Victor Hugo Salazar Ortiz
Movimiento Ambiental de Aguascalientes A. C.
Ayer 9 de noviembre de 2018 un grupo de personas intentaba frenar el inicio de la obra del puente que se va a construir en segundo anillo y camino a San Ignacio. Argumentaban que lo estaban haciendo de manera pacífica y con pleno derecho constitucional tal y como lo marca el Artículo 9. “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. Como pude constatarlo personalmente, la manifestación estaba realizando dentro del marco legal.
No faltó que algún funcionario dijera que esta manifestación era ilegal porque estaban oponiéndose a una obra que ya estaba autorizada. Lo que tendríamos que responder es que era una manifestación lícita porque la constitución también indica en el párrafo V del artículo 4 que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Entonces, lo que este grupo de personas (niños, mujeres, jóvenes y señores) reclamaban es la falta de garantía de la obra para conservar un medio ambiente sano, y que ésta sea auspiciada por el gobierno con nuestros impuestos, sin antes haber consultado a los afectados directos de la obra (habitantes y comerciantes de la zona) y a la ciudadanía en general.
Comparto sinceramente la molestia e impotencia de todos los que se manifestaron pacíficamente, y especialmente de los que fueron detenidos (con o sin violencia), porque fueron violados flagrantemente sus derechos constitucionales, pero con todo respeto, ya no había nada que hacer ayer. La obra cuenta ya con todos los permisos legales y el estado debe ser garante de ellos, pero sin violencia ni amedrentando a nadie, sino a través de un diálogo amable y racional, lo que implica saber argumentar y saber escuchar, cualidades muchas veces carentes en nuestras autoridades y sus representantes. Y bueno, para que haya diálogo tiene que haber mecanismos para que se dé. Si les dijeron a los manifestantes que iban a ir autoridades a hablar con ellos ayer ¿Por qué no fueron? Los plantaron como es la costumbre de la clase política. Les dieron “atole con el dedo” durante el día y garrotazos en la madrugada. Eso no es “estar al 100 con los ciudadanos”, al menos en el sentido coloquial de la frase.
El hecho de ayer debe hacernos a los ciudadanos menos ingenuos legalmente, pues tenemos que saber que una obra que se aprueba, difícilmente se puede echar para atrás y que es imposible hacerlo amarrándose a los árboles. Si queremos frenar la obra pública vorágine en favor del auto, de las zonas y clases privilegiadas, contrarias al desarrollo armónico de todos los que habitamos esta ciudad y Estado, tenemos que conocer que hay que detenerlas e impedirlas antes de que sean autorizadas consultado los portales de transparencia, la gaceta ecológica, solicitando previamente a las autoridades consultas públicas en las secretarías correspondientes en las que los ciudadanos podemos expresar todas y cada una de las razones que consideramos deben ser tomadas en cuenta a favor o en contra de la obra, y no sólo agarrarse de los árboles. ¿Se puede hacer algo todavía en el caso específico del “puente de colinas”? Sí, vigilar que la obra cumpla de manera íntegra e integral con todo lo que se proyectó hacer: que se usen los materiales con la calidad proyectada, que se pague un salario justo y digno a los trabajadores, que se entregue en tiempo y forma, que cumpla con la funcionalidad prometida, etc. De lo contrario, exigir que se sancione a la empresa responsable de la obra y a quienes la autorizaron legalmente. A los primeros penalizarlos dejándolos fuera de nuevas licitaciones y los segundos deshabilitándolos de sus cargos, temporal o definitivamente, esto aplicaría desde secretarios hasta la gubernatura.
También quiero señalar que el Gobierno debe dejar de vernos como personas ambientalistas ingenuas. La ciudadanía en el fondo no está defendiendo a los árboles, las aves y los lagos en sí mismos, se está manifestando frente a la arbitrariedad, la insensibilidad, la arrogancia, la prepotencia, etc. de la clase política y empresarial. La sociedad mexicana en su conjunto está expresando su hartazgo social frente a tanta corrupción y despilfarro de los gobernantes, pero principalmente de su ignorancia ecológica y nulo humanismo. Dejen de venirnos con cuentos de reforestaciones y trasplantes de árboles, mejor dedíquense a hacer su trabajo integra e integralmente, o sea, éticamente.
