- Consideran que la nueva ley les exige mucho con pocos derechos, por ello recurrirán a las instancias legales como el amparo
- Se quejan de que fueron consultados muy pocas veces por los diputados de la Comisión de Transporte
Minutos antes de ser votada la Ley de Movilidad en el Congreso del Estado, integrantes de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa) se presentaron al Palacio Legislativo para solicitar que fuera pospuesta la aprobación de esta, por no estar de acuerdo en los puntos relacionados al fideicomiso y otras obligaciones de los transportistas, además de la apertura a otros empresarios para ofrecer el servicio.
Antes de la entrevista con los medios de comunicación los concesionarios sostuvieron una breve conversación con el vicecoordinador de la bancada PAN-PES, Gustavo Báez Leos, quien fungió como el representante promotor de la propuesta de la Ley de Movilidad por parte del Ejecutivo, con la intención de que la aprobación de esta se pospusiera, lo cual evidentemente no sucedió.
“El gobierno quiere tener la caja chica de lo que nosotros subsidiamos, pero ellos no ponen ni un peso”, señaló Manuel de la Cruz Ricalde, vocero de Atusa, quien externó que la queja principal es el manejo de los recursos, dado que la autoridad estatal pretende imponer una empresa de prepago que maneje su dinero e inmiscuirse en lo que es su negocio y su dinero, además de considerar que el fideicomiso debe ser manejado y repartido únicamente entre los concesionarios de transporte público, según sus necesidades.
Negó que hayan tenido varias reuniones con la Comisión legislativa de Transporte Público, al contabilizar únicamente tres, de tal forma que desconocen el dictamen en su totalidad y a punto de ser aprobado, y para ello solicitaron una reunión con el diputado Báez, misma que no se concretó por haber sido cancelada de última hora.
Manifestó que la Ley de Movilidad establece obligaciones, más no derechos a los concesionarios, incluso nunca se negoció nada con ellos y esporádicamente fueron recibidos por los diputados de la comisión que coordinó el análisis.
“Nosotros no estamos en contra de un cambio, ni de una modernidad, estamos de acuerdo pero que sea transparente el cómo vamos a repartir los recursos, que nosotros los manejemos porque somos los prestadores del servicio y somos los que vamos a invertir y ellos quieren contratar las empresas de prepago, ellos quieren dispersar los recursos cuando son de nosotros, debemos saber cómo los vamos a repartir”, expuso el representante de los concesionarios del autotransporte urbano a la vez que consideró que la empresa de prepago que utilizarán los usuarios, deberá ser elegida por ellos, para dar garantía de que no se llevarán su dinero.
Manuel de la Cruz advirtió que en caso de que no haya un acuerdo parejo, al no haberse dado un consenso adecuado, se recurrirá a instancias legales como el amparo.
