Los compromisos adquiridos internacionalmente por México en la Declaración de Quito, y en el contexto nacional con la creación de la Sedatu en 2013 (con el presupuesto que maneja y el destino que haya tenido), la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el 2016, y los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018, (este claramente lo afirma “El suelo es el recurso más valioso y escaso de la ciudad, por lo que es indispensable gestionarlo en beneficio de la sociedad”); parecieran indicar un esfuerzo serio por revertir el desorden, con beneficios dirigidos, que ha operado en el crecimiento de las manchas urbanas en todo el país. Emanado de todo lo anterior han surgido sinfín de convenios de colaboración a todos los niveles de gobierno, incluyendo con organismos internacionales, estudios técnicos y manuales para la elaboración de instrumentos de planeación de calidad. El objetivo de estas iniciativas y documentos es revertir las causas y consecuencias de modelos de desarrollo urbano desordenado, uno de los elementos del espacio físico con más impacto en aumentar la brecha socioeconómica y la marginación de los grupos sociales en el país. Si bien cada ciudad grande o media en México tiene una historia particular sobre su desarrollo, en todas se puede encontrar la histórica transición entre una planeación urbana regida por el estado y la incidencia del libre mercado durante la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de éste. No siendo partidario de la concentración de poderes en el aparato estatal, basta decir que no hay en el país las bases sociales para aceptar con responsabilidad los costos que los otros controles para ordenar el desarrollo urbano y el territorio requieren.
La búsqueda de tierras accesibles cerca de elementos atrayentes de población ha ocasionado la invasión frecuente de áreas rurales. Producto de esto se han dañado o destruido tierras agrícolas valiosas, humedales, bosques y zonas costeras de importancia ecológica. Mientras en otras partes del mundo llevan a cabo esfuerzos titánicos para combatir la presión económica de los desarrolladores inmobiliarios, en el país los breves mecanismos con que contamos no alcanzan a rendir los frutos prometidos y esperados. Estos esquemas de control de la ciudad a nivel internacional se aplican a rajatabla, aquí las ciudades siguen rehenes de las mentadas inversiones. Algunos de estos esquemas de planeación, aplicados desde hace décadas, pueden tomar la forma de controles en la planeación a la densidad del desarrollo, incremento en las cuotas de desarrollo para urbanizadores, límites anuales a los permisos de construcción o disposiciones calendarizadas para programar temporalmente el desarrollo. Otro mecanismo que ha probado ser útil es la restricción de los servicios públicos y su distribución, aunque la aplicación puede ser truculenta, sobre todo a la luz de los derechos humanos.
Los detractores del control al desarrollo de las ciudades tienden a afirmar que estos mecanismos encarecen el precio de la tierra con el efecto consecuente de elevar el costo de las casas y dejando fuera un posible grupo de mercado necesitado de vivienda. En algunas ciudades, como Guadalajara, no parece haber una relación directa entre la oferta de vivienda y los costos de alquiler o compra; considerando la cantidad de casas habitación desocupadas para todos los rangos de ingresos, ¿qué provoca un mercado así? Si la oferta está sobrada, pero es inaccesible por los costos, vale la pena preguntarse qué empuja el ferviente desarrollo inmobiliario, la expansión de la mancha urbana, con el pretexto de las viviendas para el sector de menos recursos. ¿Son estos quienes se ven favorecidos? Más bien pareciera ser parte del mecanismo del desarrollo urbano-inmobiliario mantener costos tan elevados de manera artificial para seguir con el beneficio de la construcción sin control. Además, algunas cuestiones urbanas que requieren de un sustento técnico son resueltas en tribunales administrativos, reduciendo a esto algo que quedará en el espacio y tiempo de manera más o menos permanente, con impactos generalizados a la población, vía actos que frecuentemente han sido documentados como corruptos. Es claro que el sector es importante para movilizar una parte de la economía de la ciudad, pero de nueva cuenta, ¿dónde queda la incidencia del gobierno en desarrollar mecanismos que distribuyan de manera más equitativa la calidad de vida de la ciudad y sus beneficios derivados? Todos padecemos en una ciudad media o grande las consecuencias del desarrollo desordenado: congestionamiento vial, contaminación, aumento en índices delictivos, etc.
