- Esta semana, la concesionaria respondió al proceso de revocación iniciado a principios de agosto
- Se sigue apostando a que ambas partes lleguen a un acuerdo
La Concesionaria de Autopistas S.A. de C.V., responsable del libramiento carretero poniente, presentó al Gobierno del Estado un oficio con el objeto de detener el proceso de revocación.
El pasado jueves, el consorcio respondió al emplazamiento publicado el 3 de agosto del Periódico Oficial del Estado (POE) en el que aporta los elementos con los que a su juicio fundamentan el cumplimiento de las obligaciones previstas en el título de concesión, reveló el titular de la Secretaría General de Gobierno (Seggob), Enrique Morán Faz.
En entrevista colectiva, informó que los concesionario omitieron constituir un fideicomiso, exhibir garantía de cumplimiento, informar anualmente al gobierno estatal los avances en el proyecto, además de modificar la estructura accionaria sin dar aviso al Gobierno del Estado.
Inicialmente la vialidad fue concesionada a Cemex Concretos, Pavimento y Maquinaria, Grupo de Ingenieros Civiles y Arrendadores, Maquinaria e Ingeniería, K Grupo Empresarial del Centro y L.I. Desarrollos; pero durante el sexenio pasado, salieron y entraron accionistas, quedando actualmente a cargo de Grupo Profezac -con el 70 por ciento de las acciones-, L.I. Desarrollos y Pavimento y Maquinaria.
Los elementos que presentaron en esta contestación forman parte de un documento de 270 páginas y más 30 anexos, reveló el funcionario: “Ellos nos están dando sus argumentos, ahorita por respeto al debido proceso no vamos a hacer público el análisis hasta que lo concluyamos y oficialmente les contestemos (…). Esta semana tuvimos una reunión con los abogados que están participando en esta revisión, no hemos concluido todavía el análisis de todos los elementos y una vez que así lo hagamos y que validemos con los peritos respectivos las pruebas que ellos nos aportan vamos a emitir una resolución que se hará del conocimiento público”.
Tras la notificación del procedimiento, la Seggob dio 15 días hábiles para contestar y, a partir de la respuesta, el gobierno dio un plazo similar para responderles.
Enrique Morán dijo que se apuesta a que ambas partes lleguen a un acuerdo, ya sea para continuar el proyecto, o bien, para que se cancele a satisfacción de todos los involucrados, con el pago de una indemnización por los gastos que la obra ocasionó a los empresarios durante el tiempo de la concesión, con peritajes de por medio, “Tenemos dos condiciones: la apertura permanente al diálogo con los mismos concesionarios, ya sea para que hubiese una negociación de finiquito con esa concesión de compra de acciones, algún modelo de concluir la obligación con esta empresa en particular y volver a licitar la concesión en los términos que consideremos convenientes”.
La intención es que el proyecto se termine lo más pronto posible, de preferencia antes de que concluya la actual administración federal, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha participado en ese proceso.
El libramiento, concesionado en 2008, tiene más de diez años sin concluir y el tramo que falta de pavimentar tiene una longitud de 22.4 kilómetros que comprenden de la carretera 70 poniente a la carretera 45 norte, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.
