- Era urgente dar más equidad a los cobros al DAP
- Importante la defensa que haga el municipio de Aguascalientes de su ley
Nuevo esquema para el cobro del Derecho de Alumbrado Público, mejor conocido como el DAP, ya se utiliza en otros municipios del país y no se legisló como una ocurrencia, sino en total comunicación con el municipio capital, señaló el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Jaime González de León, respecto a los 600 amparos que al momento se han tramitado y que en conjunto tienen un valor de 25 millones de pesos.
Consideró importante la defensa que haga el municipio de Aguascalientes de su ley, pues en caso de que pierdan los amparos que recibió recientemente a la modificación por el cobro del Derecho de Alumbrado Público, estos llegarán en cascada; por eso es necesario esperar el impacto.
Recordó que en un inicio se planteó como parte de la Ley de Ingresos del municipio de Aguascalientes con vigencia de este año, pero luego se concretó en una reforma de ley, con una modificación en lo particular.
“Amparos siempre van a haber cuando hay modificaciones de ley, y más en el DAP cuando en los últimos años eran cada vez más los que se reunían en el municipio capital, aunque en los últimos años lo recaudado ya no alcanzaba para el propio alumbrado público; entonces era urgente una modificación”, externó el diputado panista.
En su experiencia como tesorero municipal, señaló que ya era necesaria una reforma en este sentido, de tal manera que los amparos recientemente interpuesto son por la modificación a la ley, y ahora resta esperar la manera en la que se habrán de resolver por la autoridad competente, pues de ser de manera positiva, pondría al municipio en una situación en la que difícilmente le podrán ganar recursos derivados del DAP; lo cual sería un aspecto importante para ellos en el tema de las finanzas, al ser millones de pesos los que tienen que regresar año con año por el tema de los amparos.
Anterior a la reforma de ley se cobraba el diez por ciento sobre la facturación, con lo cual más que por un derecho éste se convertía en un impuesto, al representar una tasa directa, de tal forma que se convertía en una situación de inconstitucionalidad en los caso, por ejemplo, en que alguien tuviera dos casas, una tuviera un alto consumo de luz y la otra no, y al final de cuentas ambas tenías el mismo derecho de servicio de alumbrado público, pero a la hora de pagar, la de consumo mayor pagaba más DAP.
Con la modificación del ley se integraron tarifas que tienen que ver con aspectos comerciales, industriales, domésticas entre otras, para que no paguen todos con base en el mismo criterio, sino en sectorizaciones a fin de que el cobro por el servicio sea más justo; algo parecido al cobro del servicio del agua donde las tarifas son diferenciadas para la industria que para casa-habitación.
