Martín Jáuregui no fue un ombudsman improvisado

 

• Deja una Cedha con avances en el combate a la tortura, violaciones a derechos humanos y respeto a la diversidad sexual
• Consideró poco favorable la tipificación del feminicidio como delito autónomo, al vulnerar el que se exonere a los responsables

 

“Terminado el trabajo, retírate en silencio”, así se despide Jesús Eduardo Martín Jáuregui. este lunes asume la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Asunción Gutiérrez Padilla; luego de cuatro años de estar al frente de la instancia, el ombudsman logró posicionarla como una institución fundamental para el bienestar de la ciudadanía, que fuera su aliada en el combate a la tortura y violación de los derechos humanos.

Martín Jáuregui no estuvo improvisado en el puesto, ha dedicado su vida a la defensa de las garantías individuales de las personas, y en su currículum pesan importantes logros en materia, por lo que la conclusión de su periodo en la Cedha no significa el fin de su lucha porque se respeten esto derechos, ahora desde otra trinchera.

En 1988 se creó por decreto del gobernador en turno, Miguel Ángel Barberena Vega, la Procuraduría de Protección Ciudadana, figura similar a los ombudsman o a las comisiones de derechos humanos; aunque dependía directamente de la Secretaría de Gobierno, ya tenía la función de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos a través de un consejo ciudadano que estaba formado por 24 representantes de la sociedad civil electos de una manera que hubiera representación de prácticamente todas las áreas.

Desde entonces, el maestro ya participaba en esta defensa al ser designado como consejero ciudadano, por lo que hace cuatro años, cuando se presentó la posibilidad de encabezar la Cedha asumió el reto; “me di cuenta desde mi perspectiva que habíamos pasado algunos años en que la Comisión no se había sentido, no estaba en el ánimo de la ciudadanía, no estaba tampoco en los medios, no tenía una presencia fuerte, y por casos particulares en los que tuvimos que acudir a la Comisión, por gente que se nos acercó a pedir alguna recomendación, me di cuenta que no tenía el peso que yo pensé que debería tener”, señaló.

Por ello consideró la posibilidad de postularse para la Comisión, para lo cual recurrió al apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil para las que estaba trabajando, como Aguascalientes Gran Visión, la Universidad Panamericana campus Bonaterra de la cual fue fundador, así como de la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes de la que también se puede considerar parte de los iniciadores, ya que fue maestro desde antes de que se transformara en universidad; se allegó también de grupos de la sociedad civil como Ciegos Progresistas y algunas cooperativas que había apoyado; el Congreso del Estado lo favoreció en las votaciones, con un participación significativa, no sólo de los diputados del grupo mayoritario que entonces era el Partido Revolucionario Institucional, sino también del PAN y PRD.

Los antecedentes de trabajo de Martín Jáuregui eran valiosos; su desempeño por muchos años en la UAA, donde había promovido cursos en Extensión Universitaria como La Defensa de los Particulares frente a la Administración Pública; la maestría en Derecho Fiscal; así como la promoción de un amparo que con dos compañeros interpuso contra el aumento del 10 al 15 por ciento en el IVA; platicó a La Jornada Aguascalientes que el caso fue curioso, porque se presentó en contra del entonces presidente de la República y el Congreso de la Unión, se fue a la Suprema Corte que prácticamente lo desechó, pues lo sobreselló con una resolución que dice que si te quejas como último consumidor, no tienes por qué hacerlo porque no estás pagando impuestos sino precios; si te quejas como intermediario, tampoco tienes razón porque eso lo trasladas al consumidor, “entonces no había como pelear”, reconoció.

“Soy aprendiz de abogado, he aprendido muchas cosas, me quedan muchas por aprender, y campo que me preocupaba mucho, especialmente este de los derechos humanos, porque mi especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México es en Derecho Constitucional y Administrativo, de manera que, del lado de las garantías individuales, es una preocupación constante”, afirmó a pregunta expresa sobre su sentir terminado su periodo al frente de la Cedha.

Consideró un trabajo muy gratificante el que pudo realizar en esta encomienda, que si bien le dejó mucho conocimiento, lo mismo fueron preocupaciones porque es una ocupación desgastante, tanto por el enfrentamiento excepcional con las autoridades, más aún en la lucha contra los prejuicios, paradigmas, creencias y supuestos de mucho arraigo en la sociedad.

