No van al paraíso. Así parece opinar una gran mayoría, fundados en que “su paraíso” ya lo tuvieron aquí en esta Tierra. Y casi la totalidad de los opinantes levanta la voz para objetar que los que aquí corrompieron las prácticas sociales, las instituciones, los modos de transaccionar o intercambiar bienes, valores o favores del ámbito público –mercedes se les llamaba en el Virreinato-, o bien posiciones de privilegio y poder ante la ciudadanía, no sean juzgados, sentenciados y condenados como corresponda a la gravedad de sus actos criminales. Y todo ello como inherente al principio de preeminencia de la Justicia que da fundamento al Estado de Derecho de una Nación. Ante la cual nada ni nadie debe prevalecer.
Asentado lo cual, con razón se han encrespado las ondas de choque contra el valladar, casi inamovible levantado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al decidir que él –su gobierno, a partir del 1 de diciembre- no va a enderezar persecución alguna contra los corruptos del pasado. Que esta página negra de nuestra historia tiene un punto final, aquí y ahora en este viernes 30 de noviembre. Que habrá de ser el gozne sobre el que gire el inicio de la nueva historia, la rectitud, la honestidad, la transparencia a prueba de todo y contra todas las maleficencias en el ámbito del poder público. A partir de cuyo umbral inaugural cualquier tipo de acto corrupto será severamente, implacablemente, irremisiblemente, inexcusablemente evidenciado y castigado. Se acabó, borrón y cuenta nueva.
Pues sí, como seguramente usted, yo también me siento perplejo, pero no por aquello de la ingenuidad o de la credulidad o de la fe ciega en un líder carismático avasallante; esta perplejidad proviene de la pesada inercia que la cosa pública ha venido teniendo desde las épocas de los caudillos, de los “hombres necesarios”, de los tiranos, de los dictadores sanguinarios o de los presidentes iluminados como Santa Anna que, al final, asolaron al país con toda suerte de infortunios, amén de vidas humanas, pérdidas territoriales incuantificables, o pérdidas patrimoniales de ubérrimas haciendas públicas, o incluso de pérdidas intangibles del honor y del prestigio patrio negociadas por ministros, mandos militares, secretarios o gobernadores infieles e indignos de su mandato público ante poderes fácticos tanto de dentro como de fuera del país. Ante lo cual, la duda metódica es fuente razonable y precautoria.
Aunque, digámoslo claramente, no necesariamente maniquea ni misantrópica. Lo que hace, para mí, aconsejable es permitir que estos nuevos vientos, del gobierno que viene, soplen de veras sobre una atmósfera ya fuertemente enrarecida. Y dado que el propio emisor de esta opción por el perdón, que así explícitamente le está llamando, será el gobernante en turno de todos los mexicanos; cabe dar espacio a la sensatez que esta posición ética parece llevar en su núcleo asertivo.
Y lo afirmo a modo de una hipótesis plausible, ya que la enunciación del que está por ser presidente en funciones, no es de naturaleza hipotética, sino que es patentemente categórica. Mi aproximación de interpretación necesariamente sí lo es, porque ensaya de ahondar o interpretar las motivaciones de un tal perdón, al menos en la forma, gratis dato, otorgado como tal, dado gratuitamente. Para decirlo en términos jurídicos “no bajo petición de parte”.
Para descifrar esta paradoja, permítaseme remontar a códigos normativos ancestrales que son fundantes de nuestra civilización occidental judeo-cristiana, y sin duda subyacentes a nuestros actuales sistemas jurídicos vigentes. Me refiero a los hallazgos de los más importantes escrituristas, especialistas en Hermenéutica, Exégesis, Lingüística y especialidades asociadas a las ciencias de la interpretación bíblica. Descubrimientos que se catalogan, principalmente, en dos grandes tipos de códigos: A) El Código pureza-impureza; B) El Código don-deuda.
Ambos códigos van trabando la urdimbre de los famosos libros de la Ley mosaica por apellido, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. El código primero, pureza-impureza, predomina en el Levítico; en cambio el segundo código, don-deuda, resalta más en el bellamente tejido Deuteronomio. La distinción formal entrambos, radica en que las normas inscritas bajo la visión de la pureza-impureza, son mandatos más rigoristas cuyo quebranto, implica la exigencia de limpiar la mancha que ha recaído sobre el infractor, de la que tiene que ser liberado mediante ritos, ofrendas, penitencias, etc., faltas que lo separan de alguna manera de la comunidad y del derecho a la aproximación a lo santo; y en donde se impone la radical dignidad del Santo por excelencia respecto del impuro que por definición es su criatura, imperfecta y proclive a la indignidad. En cambio, el código don-deuda implica una relación de absoluta gratuidad de parte de la divinidad con su creatura. En donde, Dios aunque no está obligado a conceder algo al ser imperfecto que es el hombre o la mujer, les concede bajo absoluta gratuidad dones que ennoblecen y exaltan a su criatura; a tal punto que los hace merecedores de su promesa de filiación divina y vida eterna en comunión con Él. Algo totalmente inesperado para el hombre, y que trasciende su horizonte vital, a la par que su dignidad.
