La empinada cuesta que Aguascalientes hubo de remontar para alcanzar la cima de los ahora 25 años de esquema concesionario con Proactiva Medio Ambiente-Caasa, llegará a su término jurídico, según pronunciamiento que la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel realizó el pasado lunes 3 de septiembre, en que habrá de prescribir el Título de Concesión en 2023, y que de él no pasará. Afirmó: “No es procedente la carta intención presentada con anterioridad”, en que Caasa dijera: “Es nuestra intención continuar prestando este fundamental servicio para Aguascalientes”, que signó su apoderado legal, Carlos Román Hernández. La voz de la presidente municipal fue inequívoca: “La empresa Proactiva Medio Ambiente Caasa puede ir haciendo sus maletas, Caasa se va y no hay marcha atrás”. (Fuente: La Jornada Aguascalientes, Carlos Olvera Zurita, Sociedad y Justicia. Caasa se va, pero hasta 2023, martes 4 de septiembre de 2018).
Se nos informa, también, que el PRI, PAN y CCEA apoyan esta decisión de la presidencia municipal, misma que la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, por voz de su presidente estatal Raúl González Alonso, matiza de la siguiente manera: “La decisión sobre la permanencia de Proactiva Medio Ambiente Caasa debe tener sustento técnico, jurídico y financiero, y no debe contaminarse con temas políticos”. (Fuente: LJA. Hilda Hermosillo Hernández, Pide empresariado no politizar discusión de Caasa. Política. Jueves 6 de septiembre de 2018).
Mensaje recibido. En los hechos, sí hubo voces estridentes amplificadas sobre todo en el medio radiofónico, La Mexicana, por voz del titular de su noticioso matutino, en que logró inducir el furor de sus radioescuchas, gracias a la intervención de una comedida señora que tildó a la alcaldesa de contar con gónadas y hormonas femeninas, en demasía. Tema al que diestramente se deslizó el conductor del noticioso. Y a partir de allí, las voces de los ciudadanos intervinientes en la transmisión continuaron agigantando estos atributos femeninos, supuestamente inherentes a la alcaldesa, pero distorsionados en su contraparte masculina; es decir, trasmutaron el estrógeno y la progesterona, en la testosterona; de la que supuestamente le falta a “ya sabes quién”. Bueno, esta divertida, pero denigrante desde mi punto de vista, fiesta de adjetivación ovocitaria continúo con la amenidad de la audiencia, y allí queda un testimonio de las pasiones que acarrea el por finiquitar esquema de concesión de agua potable y alcantarillado de Aguascalientes.
Obviamente, comienzan a surgir muchas dudas y preguntas sobre cómo habrá de ocurrir esta cesación de la traída y llevada concesión. Por lo que me permito hacer algunas menciones, memorias y precisiones, para que ojalá ayuden a alcanzar ideas claras y distintas sobre un tema de por sí complejo, y sibilino como una hidra de las mil cabezas.
Mención. Comencemos, por el nombre. Lo he dicho ya en anteriores entregas, El verdadero rostro detrás de la cara “anónima”, SA, de la concesionaria es el de Compagnie Générale des Eaux, empresa francesa, creada en 1853 para operar el servicio de agua potable y drenaje de la ciudad de Lyon, experiencia que data de 150 años a la fecha de la concesión.
Su corporativo reportaba, junto con sus filiales de ámbito internacional, servicios para el suministro de agua potable, a más de 50 millones de personas en el mundo, aproximadamente 25 millones en otros países (de los cuales 3 millones corresponden a la República Mexicana). Decía contar con 220,000 empleados en más de 70 países a través del mundo; sus ganancias -al momento de la concesión, 1996- sumaban 163 mil millones de Francos, equivalentes a 250 mil millones de pesos o 35 mil millones de dólares. En palabras de sus voceros, Jacques Coutelle y jean Michel Tiberi: “Tenemos la pretensión de poder ayudar mucho a México y hacer que aproveche la experiencia de nuestro grupo en operación de sistemas de agua”.
No llegaron solos, y quedan asociados al Grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados), creando en 1989 la empresa holding OMSA, dueña de la ahora Caasa y Saasa, operadoras en Aguascalientes y también en el Distrito Federal. (Ver: “Agua: desafíos y oportunidades para el siglo XX1, Memorias del Seminario Internacional sobre la Gestión Eficiente del Agua, Aguascalientes, 1996. Compilación: Claudio H. Vargas, Joaquín Sosa Ramírez. GOB-EDO-AGS.)
Memoria. Ya en el primer quinquenio de la década de dos mil diez, los nombres corporativos detrás de Caasa según su portal de internet, en que nos aparece reestructurada, bajo el nuevo apelativo Proactiva Medio Ambiente -Caasa-, dice pertenecer a este consorcio con sede en Madrid, España y que está respaldada por dos líderes mundiales: Fomento de Construcciones y Contratas, SA. y Veolia Environnement, en México que está asociada con el grupo Ingenieros Civiles y Asociados, ICA. El grupo francés, de previa existencia denominado Vivendi, S.A., data de 1853 y tiene presencia en más de ochenta países, ostentándose como líder mundial en servicios colectivos. Los que forman una férrea estructura corporativa que, desde mi punto de vista fue la que abdujo el contrato de concesión de Aguascalientes, bajo la novación de sus cláusulas, y refiérase específicamente a sus leoninos Anexos.
