Rumores. Al parecer las condiciones están dispuestas para que pueda avanzar la integración de los organismos que coadyuvan al funcionamiento de Sistema Estatal Anticorrupción, en radio pasillo corre el rumor de que el Comité Ciudadano Anticorrupción de Coparmex se reunió con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para ofrecerles apoyo a fin de que cuenten con un espacio para que puedan sesionar y convocar, por fin, a la integración del Comité Coordinador. Si bien la selección de los integrantes del CPC fue impugnada, y en el Poder Judicial del Estado no ha avanzado la resolución al respecto, se hizo del conocimiento del presidente del mismo, José Guadalupe López Ramírez, que no aplicaba la definitiva suspensión al ejercicio de sus funciones, pero desde marzo que no convoca a sesiones con el resto de los integrantes, por este supuesto. Lo cierto es que el problema de corrupción es el pan de cada día en nuestro país, es de lo que más adolece la sociedad, y por más que todos pretendan tomar este tema como bandera política, no hay planteamientos claros para resolverlo; falta voluntad para que en el estado se dé seguimiento a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que va para dos años de su promulgación.
Quejas. Ante los medios de comunicación se quejó la candidata a diputada por el Distrito X, Karla Guardado, de la supuesta campaña sucia que la oposición está ejecutando en su contra, al señalar que en las colonias Altavista, La Soledad, La Barranca, Unidad Habitacional Guadalupe Posada y Miravalle les han reportado que la publicidad que han colocado se las quitan. La aspirante al Congreso local señaló que más que la lona, que dijo, hasta el momento cuenta 100 las que les han sido retiradas, temen por la seguridad de las familias que han permitido la colocación de esta publicidad en sus domicilios, por lo cual exhortó a sus contrincantes a llevar un proceso electoral en absoluto respeto y procurando la paz. Y también se quejó el candidato del PRI a diputado federal por el Distrito I, José Carlos Lozano, este presentó dos quejas ante el Consejo Distrital II por la presunta intromisión del gobierno municipal en la elección, de acuerdo con información del INE. La semana pasada, el hijo del exgobernador Carlos Lozano acusó a la administración de María Teresa Jiménez de tener las manos metidas en la contienda al final del debate organizado por Coparmex y dijo tener pruebas de que funcionarios han estado apoyando actos proselitistas de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, incluso echando mano de vehículos utilitarios oficiales. El priista dijo haber solicitado doce oficialías electorales al INE y amenazó con denunciar ante la Fepade si no procedía en instancias locales, con tal de prevenir una elección de estado.
Pausa. Mucho da para la reflexión la declaración de la activista Angélica Contreras respecto que de la mano con las nuevas leyes electorales que garantizan la paridad de género, que al mismo tiempo que abre las puertas a la participación de las mujeres en términos de igualdad numérica desataron la violencia en contra de las candidatas. Una vez saltada esa brecha, ahora las candidatas deberán sortear en mayor medida la violencia política de género, especialmente en las redes sociales, mismas que por cierto en tiempos electorales hacen su aparición nuevas páginas en la internet y en Facebook principalmente, mismas que al parecer, una de sus principales tareas, además de publicar los boletines de las campañas de quien les pague, es el denostar a las mujeres que participan en la contienda electoral, pues además con sus post incitan a que los lectores hagan señalamientos por demás vulgares y ofensivos. Lo anterior hace urgente un pronunciamiento firme del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, donde en este momento se analiza una demanda interpuesta por una candidata de Movimiento Ciudadano sobre violencia política de género, y aunque la resolución no se espera en positivo, dado que los magistrados evidentemente adolecen de dictaminar con perspectiva de género, la expectativa es de al menos realicen un llamado que contribuya a detenerla.
Miedo. Acompañado del cartel oficial de la XVII Marcha del Orgullo LGBTTI+ ayer la agrupación Movimiento Disidente de Aguascalientes, que estuvo en un tiempo encabezado por Efraín González Muro, quien hoy está en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), publicó en su página oficial de Facebook, el siguiente mensaje: “Compañerxs les compartimos el cartel de la marcha, el año pasado que colaboramos con estas organizaciones tuvimos que ponernos a la mitad de la calle y reclamarle a los policías para que la cierren a tiempo, son los mismos que organizaron la marcha donde mataron a nuestro compañero así que ya van dos veces que no cierran con puntualidad la calle”, seguido del cual advirtieron que no participarán en la marcha aparentemente hasta que las condiciones de seguridad no estén garantizadas luego de que en la edición de 2016 fuera atropellado Luis Fernando Ferra Aguilar, pero habría que preguntar a los miembros de Disidente, quienes fueron galardonados en 2016 con el Premio Estatal de la Juventud por el entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre, si el reclamo no debería hacérsele más bien al municipio y también, por supuesto, preguntar al municipio administrado por María Teresa Jiménez Esquivel, si se dotará de medidas de seguridad adecuadas a la marcha.
Rápido y furioso respondió Alberto Elías Beltrán, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) tras el fallo emitido por un tribunal en el que se ordena que, en el caso Ayotzinapa, se reponga el procedimiento y se cree una comisión de la verdad: “No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”, indica el comunicación de prensa que la PGR envió después de que los magistrados establecieron que la Procuraduría no fue “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, Alberto Elías Beltrán precisó que respecto a las acusaciones de tortura para obtener confesiones de imputados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se tienen abiertas carpetas de investigación “en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul”, aseguró también que las investigaciones de la PGR continúan y se abordan diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, además de tomar en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, otros organismos internacionales ya habían denunciado anomalías similares en el desarrollo de la investigación, el fallo del tribunal exhibe a la PGR e indica que las acusaciones de la Procuraduría son insostenibles, por lo que más allá de la queja el procurador Alberto Elías se tendrá que revisar la investigación de manera autónoma e imparcial, justo por esa Comisión de la verdad que “quedar conformada en un plazo no mayor a diez días naturales” y estaría compuesta por representantes de las víctimas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por oficiales ministeriales federales… Duro golpe a la verdad histórica.
La del estribo. Hay que “sacudir a las corporaciones; apretar y exhibir qué corporaciones no están haciendo la tarea, porque ahora con tanta salida que últimamente estoy teniendo en las colonias, el problema es que no se ven las patrullas. Entonces meteremos una responsabilidad compartida de las alcaldías, porque quien debe dar la mayor vigilancia y rondines son ellos, los presidentes municipales, y por delante la corporación estatal”, duro, muy duro Martín Orozco Sandoval con los alcaldes, a quienes acusa de que no han cumplido con su responsabilidad de procurar la seguridad pública en los municipios a su cargo, y tiene razón, aunque, no faltan a la verdad quienes reclaman que ya ha pasado una semana sin que se designe sustituto de Sergio Alberto Martínez Castuera al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado… a eso sume los tiempos electorales, tormenta perfecta, el osito Bimbo nos agarre confesados.
@PurisimaGrilla