En términos pragmáticos. El sistema pureza-impureza implanta el régimen de crimen y castigo, que lleva como consecuencias la necesidad de exculpación, purificación, el destierro, la indignidad, la vergüenza pública y según la gravedad aun la expulsión comunitaria definitiva; en cambio, el sistema don-deuda, implanta la dinámica de perdón, gracia, dignificación, exaltación por virtudes, elevación a la dignidad de hijos y herederos ciertos de la Promesa divina.
Pues bien, aunque parezca remoto al caso práctico que nos ocupa, el acto declarativo de “perdón” a los corruptos del pasado, del día que está por venir, se acerca al tipo de código Don-deuda; porque no inflige castigo explícito alguno al que, supuestamente, haya quebrantado la Ley, ni lo indicia como culpable, ni lo aparta de la comunidad ciudadana; sino que adelanta el don del olvido explícito, a cambio de, en reciprocidad de… No transgredir la Ley, de obtener así un tiempo de gracia convertirse en auténtico observante de las normas, en actor positivo por convicción y no bajo amenaza de castigo; es un código de honor cuya sujeción voluntaria es ofertada en reciprocidad a la magnitud de la confianza entregada. No se trata, entonces, de un regalo-regalo –sólo por el hecho de darlo. Se trata de una vinculación moral de quien reconoce estar en deuda frente a un acto de gratuidad. Lo contrario sería un acto ordinario, bajo, rastrero, indigno, de gandallez.
A esta hipótesis interpretativa, le subyace otra por necesidad. Aquellos que son tenidos en la percepción pública como corruptos, eso son: indiciados bajo sospecha de mal comportamiento, no obran señalamientos formales ante la procuración de Justicia de un delito tipificado y del que puedan ser imputables. Existe sobre ellos una atmósfera de percepción de haberse corrompido, pero no hay indicios o pruebas fehacientes ante la autoridad constituida de actos probadamente corruptos. Y esta percepción de “corruptos” es exactamente eso, una fama generalmente pública de que han abusado de su poder formal, de su situación o posición económica y/o de clase; sin ser indiciados material y formalmente del caso. En tal supuesto, y ésta es mi hipótesis subyacente, el presidente a punto de asunción como tal, opta por cesar acción persecutoria alguna, en aras de construir la paz social, de no incitar a la venganza contra particulares o levantar juicios vindicativos a priori, o caer por la vertiente de una verdadera persecución de brujas. ¿Justo? ¿Injusto? Supongamos, sin conceder que es una acción para despresurizar la escena política y desactivar su potencial estallido. En donde el credo político de base es que, la neta, los corruptos no van al paraíso.
Una iniciativa ciudadana. Coincidente con la clausura del 19 Congreso Internacional de Filosofía, Mundo-Pensamiento-Acción. Aguascalientes. México 12-16, Noviembre 2018. Sede UAA, sucede una acción inédita en los anales de la Filosofía, al menos en México. Y de ella da cuenta el Correo Ilustrado de La Jornada, el día viernes 23 de estos en que escribo, mediante una misiva que se registra en los siguientes términos: Por una educación basada en la filosofía. EL 17 de noviembre pasado, La Asociación Filosófica de México, el Observatorio Filosófico de México y 10 importantes asociaciones, entre la cuales figura la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, dirigió una carta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considerando que una de las formas para combatir la inseguridad, la corrupción (el subrayado es mío), la ignorancia y la enajenación en nuestro país es mediante la enseñanza de la filosofía, desde la básica hasta la dedicada a los adultos mayores.
La filosofía, escuela de la libertad, como la calificó la Unesco, ha sido combatida por el neoliberalismo, al priorizar el mercantilismo y la tecnocracia, llegando al extremo de intentar eliminarla de los sistemas educativos.
En sentido contrario al ninguneo y la marginación que han hecho de ella los anteriores regímenes, la comunidad filosófica, en forma unánime, espera la respuesta del nuevo gobierno. Los que deseen pueden consultar el documento completo y adherirse en: www.ofmx.com.mx. Gabriel Vargas Lozano. Razón de más para esperar a la publicación de las memorias de este importante congreso, que por cierto, mejor fortuna en los medios de difusión hubiera habido de haber merecido.
P.S. Felicidades a La Jornada Aguascalientes, en su 10 Aniversario de publicación.
