Es incapaz el Congreso de evitar posibles ecocidios en Aguascalientes

• Puntos de acuerdo son como “llamadas a misa” y la bancada mayoritaria no apoya el llamar a comparecer a funcionarios públicos
• Delicado que el gobernador no se pronuncie en el caso de Cobos, como ya lo hizo la alcaldesa capitalina

El Poder Legislativo no tiene el poder de detener que se destruyan zonas naturales en el estado como La Pona o el Bosque de Cobos, pues los puntos de acuerdo que se puedan emitir son como “llamadas a misa”; tampoco pueden llamar a funcionarios a comparecer porque la bancada mayoritaria no lo aprueba, expuso el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Augusto López Ramírez, al destacar las limitaciones que los diputados interesados en tratar de evitar que se cometan nuevos ecocidios en el estado.

Expuso que la ley permite que se obtengan fácilmente permisos de cambio de uso de suelo en aquellos espacios donde existen árboles inducidos, tales son los casos de los pasos a desnivel, pues se tratan de aquellos lugares donde no salieron de manera natural, sino que el hombre plantó y que luego son señalados como especies no endémicas; lo que representa una gran debilidad porque la ley lo permite, provocando un daño irreversible.

El también presidente local del PVEM señaló que ahora lo que es posible hacer es presionar en la compensación que van a hacer, pues hablar de la “precaución” es ya inútil por la forma tan burda en la que los quitaron, además de hacerlo durante la noche para no recibir ninguna observación por parte de la ciudadanía.

Al hablar de los daños por la construcción de pasos a desnivel al norte de la ciudad, los señaló como casos ya muy difíciles de revertir, aunque al referirse a La Pona y el Bosque de Cobos, en donde es posible presionar para que no se otorgue el cambio de uso de suelo.

López Ramírez aplaudió que la alcaldesa del municipio capital haya decidido defender esos temas, aunque también sería importante que el gobierno estatal se pronunciara al respecto, pero el gobernador no lo ha hecho hasta ahora, en especial respecto al bosque de Los Cobos, lo que consideró como algo delicado.

Al ser cuestionado el diputado respecto a las atribuciones que tienen desde el Legislativo para detener los posibles ecocidios, Sergio Augusto López externó que les es posible emitir puntos de acuerdo, pero son como “llamadas a misa” a los que nadie hace caso y si llama a comparecer a los funcionarios, estos no acuden.

Aseguró que ante las propuestas de llamar a algún funcionario a que comparezca ante el Congreso en este o algún otro tema, de inmediato la bancada mayoritaria no apoya para que así sea.

“Estamos en estado de indefensión, hay quienes hacemos todo lo posible pero no alcanza para detener este tema”, externó el verde ecologista.

Manifestó que cuando se trata de un cambio de uso de suelo forestal, ahí sí es posible encontrar varios elementos para sancionar, pero en los casos de árboles derrumbados por construcción de obras públicas no, pues en esos casos no es la Semarnat la que autoriza, pues el permiso viene desde la Ciudad de México.

Debido a que los casos de La Pona y Bosque de Cobos son suelo forestal que pertenece a particulares aún es posible lograr algo, ya que la responsabilidad está en manos de la delegación de la Semarnat.

Recordó que en la consulta pública que realizó en recientes fechas la Semarnat, la sociedad se pronunció en contra de la construcción de un desarrollo habitacional en Los Cobos, y aunque puedan desestimarlo y digan que no es vinculatorio deben considerar las voces que ya se escucharon.

– El peligro ahora es que traten de corromper al delegado- manifestó el diputado.

– ¿Es corrompible?

– Creo que sí, porque parece que está más a favor de ellos, no de la ley, de ellos (los fraccionadores), la función de la Semarnat es prevenir que no se haga, no que sí, y eso lo pierde de vista un delgado como el que está ahora, a pesar de que hay muchos elementos para negarlo.

Apuntó que a pesar de que el proyecto de construcción de vivienda en Cobos tiene todo en contra, desde los puntos de vista ambiental, legal y político, lo único que se puede inferir es que existe corrupción para echarlo adelante y que ya recibieron algún beneficio los que están a favor.