Continuará la exigencia a esta legislación para que proteja los derechos de las mujeres: Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes - LJA Aguascalientes
23/11/2024

El Observatorio de Violencia Social y de Género, por medio de un comunicado de prensa,  reconoce como “triunfo legislativo y democrático que, a través de la lucha desde la sociedad civil organizada, activistas feministas y defensoras de derechos humanos, se logró ayer en el Congreso del Estado”, al referirse a la iniciativa de reforma constitucional contra los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, impulsada por el PAN y el PES en el Congreso del Estado, que el día jueves 27 de diciembre no fue aprobada.

El Observatorio, se lee en el boletín que reproducimos a continuación, persistirá en su trabajo a favor de los derechos de las mujeres:

Retomamos lo señalado durante el debate parlamentario:

“(…) esta iniciativa lo único que puede generar es un retroceso a la conquista de derechos hacia la sociedad igualitaria que todos deseamos. (…) El punto no es debatir interrupción del embarazo si o no, lo que debemos debatir es interrupción legal o interrupción clandestina. Esta propuesta de defender la vida lo único que hace es criminalizar a la mujer. Sé que no somos mayoría los que defendemos estos temas, porque en la historia, la conquista de los derechos siempre han sido una victoria que se arranca al opresor. Las mujeres están conquistando el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. (…) este es el siglo de los derechos de las mujeres, más tarde o más temprano, las mujeres van a conquistar los derechos que reclaman. Saquemos de la clandestinidad la interrupción de los embarazos. La propuesta de reforma pareciera que fue inofensiva, sin embargo, tiene mucho fondo. De aprobarse, se cerrarían las puertas y las posibilidades de aprobar el derecho inalienable que tienen las mujeres a decidir sobre su sexualidad.

La no aprobación de la iniciativa que buscaba “proteger la vida desde la fecundación”, es un triunfo de la participación informada y la prueba de que no pueden imponerse ante los derechos humanos y su progresividad, ni la iglesia puede dictar la agenda legislativa de nuestro estado, ni las legisladoras y legisladores pueden actuar de manera negligente.

Sentenciamos el voto por cédula, -es decir, secreto-, aprobado por 21 de los 27 legisladores. Como electoras, exigimos conocer el sentido del voto de las diputadas y los diputados que conforman el Pleno Legislativo. La discrecionalidad socava la libertad de expresión, de acceso a la información y viola lo estipulado en el artículo 145 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en donde se señala que las votaciones de reformas a la Constitución deberán ser nominales, es decir, públicas.

Pedimos a las 14 diputadas que integran el Pleno Legislativo que luchen a las mujeres que votaron por ellas y hagan de nuestra lucha, su lucha y la de todas.

No quitaremos el dedo del renglón. El Observatorio seguirá pendiente de la resolución que dicte la Contraloría del Congreso Estatal respecto de la denuncia que presentamos ante el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes -la primera en su tipo a nivel nacional- por el conflicto de intereses de Javier Soto, Director de Servicios Parlamentarios y su activismo dentro del Frente Nacional por la Familia, así como el de la diputada panista que lo cobija, Paloma Amézquita, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y los Derechos de la Niñez. La separación iglesia-estado exige a los servidores públicos trabajar con imparcialidad y eso les exigimos. Denunciamos también la falta de transparencia en el proceso legislativo que se mantuvo con la presentación del dictamen que buscaba reformar los artículos 2 y 4 de la Constitución local.

Ante el triunfo hoy conquistado, no olvidemos que la lucha continúa. Seguiremos exigiendo que la legislación proteja la progresión de los Derechos Sexuales, Reproductivos y la salud integral, que el Estado permita el aborto seguro, que se mejoren los mecanismos de acceso a la justicia de las mujeres y que se avance en la progresividad de los derechos y los Tratados Internacionales firmados por México.


Con información del OVSGA


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