 

Ombudsman estigmatizados como defensores de delincuentes; no son atendidas sus recomendaciones por las corporaciones policiacas

Dijo que como ombudsman se ha tenido que enfrentar al paradigma de que se les catalogue como que sólo defienden delincuentes, lo cual aseguró no tiene fundamento, pero es una representación social que cuesta mucho cambiar. “Decía José Ortega y Gasset que las creencias nos tienen, nosotros tenemos a las creencias, a las ideas, entonces yo puedo cambiar de ideas fácil, pero de creencias no, están metidas en mí; creo que eso fue lo más complicado y la tarea que nos queda pendiente a los ombudsperson en general, trabajar sobre estas representaciones sociales”.

Ante esto apuntó que, si se compara las sanciones que Asuntos Internos de la Policía Municipal aplicó durante el año pasado, en comparación con el número de recomendaciones que se hicieron desde la Cedha son pocas, no hay comparación, por lo cual consideró que no es justificado decir que porque Derechos Humanos interviene, los policías se niegan a trabajar o tienen temor de actuar o que se sientan presionados. Aunque reconoció que la instancia policial no tiene la facultad, sobre todo en asuntos delicados, de hacer recomendaciones generales en este sentido, de las cuales es mayor el número en la Cedha.

Entre éstas, el ombudsman precisó que no se ha cumplido el que los policías no se tapen la cara, que no porten máscaras o pasamontañas, mucho menos cuando están haciendo recorridos de vigilancia, lo cual se podría justificar en un operativo específico contra un grupo peligroso, no así en sus labores cotidianas de procuración de justicia y seguridad. “Eso no debe ser, la policía es un servicio público y el ciudadano debe poder identificar perfectamente al servidor público que se le acerca y que le llama la atención por una falta administrativa o que pretende detenerlo por la comisión de un delito. Tengo todo el derecho de saber quién es el policía, cómo se llama, a qué cuerpo está adscrito”, enfatizó.

Agregó que en su periodo al frente de la Cedha también se hizo la recomendación a las corporaciones de no llevar a los detenidos en las cajas de las camionetas, ya que se viola desde el Reglamento de Tránsito, incurriendo en una infracción; desde el aspecto de seguridad, los seguros no pagan indemnización cuando el accidente se provoca porque la persona venía en esta parte del vehículo; apuntó que además se viola el principio de inocencia, ya que es una persona que no ha sido aún sentencia, condena o siquiera valorada por un juez municipal o del Poder Judicial, pero se traslada como si fuera al patíbulo.

Otro llamado que han hecho es a que no se utilicen las llamadas chicharras, ya que no son parte de su equipo, pero los policías los compran y se les permite portarlas, cuando hacen uso de las mismas y no privilegian el conocimiento de los derechos de quien detienen o retienen por la presunta comisión de un delito. “Ese tipo de recomendaciones, que se hicieron muchas en el primer año, siguen vigentes; cuando vemos un caso concreto, le podemos decir a un policía que no hizo eso que ya estaba en una recomendación; hemos trabajado mucho en ello y creo que fue muy importante sentar esos principios generales a través de las recomendaciones”, destacó Martín Jáuregui.

 

Problemas de adicciones dispararon los índices delincuenciales

El ombudsman recalcó que la policía tiene un problema grave, ya que si bien en los últimos cinco años no se habían registrado delitos de alto impacto, como secuestros, desapariciones, más que excepcionalmente alguna desaparición forzada que se denunció por parte de la Cedha en su momento, no se conocieron extorsiones, y se puede hablar de un estado de tranquilidad, no obstante hubo una fuerte proliferación de adicciones en especial en zonas de Jesús María, colonias conflictivas denominadas las siete hermanas, un poco menos en los municipios de San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y Calvillo, trajo como consecuencia que esos nuevos adictos, delinquieran para acceder a las nocivas sustancias.

