- Falta de claridad de uso de los datos personales de los participantes, propicia el que sean malversados para clientelismo político
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Preocupa la determinación que ha dado a conocer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de que se publicaron los resultados de la Consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se realizó el pasado fin de semana, de que se cancelará definitivamente el proyecto, apuntó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Elsa Lucía Armendáriz Silva.
Recalcó que suponiendo que las más de un millón de personas que participaron, lo hayan hecho en un esquema de imparcialidad; la realidad es que es un ejercicio que ha sido muy cuestionado por las diversas situaciones que se han señalado en los últimos días, como es la falta de apego real a la legalidad y certeza sobre la distribución de los centros de votación, por las fallas a la aplicación que se manifestaron y comprobaron, desde el 25 al 28 de octubre, cuando esta consulta se realizó.
Consideró que es un tema que polariza a la sociedad y enfatizó que carece de todos los elementos que la Constitución en el artículo 35, fracción octava, marca para una consulta de esta naturaleza, mismo que a la letra dice:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
VII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: 1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: a) El Presidente de la República; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. 3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; 6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y 7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.
Armendáriz Silva apuntó que el tema es meramente técnico, ya que los ciudadanos, en su mayoría, carecemos de los elementos y la preparación, para poder opinar sobre un proyecto de este tipo; consideró que en este tenor, carece de legalidad constitucional la participación que se tuvo en estos centros de consulta, por todas las irregularidades que se documentaron.
A pregunta expresa sobre la falta de entrega del documento de protección de datos personales a quienes participaron en la consulta y de la certeza del uso que se dará a los mismos, la diputada integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción recalcó que al respecto se presentó en la pasada sesión ordinaria de pleno un punto de acuerdo para que se esclareciera este asunto.
“Lo pusimos como fracción; indicábamos precisamente esa parte, que pedíamos la aclaración de que nos pudieran determinar qué es lo que se iba a hacer con todos estos datos; es un tema que hoy se debe de proteger, estamos viviendo momentos donde debe de darse todo con transparencia y protección a los datos por seguridad de todas las personas”.
Aseguró que se hizo la solicitud al Instituto Nacional de Transparencia para que en el marco de sus facultades, vigilara que se cumpliera a cabalidad con lo que se establece; puntualizó que como legislativo están en funciones de exigir que se dé cumplimiento a lo estipulado en la ley, harán los posicionamientos y los pronunciamientos necesarios para que se transparente el uso de esta información: “Es lo que nos preocupa, sobre todo ese más de un millón de personas que estuvieron participando, pues sus datos están en riesgo. Estamos en proceso de iniciar el próximo año, por ejemplo aquí a nivel local el proceso electoral y pues no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”.
