Fosas clandestinas, cuerpos mutilados, ejecutados, balaceras en zonas concurridas, violaciones contra menores, asesinatos, robos… todo ello forma parte del escenario en el que millones de mexicanos estamos parados y al que ya estamos acostumbrados.
Todos los días nos enteramos o somos testigos de hechos de inseguridad en el país, pero particularmente en nuestra entidad las cifras crecientes de actos ilícitos que ocurren algunas veces muy cerca de nosotros, nos llevan a reflexionar sobre la complejidad de este problema que muy difícilmente podrá solucionarse en el corto tiempo o con la buena voluntad de quienes habrán de dirigir al país.
Actos en los que hasta los niños están involucrados, son historias diarias que nos permiten evaluar la pérdida de valores tremenda que está enfrentando la sociedad por un lado, pero que dejan a la vista de todos la ineficacia en el actuar de los elementos de las distintas corporaciones de seguridad desde los municipios y hasta la Federación.
Esta semana se dieron a conocer cifras respecto de la incidencia de los principales delitos que se cometen en Aguascalientes. De acuerdo a la información que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del año, los delitos del fuero común denunciados ante la Fiscalía de Aguascalientes crecieron en un 33.4 por ciento con respecto al mismo período del 2017.
De los delitos que sufrieron el mayor incremento destaca el narcomenudeo, que se disparó en más del 86 por ciento; le sigue la extorsión que reporta un incremento de casi 60 por ciento; en tanto, las lesiones cometidas aumentaron un 42 por ciento.
Los robos, en todas sus modalidades, subieron de un año a otro en dos mil casos, lo que supone un aumento del 24 por ciento. En tanto el homicidio doloso experimentó un aumento del cinco por ciento.
Es así que Aguascalientes se coloca en el primer lugar entre las entidades federativas con mayor tasa de lesiones dolosas por cada cien mil habitantes; segundo en robo a negocio, tercero en robo a casa y extorsiones, cuarto en robo de vehículo, sexto en narcomenudeo y décimo en violaciones sexuales.
Más dramática que estas cifras, es la respuesta de la autoridad competente a la población que, cansada de enfrentar una y otra vez a la delincuencia, decide interponer sus denuncias correspondientes, para enfrentarse a una realidad de lagunas legales que llevan a procesos interminables o poco viables en la solución de sus problemáticas.
Y es que dejando de lado el tiempo que cada proceso lleva, a veces el mismo personal de estas instancias desaniman a la población para que no continúen con su querella incluso hasta por razones de seguridad de los propios quejosos y sus familias.
Qué lejos quedaron aquellos días en los que nuestra entidad gozaba de una relativa paz social, en los que las estadísticas nos posicionaban como uno de los estados más seguros para vivir, en donde el nivel de percepción respecto del actuar de los elementos de seguridad era más o menos aceptable.
Una sola persona, por más buena voluntad que tenga, no podrá acabar con este problema, hacen faltan muchas voluntades y sin duda nuevas estrategias que ayuden a acabar con la corrupción en las instancias de gobierno. Hay que mejorar la condición económica de las familias para alejar a los más vulnerables de las tentaciones que enfrenten para decidirse a delinquir.
Finalmente, nosotros como ciudadanos debemos coadyuvar a que esto acabe, hacer las denuncias, enfrentar y exponer a quienes cometan actos ilícitos y a los que abusen de su autoridad, exigir un mejor actuar de los responsables de la seguridad y participar al mismo tiempo en programas de vigilancia vecinal.