En los últimos días se ha generado una intensa polémica acerca de la intención del Gobierno del Estado de Aguascalientes de desarrollar infraestructura exclusiva o preferencial para el transporte público en la Avenida López Mateos. En principio ese proyecto formaría parte de una estrategia más amplia que pretende mejorar la calidad del transporte público a través de nueva infraestructura, así como de un nuevo modelo de gobernanza que permita al Estado retomar el control y la regulación de este servicio. En ese sentido, debería ser buena noticia que finalmente se piense en invertir en infraestructura para el transporte público, pues en las últimas décadas –y hasta la fecha– la inversión pública se ha destinado principalmente para beneficio de los automovilistas, aun cuando un gran porcentaje de la población utiliza el transporte público para trasladarse en la ciudad. Sin embargo, la manera en que el gobierno ha dado a conocer este proyecto más que aclarar dudas o suposiciones ha generado gran incertidumbre y, con ello, rechazo y oposición.
Este caso hace evidente que la vida urbana se caracteriza por una constante lucha de intereses legítimos que compiten entre sí. Por ejemplo, los automovilistas suelen exigir mayor inversión en infraestructura vehicular para supuestamente reducir los niveles de tráfico, mientras otros sugieren que transformar el transporte público e impulsar la movilidad peatonal y ciclista es necesario para avanzar hacia una ciudad más equitativa, competitiva y sostenible. Similarmente, grupos ambientalistas suelen exigir que el desarrollo de infraestructura garantice el respeto de la arborización, mientras comerciantes o locatarios suelen manifestar su preocupación por posibles pérdidas económicas durante los procesos de construcción.
En este contexto, el proyecto de transporte público en López Mateos ha generado una serie de preguntas por parte de diversos interesados que el Gobierno del Estado no necesariamente ha respondido con claridad: ¿se talarán árboles para la construcción de la nueva infraestructura o no? ¿Cuántos? ¿Cómo se mitigaría ese costo ambiental? ¿Se reducirán las dimensiones de las banquetas para liberar espacio para carriles exclusivos o preferenciales de autobús? ¿Qué tanto? ¿Se reducirá el ancho de los carriles vehiculares? ¿Se contempla la instalación de ciclovías? ¿Se proveerán accesos alternativos a los distintos comercios localizados en esa avenida durante la construcción? ¿Se construirá infraestructura hidráulica para reducir la probabilidad de inundaciones? ¿En qué consisten las siguientes etapas de este proyecto? ¿Cuándo se darán a conocer? La ausencia de información ha generado dudas que entendiblemente han motivado rechazo al proyecto, pues difícilmente puede esperarse que se apoye decididamente algo que poco se conoce.
Al mismo tiempo, la oposición por parte de diversos grupos sugiere que no necesariamente ha existido un proceso participativo más amplio e incluyente durante el proceso de diseño de este proyecto –aunque siempre existe la oportunidad para hacerlo, ciertamente en administraciones anteriores tampoco los ha habido, y es probable que incluso se requiera crear los mecanismos para ello. Por ello, promover una mayor participación, especialmente de quienes pudieran verse directamente involucrados, permitiría reducir la incertidumbre; y, por ejemplo, la oposición de grupos ambientalistas eventualmente podría disminuir si se explicara en tiempo y forma la manera en que se pretende compensar un posible impacto ambiental; o bien, el rechazo por parte de locatarios podría ser menor si existieran alternativas claras para reducir posibles pérdidas económicas durante la construcción, así sea garantizando rutas de acceso a los comercios. Además, el gobierno podría movilizar un mayor apoyo si explicara y defendiera oportunamente los beneficios sociales, económicos o ambientales que esa nueva infraestructura pudiera generar; por ejemplo, en términos de posibles reducciones de emisiones contaminantes o un posible ahorro en tiempos de traslado para usuarios del transporte público.
Sin embargo, la implementación de la obra pública en Aguascalientes suele carecer de estrategias efectivas de participación, socialización y comunicación que permitan gestionar de mejor manera los diversos intereses. Además, las decisiones suelen basarse exclusivamente en procesos técnicos, rígidos e innegociables que frecuentemente impiden conciliar de manera creativa dichos intereses, en lugar de explorar opciones, alternativas y/o soluciones a conflictos latentes. En otras palabras, además del trabajo técnico en el que desde luego se requiere la participación de especialistas, el proceso de diseño podría invitar a los involucrados a explorar áreas de interés mutuo para alcanzar acuerdos ganar-ganar; por ejemplo, entre el mismo gobierno, ambientalistas y locatarios. Más aún, la participación podría no limitarse a cámaras empresariales o asociaciones de profesionistas –las cuales entendiblemente, y con derecho, representan a un grupo reducido de personas e intereses– sino que podría ampliarse para alcanzar a más interesados que pudieran oponerse o incluso respaldar y apoyar activamente el proyecto.
Esperemos que este proyecto realmente sea parte de un proceso más amplio, gradual y de corto, mediano y largo plazos orientado a mejorar la calidad del transporte público en Aguascalientes. Desconozco los detalles del proyecto, pero deseo que su diseño e implementación sean adecuados, y que los beneficios sean notorios para que realmente alcance su objetivo principal: mejorar las condiciones de movilidad de los usuarios. Esperemos también que la capacidad técnica y política del gobierno sea suficiente para implementar exitosamente un proyecto que en principio busca mejorar las condiciones del transporte público, algo urgente e indispensable en la entidad; los resultados estarán por verse.
[email protected] / @fgranadosfranco
De todas las incognitas planteadas la unica que se conoce con certeza, es que no habra Ciclovia en la Ave. Lopez Mateos.