Ante los comentarios y actitudes xenófobos de algunos mexicanos frente a las caravanas migrantes de los pasados días, entre los que destacan por su estulticia y su insensibilidad; los del presidente municipal de Tijuana, un señor de apellido Gastelum, que dijo literalmente que “los derechos humanos son para los humanos derechos y no para los que andan chuecos” (como los migrantes centroamericanos), que en nada ayudan a resolver la crisis, pero que sí reflejan muy bien la catadura de un sujeto incapaz de entender y menos de gobernar una ciudad como Tijuana, que está habitada en su mayor parte por las sucesivas olas de migrantes de todo el país y de otras regiones del mundo. Pero se equivoca rotundamente este señor Gastelum, porque los derechos humanos son para todas las personas. Y respecto de la supuesta crisis migratoria provocada por las caravanas centroamericanas, es muy necesario poner las cosas en perspectiva para desmontar un discurso xenófobo y racista, que brilla por su estridencia y por su ignorancia, y porque la realidad mexicana nos exige un mínimo de congruencia, siendo el país de la región que más migrantes no autorizados o sin papeles exporta al resto del mundo. En contraste con la insensibilidad del citado alcalde queda la amplia solidaridad activa de la mayoría de los mexicanos, bien documentada en diferentes lugares a lo largo de las rutas migrantes que atraviesan México. Ahí está el caso de “las Patronas” de Veracruz, solo por citar un ejemplo entre muchos más.
Veamos algunas cifras: desde que se lleva registro preciso, el año en que se fueron más mexicanos a Estados Unidos fue en 2000, en el que emigraron unos 760 mil, es decir los que lograron entrar, la mayoría como indocumentados. En el caso de las actuales caravanas centroamericanas, todas juntas, no superan la cifra aproximada de 10 mil personas. Sería entonces un poco más del 1% del casi millón de migrantes mexicanos que solo el año 2000, se fueron del país, en su mayoría ilegalmente, a Estados Unidos. Luego, habrá que recordar que la mayoría de los ciudadanos centroamericanos que se dirigen hacia la frontera norte no tienen la intención de quedarse en territorio nacional, por lo que a México y a sus autoridades le corresponde asumir que si después de ser rechazados por Estados Unidos deciden quedarse, deben definirse cuáles son las condiciones para garantizarles protección humanitaria temporal y en su caso, definitiva. Ya se hizo cuando la guerra civil de Guatemala, en los setenta y ochenta del siglo pasado con varios miles de refugiados de ese país (46 mil según la Comar), o recientemente, con las oleadas de haitianos procedentes de Sudamérica que buscaban asilo en Estados Unidos y se quedaron varados en Tijuana, sin que se haya hablado en ningún momento de “crisis humanitaria”. Comparativamente hablando, Irán o Alemania han acogido cada uno a más de un millón de refugiados de la guerra de Siria, mientras que Turquía ha recibido a más de tres millones y medio según ACNUR. Entonces, podemos decir con base a las cifras disponibles, que hay de crisis a crisis de refugiados.
Las realidades del mundo en que vivimos entrañan la migración de las personas por diversos motivos y circunstancias, así que es mejor hacernos a la idea de que migrar entraña el derecho de las personas a existir y a salvar lo más preciado que tienen, que es su propia vida. Lo que no se puede hacer es estigmatizarles con epítetos ni criminalizarlos, como si se quisiera culpabilizarles por aspirar a tener una vida mejor, huyendo, en la mayoría de los casos, de sus lugares de origen como única alternativa ante la muerte.
En este sentido es una iniciativa sin duda relevante la del próximo presidente de la república, el hablar de crear condiciones de seguridad y desarrollo económico en los países expulsores de migrantes centroamericanos, para paliar las causas de la migración y mitigar sus efectos futuros, y con ellos las crisis y la presión migratoria hacia el norte. Está en el interés nacional de México que ello ocurra en el futuro.
Pero ciertamente, la solución no pasa por cerrar la frontera sur, como tampoco por deportarles masivamente ni mucho menos por estigmatizarlos o criminalizarlos. Los migrantes tienen derechos que deben ser respetados, el gobierno mexicano y también el norteamericano, tienen obligaciones de ineludible cumplimiento conforme al derecho internacional humanitario para con ellos, y la sociedad mexicana tiene un deber moral de ayuda insoslayable, que desde luego no excluye la capacidad de definir lo que México quiere y puede hacer en materia migratoria con Centroamérica de acuerdo con sus principios, valores y normas, pero no subordinando el tema a la relación bilateral con Estados Unidos o al libre comercio. ¿Difícil? Sin duda. ¿Imprescindible? También.
@efpasillas
