Para Mario Gensollen, por siempre estar
para dialogar, corregir y aclarar
La idea de generar mecanismos participativos en una democracia no es negativa en sí misma, aunque también es cierto que entraña peligros para la misma democracia: poner a voluntad popular las decisiones hace que la decisión final no sea para todas y todos sino para -evidentemente- la mayoría. Cierto es, por otro lado, que podría entenderse que debe haber límites en lo que se puede consultar: los derechos humanos no pueden establecerse así, por ejemplo. Una tarea nada sencilla es esa: establecer con claridad, qué mecanismos seguimos para nunca cruzar esa frontera. ¿Se podría, a contentillo de las madres y los padres establecer los contenidos de los libros de texto?: “pueblo bueno, díganos si podemos hablar de los riesgos del sexo sin protección en la clase de naturales o no”. Yo he sostenido que ni siquiera el principio de representatividad puede obedecer al de las mayorías: “como la gente de este lugar votó por mí y la gente de este lugar no quiere que las personas homosexuales tengan derecho a la unión civil, voy a oponerme”, porque sería peligrosísimo asumir que las mayorías pueden imponerse sólo por su número. Pensar así es básicamente sofisticar el hecho de que quienes pueden moler al resto a palazos decida.
Los conflictos de intereses o creencias se pueden resolver de tres maneras básicas: 1) a través de la violencia, 2) a través de la intervención de un tercero o 3) a través del consenso. En este sentido, haciendo una matriz básica en donde asignamos cero puntos a la máxima insatisfacción, uno a la satisfacción media y dos a la máxima satisfacción, 3) es la solución que presenta menos pérdidas posibles y reporta mayores ganancias posibles, ya que en 1) y 2) es fácil imaginar escenarios donde la suma es igual a cero y es casi imposible imaginar escenarios donde se sume cuatro. La consulta popular claramente no es la solución 3). Una votación binaria no genera diálogo de ninguna manera, y me parece ligero equiparar la mayoría al consenso. Tampoco se parece a 2) ya que es intrínseco a esta forma que de alguna manera concedamos autoridad a un tercero, ya porque conozca mejor las leyes, ya porque tiene más experiencia en esos asuntos específicos o porque tiene una probada calidad moral: requiere, pues, una suerte de superioridad. En realidad, la consulta se parece más a 1), es una versión sofisticada de 1): la violencia se genera a través de la mera imposición numérica. Esto no quiere decir que todas las decisiones tipo 1) sean negativas, es más, hay veces que 1) es la única vía factible. Pero debemos preguntarnos cuándo ésa es la mejor forma y por qué.
El caso de la consulta pública sobre el aeropuerto es interesante, aunque no es nueva en las democracias, ni siquiera en la mexicana: hace apenas 3 años se realizó el ejercicio para determinar si se construía o no el Corredor Chapultepec. Una diferencia sustancial es que la participación en la consulta estaba destinada a quienes habitan la demarcación (poco más de 60 colonias). Quienes pudieran tener beneficios o afectaciones tomaron la decisión. Una primera gran diferencia de aquel ejercicio a éste, que pregunta sobre el aeropuerto internacional es ésa y genera una pregunta harto interesante: ¿cómo se selecciona al público consultado? Se ha dicho que, de manera irónica, no hubo mesas de votación en zonas de clase alta que -claramente- es donde habitan los usuarios del servicio. Por otro lado, cientos de miles de personas que jamás han usado ese aeropuerto votaron. Esto nos lleva a dimensionar que tal vez la pregunta en realidad no tiene relación con los servicios del aeropuerto, sino con una decisión harto interesante sobre el gasto público. Ciertamente la pregunta sobre la dirección del gasto público ya no parece tan mala idea. Si el dinero es de todas y todos, una forma económica de decidir es la votación directa. Claro está que seguiría determinar cuántas cosas pueden elegirse así: ¿la inversión para investigación? ¿el recurso destinado a cultura? ¿sobre cuántas cosas podríamos preguntar a las mayorías y sobre cuántas sería legítimo que se eligiera así? En un país conservador, y con una resolución clara de la Suprema Corte, ¿aún así podría consultarse -teóricamente- algo como si se destinan recursos públicos para la práctica de abortos, o atender el cáncer de pulmón de quienes fuman (aunque se paguen impuestos para ello)?. ¿Cuáles son los límites de las consultas sobre el gasto público? ¿No debería ser, en todo caso, un tercero -especialista en el ámbito- quien tome la decisión sobre esto?
¿Cómo aspiramos a la resolución 3) en este tipo de asuntos? Una de esas formas es refinar la discusión pública. Que el sentido medular de la consulta no hubiese sido la decisión binaria, sino mesas, artículos, debates públicos, sobre la pertinencia del NAICM. Aunque para entonces deberíamos dar un paso atrás: algo que, curiosamente, jamás se puso a discusión fue de hecho la construcción. Tal vez, por muchas razones, lo realmente interesante era, en todo caso, discutir sobre ello: en un país con nuestros niveles de pobreza ¿es prioritario tener un mejor aeropuerto? ¿no basta y sobra el que tenemos, aunque eso implique seguir con menos frecuencia aérea de la que nos gustaría? ¿hay una relación probada entre aumentar esa frecuencia y los destinos y los beneficios directos para el país, más allá de la comodidad de una clase privilegiada? ¿no hubiera sido, en todo caso, una opción fortalecer los aeropuertos de Querétaro, Toluca y Puebla y mejorar las vías de transporte terrestre en estos tres destinos?
El mayor despropósito de la consulta es que da por sentada la decisión más cuestionable: el aeropuerto mismo. Sin entrar en el asunto sobre los constructores, la cercanía de unos y otros con los diferentes actores políticos, el extraño hecho de que se ponga a consulta una obra ya avanzada, con miles de millones de pesos invertidos, mientras se proyecte algo como el tren maya al sur, soslayando toda posible discusión al respecto, el aeropuerto jamás se ha puesto en entredicho. Y ahora debemos decidir (aparentemente) (o colaborar) (o aparentemente colaborar) sobre cosas técnicas para las cuales la mayoría de los posibles votantes no tenemos instrucción alguna: ¿dónde es más peligroso? ¿dónde habrá menos afectación ecológica? Y dado que no tenemos las herramientas para ello, debemos decidir como si de un equipo de fútbol se tratara: team Texcoco o team Santa Lucía, por qué no. Sólo nos basta saber que la mafia del poder defiende uno y que el pueblo bueno de la cuarta transformación debería defender el otro. Y el consenso que esperamos desaparece porque lo único que saldrá de acá es una mayor polarización. Más aún cuando los propios representantes de la cuarta transformación no se ponen de acuerdo en el poder que de facto tendrá la consulta: ¿es o no vinculatoria? (en sentido legal evidentemente no) o -como ha señalado Jiménez Espriú- ¿es una guía -no impositiva- para la decisión que finalmente habrá de tomar el próximo presidente?
Ningún esfuerzo nuevo para vincular a la ciudadanía a través de ejercicios democráticos es per se negativo. Pero que se haga una consulta tan poco clara, tan polarizada ideológicamente, tan poco asida a la discusión técnica, tan hecha para generar estructuración de “equipos”, tan presta a la discrecionalidad, no es un buen camino para nuestra nueva vieja vida democrática.
/aguascalientesplural | @alexvzuniga