Dijo que lo peor es que se cuenta con una estrategia institucional para tratarlos, o políticas públicas orientadas a su atención integral; sin embargo para ellos se ha vuelto una necesidad real la droga por su dependencia, al no suministrarse este tipo de estupefacientes, entran en crisis o síndrome de abstinencia en donde son capaces de hacer cualquier cosa, lo que ha provocado nuevos delincuentes “de pequeña monta, que van a robar un espejo, un acumulador o cualquier cosa que puedan comercializar rápido con tal de conseguir la droga para el día de hoy”, indicó el titular de la Cedha.

En este aspecto la policía se ve rebasada, consideró Martín Jáuregui, ya que se cuenta con un estimado de mil 500 elementos municipales y 500 más de la corporación estatal, lo cual no es suficiente ya que se dividen en tres turno para atender a una ciudad de cerca de un millón de habitantes, esto ha incurrido en una respuesta violenta de parte de los efectivos, a partir de que se consideró que podría intimidarse a los delincuentes; “pero si este tipo de delincuentes lo hace porque tiene una necesidad real, si como estado y gobierno no se les da una alternativa de atención los vamos a seguir teniendo. Yo creo que el gobierno mexicano se ha equivocado en su política contra las drogas, lo sigue viendo como un problema de seguridad nacional, cuando es un problema de salud pública”, destacó.

Dijo que la lucha como se ha encaminado actualmente, sólo ha dejado miles de muertos, desaparecidos y con un problema de inseguridad y violencia que continúa; afirmó que la policía en Aguascalientes se ha equivocado, ha actuado de forma violenta con un a respuesta desfavorable, como ha sido en el caso de las agresiones a los normalistas de las escuelas normales rurales Justo Sierra Méndez de Cañada Honda y Vasco de Quiroga de Tiripetio, Michoacán, así como en otros casos, como las personas que aparecieron desnudas en la carretera 45 sur, y quienes fueron torturados.

Lamentó que a la fecha la Comisión no haya conseguido los elementos suficientes para poder señalar responsabilidades en estos casos, no obstante el Ayuntamiento capital cesó a cuatro jefes de la Policía municipal, a raíz de las investigaciones, conversaciones con la presidente municipal, María Teresa Jiménez, con quien se analizó el expediente y se le hizo notar irregularidades en que se habían incurrido, indicios que se convertían en pruebas, porque en materia de tortura, la autoridad que se señala como responsable, tiene la carga de la prueba de que no fue ella, a diferencia de los otros tipo de delitos o de faltas, en que la carga de la prueba corresponde al que acusa.

El ombudsman puntualizó que en este sentido la Corte tiene razón en que si una persona está detenida, incomunicada, sin agua, comida, con la luz prendida todo el tiempo y sin saber la horas transcurridas, además es amenazada con daños a su familia, difícilmente estará en una situación en que pueda conseguir pruebas que lo demuestren, por lo cual basta documentar que estuvo a disposición de la autoridad y que implicó consecuencias a su salud física o mental, para que haya presunción de que la autoridad fue responsable, quien tendría que destruir dicha presunción.

Agregó que en el caso de los torturados, da la casualidad de que no funcionan los geoposicionadores de las patrullas municipales, del estado tampoco; así como las cámaras de videovigilancia y en las del C4 fue borrado toda información a las 48 horas. Todos esos elementos permitieron que se tomara la decisión, que Martín Jáuregui consideró saludable, de reestructurar la Policía con el cese del secretario, el director operativo, el coordinador operativo y el jefe de Estado Mayor. Faltaría la sanción por parte de la Fiscalía y de los jueces.

Precisó que en el caso de los normalistas se cuenta con evidencia de carácter gráfico de cómo los grupos de la instancia policial, de actividades especiales y el Centauro, intervinieron; se elabora una recomendación en al que se condena a la reparación del daño para que se pague todo lo necesario; a la fecha han sido cubiertas medicinas, atención médica, una operación que requirió un joven que necesitó la operación de un ojo. “La autoridad se ha hecho cargo de esto, pero consideramos que queda pendiente todavía que se determine por parte del Ayuntamiento quiénes fueron los responsables”.

 

Apoyó Cedha la lucha por el respeto a los derechos de la diversidad sexual

En esta plática en exclusiva con La Jornada Aguascalientes, el titular de la Cedha enfatizó que en el caso de la defensa de los derechos de los grupos tradicionalmente vulnerables, el mayor reto que se enfrentó desde la Comisión fue la cultura machista que impera en el estado, misma que conlleva misoginia y homofobia; no obstante se logró una gran labor por estos sectores minoritarios.