Uno de los elementos más recurridos para frenar o echar abajo un programa de reestructuración de las ciudades es la apelación a derechos adquiridos. Estos derechos adquiridos pueden, valga la redundancia, adquirir cualquier forma, según convenga los intereses del poderoso. El oprimido por este mecanismo resulta ser el municipio, pues el supuesto beneficio derivado del pago de licencias y prediales no le permite salir del círculo vicioso que genera costos elevadísimos por los impactos ambientales del desarrollo urbano sin supervisión, la dotación de servicios en áreas poco aptas y el control de daños en el tejido social.
Pensaría uno que el beneficio de los gobernados en su conjunto debe siempre regir sobre los intereses particulares. Garantizar y dar certeza jurídica en el derecho de propiedad y aprovechamiento de un bien inmueble no debe equivaler a mermar derechos a la salud, medio ambiente sano, ciudad equitativa, calidad de vida y otros tantos para los miles y millones de personas que son interesados legítimos del espacio construido y natural de los asentamientos humanos. Para llevar a cabo estos cambios en los paradigmas del derecho, será necesario presenciar un choque de trenes que siente precedentes a futuro. En otras ocasiones históricas los intereses particulares bien afianzados se han visto afectados por el estado. En determinado momento la legalidad de poseer un esclavo en la parte norte del continente se puso de cabeza, las consecuencias no se hicieron esperar; pues toda una estructura económica estaba construida sobre esto y generaba muchos beneficios y algo que a muchos en el medio del desarrollo inmobiliario les encanta mencionar y a otros tantos escuchar: la derrama económica. No obstante, bajo determinada perspectiva de futuro era claro que el proyecto era insostenible. Contamos ya con un paradigma de sustentabilidad desde hace una buena cantidad de años, los avances deberían ser más tangibles. Nos encontramos en el punto crucial para hacer evidentes las causas y consecuencias de un espacio que carece de responsabilidad colectiva, con formas físicas específicas de beneficio a individuos o grupos particulares. Pensando en un urbanismo de todos los que habitan la ciudad, es necesario integrar las visiones, evitar las perspectivas maniqueas y poner las cartas abiertas sobre la mesa. Sólo reconociendo los legítimos intereses de todos se pueden poner en una balanza, y elegir los que sean de mayor beneficio para el conjunto.
Corregir el rumbo no será factible solo desde el municipio, quien define y tiene autoridad sobre los usos de suelo en su territorio. Como en otros temas las atribuciones de esta unidad de gobierno rebasan sus posibilidades financieras y operativas. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano deja claro que es función y atribución del gobierno en sus tres niveles evitar la especulación con el suelo; sin embargo sin una dotación considerable de terrenos y un lugar que cada vez se ve más reducido en el mercado inmobiliario, ¿cuál es la capacidad real de los diferentes niveles de gobierno para incidir y regular el precio del suelo? Bajo este esquema de eliminación de pasivos en el gobierno, cómo podrá proveer de vivienda en alquiler enfocada a los grupos más vulnerables, que no lo generarían una renta, pero que son los más necesitados de condiciones, ya no digamos de vivienda, sino de ciudad digna.
Los estados también tienen atribuciones para regular y distribuir los sectores económicos en su territorio, pero el terreno de la planeación y el crecimiento de las ciudades es a todas las luces más un terreno de golpeteo político entre municipios y gobiernos estatales a falta de salvaguardas para que se mantenga una línea específica de ordenamiento ecológico y territorial; como si el entendimiento técnico estuviera reservado para unos cuantos iniciados y fuera incuestionable. El fortalecimiento de grupos de la sociedad civil que puedan hacer aportaciones técnicas debe ser también una política de gobierno, son estos grupos quienes vigilan y dan seguimiento a las iniciativas de planeación de gobierno. Los esfuerzos por remediar la ciudad típicamente enfrentan a una sociedad civil difusa con élites bien organizadas de intereses altamente concentrados. Encima de todo esto debe superarse la competencia entre gobiernos locales que genera el buscar una posición más atractiva para inversionistas y desarrolladores, pues esto va en detrimento de una planeación acorde con las necesidades reales de la población local y las aptitudes y potenciales que tiene el territorio para quienes lo aprovechan.
