50 lineamientos de austeridad de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador presentó 50 lineamientos de austeridad con el que su administración buscará realizar una serie de reformas centradas en el combate a la corrupción. Las medidas incluyen la disminución del gasto en publicidad oficial, eliminación de seguro médico para altos funcionarios, la cancelación de pensiones a los expresidentes de la República, y que se dejará de usar la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno mexicano, entre otras:

Se reformará el artículo 108 de la Constitución para que el Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y relacionados con actos de corrupción.
Quedarán suspendidos todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos.
Se reformará la Ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.
La Fiscalía General contarán en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna alguna de la Presidencia y sus prácticas se apegarán al principio de Derecho liberal, según el cual: “al margen de la Ley nada, y por encima de la Ley nadie”.
La Fiscalía Electoral garantizará que las elecciones sean limpias y libres. Prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público o de bienes para favorecer a partidos y candidatos. Perseguirá cualquier tipo de fraude electoral.
La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitirá, en ninguna circunstancia, que prevalezca la impunidad. Podrá actuar con absoluta libertad, y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trata, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. “Un buen juez por la casa empieza”.
Todos funcionario deberá presentar su declaración de bienes, patrimoniales, y de sus familiares cercanos. Esta información será publicada y transparentada en todos los casos.
El presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.
No habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios.
No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de Gobierno. “En algunos casos, sobre todo en los gobiernos que han habido, se hacen esas compras nada más para robarse el dinero, para el moche, para sacar provecho en lo personal”.
No habrá más de cinco asesores por Secretaría en el Gobierno Federal.
Sólo tendrán secretarios particulares los secretarios del Gabinete o equivalentes.
No habrá bonos ni otras canonjías.
Los gastos de viáticos se limitarán a los indispensable.
Se suprimirá toda partida para gastos médicos privados.
No habrá caja de ahorro especial, es decir, dejará de existir la partida conocida como “Seguro de separación individualizada”.
No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida correspondiente se limitará a lo indispensable.
Serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
Con excepción de los funcionarios directamente relacionados con la aplicación de políticas de seguridad pública, ningún otro contará con guardaespaldas.
Todos los programas y estructuras duplicados, oficinas mayores, oficinas de prensa, las funciones o programas correspondientes se centralizarán en una sola unidad o coordinación. No van a tener los secretarios oficinas para prensa, es una sola.
Se reducirá por eso en un 70 por ciento todo el personal de confianza.
Se reducirá a la mitad los sueldos de los funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales.
Nadie podrá usar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros del Gobierno Federal. Se conservará únicamente los vehículos aéreos a la seguridad, a la protección civil y a las ambulancias aéreas.
Quedarán canceladas las pensiones a los expresidentes de la República.
Quedará prohibida la utilización de vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos particulares.
Los funcionarios públicos tendrán prohibida la contratación de familiares.
Los trabajadores de confianza trabajarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
No se podrá asistir al trabajo en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas.
Se reducirá en 50 por ciento el gasto en publicidad del Gobierno.
Se prohibirá a los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía, y de otras áreas que convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes, con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores, o inversionistas vinculados a la función pública.
Ningún funcionario público podrá ocupar a trabajadores al servicio del Estado, si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello.
Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos, o estacionarse en lugares prohibidos.
No se adquirirá ninguna mercancía de la que haya existencia suficiente en los almacenes públicos.
No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y los subsecretarios.
Las policías o los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación.
El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional y se ocupará de tareas de protección, de vigilancia de espacios públicos, instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos.
La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.
Desaparecerán las partidas para vestuario para cualquier acto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares.
Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas. El sistema de inteligencia del Gobierno estará exclusivamente dedicado a la prevención de delitos, al combate a la delincuencia y a la preservación de la seguridad nacional.
Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. Uno tiene que cuidar los bienes comunes, colectivos.
Se evitarán gastos innecesarios de oficinas y se ahorrará electricidad, agua, telefonía fija y móvil, internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.
Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas y en cualquier lugar donde los identifiquen.
Las compras del Gobierno se hará de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de Transparencia de la ONU.
Lo mismo los contratos de obra del Gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y observadores de la ONU.
No habrá partida en el presupuesto a disposición de diputados y senadores. Se acabará la vergonzosa práctica de los llamados moches.
Ningún funcionario público podrá recibir regalos que su valor exceda los 5 mil pesos.
No se autorizará la contratación de despachos ni consultores o asesores externos para elaborar proyectos de Ley, planes de desarrollo, informes de labores, o cualquier tipo de análisis, redacción o recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.
En las relaciones comerciales, financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción.
Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentismo, la corrupción y que causen daño a la Hacienda Pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión y a tribunales nacionales o internacionales.