Memoria. Sigamos con los conatos de rescate por el municipio y el estado. Con motivo de la presentación del Plan Transexenal Hídrico, el día 8 de abril de 2013, el entonces gobernador del estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre, ensayaba de afrontar los riesgos del suministro de agua potable en las próximas dos décadas, al que calificó de estar en peligro; para lo cual se convida a la empresa española “Aguas, Residuos y Medio Ambiente”, representada por José Luis Pitarch Navarro, presidente general del consorcio, como posible instrumentadora de tecnología e intervención ingenieril para subsanarlo, con un costo proyectado de 1,500 millones de pesos.
Lance al que luego siguió la parte del oficio político, para entonces todavía muy desdibujado, suspicaz, blandengue y pusilánime que fue protagonizado por: 1) Uno, el PRD en un aviso del exdiputado Gilberto Carlos Ornelas y el regidor Iván Sánchez Nájera -a ver si era chicle y pegaba- de que se haría recurso a su co-gobierno con la presidencia y dirigencia local del PAN, para solicitar que termine la concesión del agua potable. 2) Dos, coincidente en la misma fecha, el pronunciamiento de Caasa deslindándose de los aumentos de la tarifa domiciliaria por el cobro del servicio, en la persona de Humberto Blancarte Alvarado, su gerente general, quien además argumenta que el (Ayuntamiento) municipio no está invirtiendo en la operación del sistema y cita en su favor el alza tarifaria de la electricidad, que representa el 23% del costo de la tarifa. Ambas posturas para intentar paliar la ira e inconformidad del gran público. Eso del alza tarifaria de la luz es un subterfugio para no desnudar el alza en el tipo de cambio de tarifas indexadas al dólar.
Precisión. Aquello del sagrado deber constitucional del Ayuntamiento de proveer los servicios públicos necesarios e indispensables para el bienestar de la población, quedaba así atado a un artilugio legaloide y técnico-financiero de indexación tarifaria al tipo internacional de cambio, sin conexión real y directa con los indicadores emergentes de la economía local.
Para ponerlo con una idea clara y distinta, la obligación constitucional del municipio mexicano es la provisión de dichos servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la población abierta toda; no caben restricciones, disminuciones, cuotas, entregas diferenciadas, tandas ni mucho menos cierres -nugatorios de la provisión del servicio-, por simple derecho humano fundamental.
Lo que realmente ocurrió es que nos globalizaron el pago de cuotas del agua potable, sin vinculación efectiva alguna con las variables locales de la economía real existente en la entidad, asunto que sí concierne y es competencia irrenunciable del Ayuntamiento, que es el gobierno colegiado del municipio. Siendo su presidente (alcalde o alcaldesa) su primer regidor y nada más. Gobierno que por definición, es el nivel más próximo, cercano e inmediato desde Lo Local, para una comunidad nacional. Y en esto pienso que reside la idea clara y distinta sobre la obligatoriedad constitucional municipal, intransferible e irrevocable.
Si regresamos a la corresponsabilidad del Concesionario, resulta elocuente como obligación, el renglón de Títulos y Anexos correspondientes: Primeramente, el “N”) Sujetarse al régimen tarifario que se apruebe en base a los mecanismos previstos en esta concesión, sus anexos y la Ley”, de la cláusula Décimo Novena. En segundo lugar, las tarifas autorizadas quedan detalladas en el anexo “F” de ésta concesión. Punto tres, (Numeral 3) Virtualmente, se desvinculan de obligaciones especiales exigidas otrora en el plan original, para la inversión en rehabilitación de las redes y en mejoramiento del uso y aprovechamiento de las aguas residuales recicladas, que quedan sujetas a condicionamientos jurídico-financieros de nivel federal, hacendarios y de factores negativos o restringentes de la esfera económica mundial.
Total que a la Concesionaria sí le valieron los subterfugios jurídicos para eximirse de las responsabilidades onerosas, sujetas además a la incertidumbre y vaivén de la economía globalizada. Si se buscan más razones técnicas, jurídicas y financieras para no “politizar” la cesación de la Concesión, no hay que voltear a otra parte, hay que leer con precisión y atingencia los jabonosos Anexos del propio Título concesionario, pues allí está precisamente la forma de abducción jurídica y financiera con que sustrajeron el derecho constitucional como beneficiarios a los ciudadanos de Aguascalientes. Ergo, si hay causas de extinción del malhadado contrato concesionario, amén de los citados haberes gonádicos atribuidos a la Alcaldesa o a la falta de tales para “tú ya sabes quién”, que tanto se aduce.