Martín Jáuregui reconoció el trabajo realizado por el colectivo SerGay desde 1985 en defensa de la diversidad sexual, mismo que fue galardonado con el premio Pro Homine en diciembre pasado, “lamento mucho que hayamos tenido oídos sordos en el Congreso”, afirmó ante las manifestaciones por parte de algunos diputados que consideraron esta lucha como un tema no preponderante para el estado, lo cual dijo es absurdo pues se cuenta incluso con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, asunto que además ha ocupado a la Conago, por lo cual es incongruente que en lo local los integrantes del Congreso lo consideren poco relevante o que no es de interés general.

Lamentó este déficit, pues no se cuenta aún en Aguascalientes con las regulaciones actualizadas en materia, ni se ha armonizado la legislación con la nacional con base en los criterios de la Suprema Corte de Justicia; dijo que peor aún es que la autoridad juegue o engañe con esto, porque si una pareja de personas del mismo sexo va y solicita autorización para casarse y el Registro Civil se los niega, puede recurrir al amparo del cual se notifica al Registro Civil, que debe autorizar el matrimonio y sobresee el amparo por falta de materia. “La consecuencia de este jueguito perverso que se está haciendo por algunas autoridades, es que no se llega a la definición por parte de la autoridad judicial federal, y no llega a la Suprema Corte de Justicia, para pedir que se declare la inconstitucionalidad del artículo que prevé que el matrimonio solamente es entre personas de diferente sexo (…) se hacen tontos solos, porque lo autorizan y no cambian la ley, eso lo saben las autoridades y lo siguen haciendo”, explicó.

Reconoció que es el gran pendiente que deja en materia en la Cedha, ya que, aunque se están autorizando los casos particulares, no se ha logrado la modificación de la ley; aunque dijo que ha sido favorable el avance logrado con la ciudadanía en general, en términos de que cada vez es mayor la aceptación a la diversidad sexual, que hasta hace unos años se registraba un fuerte problema de homofobia en Aguascalientes. “Creo que ha disminuido, incluso a pesar de las declaraciones muy fuertes que desafortunadamente realizó el obispo, yo creo que declaraciones fuera de lugar (…) yo creo que un discípulo de Cristo tendría que manifestar ese amor a todas las criaturas”.

 

Lamentó la tipificación del feminicidio, al considerar que en los términos aprobados no representa mayor sanción a los responsables e incluso podría exonerarlos

Jesús Eduardo Martín Jáuregui se manifestó en contra de la tipificación del feminicidio como delito autónomo, al considerar que esta medida que tomó el Congreso local, por razones que calificó meramente políticas, no era conveniente en el sentido de que en materia penal el principio general debe aplicarse estrictamente en los términos que dice la ley, por lo que, si no está adecuada la conducta del comportamiento a lo que dice el tipo legal, entonces no hay delito.

Apuntó que cuando se define el tipo de feminicidio, se incorporan elementos subjetivos, que se pueden presumir por algunos comportamientos como el odio por ser mujer exclusivamente, mismos que dijo son difíciles de comprobar, si no se acreditan, no se declara como feminicidio, por lo cual el juez tendrá que dejar en libertad al acusado.

El ombudsman aclaró que como existía el tipo de homicidio con agravante, al no acreditarse esta última, quedaba la penalidad por homicidio; “por eso desde mi punto de vista y el que compartimos varios abogados que tienen experiencia, como el presidente del Tribunal y el director del Departamento de Derecho de la UAA, que no se les puede objetar su conocimiento, consideramos que era preferible dejarlo como estaba; en todo caso podría haberse agravado la penalidad cuando se tratara de una homicidio con agravante de feminicidio”.

Subrayó que no se puede hacer una remisión, al contrario, ya que no permite que al no acreditar el feminicidio se le juzgue por homicidio, los procesados tienen el derecho a ser juzgados por el delito que se les imputa y condenarle por el mismo, no castigar por otro.  

Dijo que sería lamentable que se presenten casos en que los jueces tengan que dejar en libertad a los responsables por una mala integración de la averiguación previa, ahora cuaderno de investigación.

---