de comer; de ese lugar la llevaron al gimnasio de la Policía Ministerial, mencionado en diversas ocasiones en la recomendación que la CNDH hiciera a la Fiscalía General de Aguascalientes, allí reconoció a un hombre de apellido Cabrera, quien firmó como uno de los que la aprendieron y también amenazó con hacerle daño a su familia.
Antes de trasladarla a una cárcel de Nayarit, en un anexo federal, le informaron los cargos por los que la detuvieron: delincuencia organizada y portación de arma de fuego, le dieron una sentencia por 23 años, la cual apeló para luego darle libertad absoluta. Salió de la cárcel el 21 de junio del 2017, su comadre en el 2014.
A pesar de haber obtenido su libertad por los delitos que la acusaron en Aguascalientes, en Jalisco la acusan también por el delito de delincuencia organizada basados en las declaraciones con los mismos testigos, de personas que también alegaron tortura. Cuando se careó con ellos le dijeron que se habían llevado a su familia para que declararan lo que ellos querían, “hicieron lo mismo con muchas personas”.
Aunque en su declaración preparatoria declaró la tortura, nadie le hizo caso, ni el juez primero de distrito, Óscar Mauricio Maycott Morales, a pesar de que le manifestaba en videoconferencia de la situación, la desatendió argumentando que era jurisprudencia federal.
Destacó que en la cárcel recibió apoyo de personas como Nestora Salgado, y desde su llegada pasó un mes en “clasificación”, luego la pasaron a máxima seguridad al formar una lista extraordinaria de ocho mujeres, “era la Reina del Pacífico, la del caso Wallace, el caso Martí; decían que las que estábamos en esa lista estábamos recomendadas de aquí afuera y teníamos un seguimiento estricto. Me separaron de población en el 2012 para meterme a tratamientos especiales; nunca supe por qué, a pesar de que los peritos que me aplicaron el Protocolo Estambul recomendaron a las autoridades atención sicológica y médica, no lo hicieron; siempre estaba sola, mi vida cambió peor, (…) empecé con tratamiento siquiátrico, decían que tenía esquizofrenia que desarrollé por el encierro, (…) cuando me sacaron metí un amparo para que no me volvieran a aislar”.
Tras la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía de Aguascalientes, Marisela Vázquez espera que, ahora sí, se trabaje conforme a la ley y si hay algo en contra de Felipe Muñoz lo pague, por lo que le hizo a su hija y a su hermano, así como a las demás familias. La denunciante hizo responsable al exprocurador y a toda la gente que lo protege de cualquier cosa que a ella pudiera pasarle a partir de ahora.
