- No descarta Canacar que pudieran ser producto de ilícitos cometidos en estados circunvecinos
- Quienes acceder a la compra de este producto incurren en graves delitos
Ante la captura que se registró el pasado jueves en la entidad de personas que se presume trasladaban combustible robado, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en el estado, Roberto Díaz Ruiz, consideró lamentable que se den este tipo de hechos por lo que no descartó que se trate delitos cometidos en estado s circunvecinos y que los presuntos responsables fueron detectado por las autoridades en Aguascalientes.
Según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se detectó dos unidades con más de 64 mil litros de diésel robado, los conductores de las pipas fueron detenidos mientras circulaban por la carretera 45 norte e informaron a la autoridad que presuntamente el destino del combustible ilegal era la planta de cementos Cruz Azul ubicada en el municipio de Tepezalá.
El dirigente estatal de Canacar, dijo que es importante que se aclare si verdaderamente es robado el producto que localizaron en el estado; “hay que dar el beneficio de la duda porque inclusive se menciona una empresa muy importante aquí en Aguascalientes y que yo dudo que de alguna manera esa empresa con presencia nacional e internacional se haya visto involucrada en ese tipo de cosas”.
Exhorto a las instancias competentes a que se investigue el hecho; pugnó porque la Fiscalía del Estado lleve a cabo las pesquisas necesarias para que se determine si hay en Aguascalientes tomas clandestinas de combustible a fin de acabar con este delito que perjudica a todos los usuarios; no obstante recalcó que pudiera darse el caso de que sea producto de un ilícito cometido en otra localidad, ya que en el estado hace años que no se tiene registro de este hecho, mientras que en Guanajuato, se detectan al menos cinco tomas clandestinas por día por parte de Pemex; “estamos dentro de esa zona de influencia que pudiera ser también si se hubiera cometido la sustracción (…) y si tienen que ver los involucrados con alguna autoridad o con personal de la paraestatal, las penas son muy muy grandes y ojalá que eso se radique de nuestro estado si es que ya tiene presencia aquí”.
Agregó que es fundamental que la población no participe en este tipo de ilícitos, ya que con el incremento de combustible es fácil caer en ofrecimientos de este producto por un costo mucho menor, sin embargo, su adquisición no contribuirá a que los precios se regulen, por el contrario, quienes acceden a este tipo de transacciones se involucran en delitos graves; “acabaría con la vida de cualquier empresario que lo haga o de cualquier trabajador que se preste para ello, hay penas que van hasta los 32 años de cárcel para quien se ve transportando, almacenando, vendiendo o comprando ese tipo de productos”.
Reiteró que no hay justificación para operar en la ilegalidad con la venta de combustibles, por lo que conminó a quienes se dedican y a los empresarios que depende de este suministro para operar, a que se conduzcan con eficiencia y procuren ahorros de otros modo que les permita actuar dentro del marco legal; “deben tratar que el negocio siga operando, pero no cometiendo un delito porque esto es ya un delito grave, un delito federal y las consecuencias para quien se ve involucrado en esto son muy graves y muy fuertes”.