- Al presentar su informe de labores 2017-2018, la magistrada presidenta refrendó el compromiso de la Sala Regional Monterrey
- Se cumplió el compromiso de impartir justicia de calidad y garantizó que ninguna de las violaciones alegadas en los más de 2,000 juicios que resolvió se tornara irreparable
“Rendir cuentas es deber connatural al ejercicio de la función pública; la ciudadanía tiene, en todo tiempo, el derecho a conocer nuestro quehacer, en lo material y en lo sustantivo”, expresó la Magistrada Presidenta Claudia Valle Aguilasocho, al presentar el informe anual de labores de la Sala Regional Monterrey.
En el Salón de Plenos de la Sala, ante el Magistrado Presidente del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, la Comisión de Administración, magistradas y magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales, funcionarias y funcionarios electorales, entre otros invitados, Claudia Valle Aguilasocho señaló que la Sala Regional Monterrey cumplió su compromiso de impartir justicia de calidad y garantizó que ninguna de las violaciones alegadas en los más de 2,000 juicios resueltos se tornara irreparable.
La magistrada presidenta subrayó que la vocación y el compromiso del personal jurisdiccional y administrativo fueron los factores que permitieron cumplir con el deber de impartir justicia completa e imparcial en las elecciones federales y locales que tuvieron lugar en el periodo del que se rindió cuenta.
“Esta Sala, considerada estadísticamente como de cargas de trabajo moderadas, fue la Sala Regional que recibió el más alto número de juicios de inconformidad federales y también el más alto número de impugnaciones contra elecciones locales”, informó.
Valle Aguilasocho enfatizó que visibilizar el trabajo llevado a cabo por el funcionariado tiene por objeto reconocer la tarea realizada y dar a conocer a la sociedad el alto compromiso de quienes conforman la Sala Monterrey.
Labor jurisdiccional
En el periodo que se informó, que comprendió del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018, la Sala Regional Monterrey atendió 15 procesos electorales, de los cuales, 2 fueron comicios federales, en los que actuó como órgano jurisdiccional de primera instancia, y 13 fueron procesos electorales locales, en los que fungió como órgano de revisión extraordinaria.
En total, se resolvieron 2,149 juicios, lo que implicó la celebración de 287 sesiones, el dictado de 11,970 acuerdos y la realización de 22,554 notificaciones. En más de 200 casos, se descartó el reenvío de asuntos a los respectivos tribunales locales y la Sala asumió jurisdicción.
En la decisión de los asuntos, la Sala Regional Monterrey analizó y aplicó al menos 20 cuerpos normativos distintos, y llevó a cabo el control constitucional de normas, a partir del cual, declaró la inaplicación de diversas disposiciones del orden estatal, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La litigiosidad más alta de los procesos electorales concurrentes se centró en los resultados de la elección de diputaciones federales y en las elecciones locales para renovar ayuntamientos. “En escasas semanas las demandas presentadas superaron el millar”, señaló la magistrada.
Los 62 distritos electorales uninominales comprendidos en la II circunscripción fueron impugnados, en su mayoría, por más de una fuerza política; y se controvirtieron por más de una causal de nulidad el total de 3,910 casillas, de las cuales únicamente se anuló la votación recibida en 6% de los centros de votación impugnados.
“Como lo muestran los números estadísticos, como Sala privilegiamos la fuerza del voto”, afirmó Valle Aguilasocho.
Temáticas jurídicas relevantes
Como prueba del compromiso de la Sala Regional Monterrey con la inclusión, la pluralidad y la legalidad, la magistrada presidenta destacó que se emitieron decisiones que permitieron perfilar temáticas importantes como la paridad de género, la separación de iglesia-estado, la propaganda en redes sociales, la reelección y separación previa al cargo, los procedimientos sancionadores, y las coaliciones.
La magistrada presidenta agregó que los criterios perfilados desde la Sala Regional muestran que el sistema electoral se enriquece con el análisis y el debate; que se trata de un sistema dinámico, y que se confirma que, en él, la ciudadanía tiene la última palabra en la conformación de los órganos de representación y de poder.
Retos y compromisos
Valle Aguilasocho recalcó que la identificación de retos permite transitar a una mejora necesaria, por lo que señaló como importante el análisis amplio de lo vivido en los procesos electorales concurrentes de 2018, auspiciado por las propias autoridades electorales, para conjuntar aprendizajes y superar en el corto plazo los obstáculos que se presentaron en los comicios más amplios celebrados en la historia del país.
La presidenta de la Sala Regional Monterrey dijo que convencidos de que, como juzgadores, deben mantener una posición autocrítica y una vocación de mejora, se empeñarían esfuerzos adicionales para que la labor y función de los tribunales se conozca más. Para ello, indicó que, en procesos electorales futuros, se dialogará con la ciudadanía, las autoridades y los actores políticos para que, en un espacio abierto, se compartan puntos de vista sobre las lecciones aprendidas y los retos.
“Como Sala tenemos un compromiso permanente, posibilitar el acceso a la jurisdicción, respetando siempre el conflicto político respecto del cual mantendremos una sana distancia, para ocuparnos del problema jurídico planteado por las partes”, aseguró la presidenta de la Sala Regional Monterrey antes de finalizar su informe.
Con información de la Sala Monterrey del TEPJF
