A diputados y senadores no les importaron las declaraciones en contra de la Ley de Seguridad Interior, ni los miles de mexicanos comunes y corrientes que se manifestaron en contra, ni la opinión del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, más de doscientas organizaciones sociales, la mayoría de los comisionados de los derechos humanos de las entidades federativas, rectores de universidades… Nadie, al final, en una larga, tediosa, pero sobre todo, vergonzante sesión, los senadores le dieron una revolcada a algunos textos y la mandaron de regreso a la Cámara de Diputados.
¿Salidas? Sí, aún hay salidas, dos muy claras, la impugnación que está considerando hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y la intervención del presidente de la República, petición realizada por la misma CNDH en un comunicado reciente: atendiendo a las obligaciones que impone a todas las autoridades el artículo 1º Constitucional, en el sentido de promover, defender y preservar los derechos humanos, así como a la necesidad de salvaguardar el orden competencial y contenido de nuestro máximo ordenamiento, esta Comisión Nacional hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que formule observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, con base en la atribución que le confieren los incisos a) y c) del artículo 72 Constitucional. La seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas.
Cuando la Cámara de Senadores recibió el dictamen de esa ley, se simuló un diálogo entre legisladores y representantes de la sociedad civil, ante las comisiones unidas que intervinieron el dictamen desfilaron tanto quienes estaban a favor como en contra de la Ley de Seguridad Interior; los legisladores hicieron como que escucharon y de madrugada escenificaron un circo para encubrir que la decisión ya estaba tomada.
No todo está perdido, habrá que organizarse y confiar en que las instituciones atiendan el llamado ciudadano, porque eso es todo lo que nos queda, estamos solos; así lo demostró la simulación de diálogo con los senadores, sobre todo lo evidencio el nivel del debate en la Cámara Alta, decenas de oradores, a favor y en contra, repitiendo muy pocos argumentos y exhibiendo su ignorancia, en vez de ideas, discursos sentimentaloides, patrioteriles, en los que se tomaba el micrófono para defender a las fuerzas armadas, aunque nadie las estuviera atacando, en algunos casos blandiendo a las víctimas como pretexto cuando lo único que conseguían era deshonrar su memoria.
Del otro lado no fueron mejores, muchos de los que defendían que no se aprobara la Ley de Seguridad Interior no se tomaron la molestia de razonar su voto en contra, ni análisis ni propuestas, no tomaban la tribuna para exponer una idea, sino para escenificar su encono, infantiles, acusaban a otros senadores de estar bebiendo, ausentarse o corrupción, usaron el micrófono para el lucimiento personal, contando anécdotas personales en la que sustentaban el complot conspiranoico; apenas unos cuantos propusieron modificaciones a la Ley.
Ambos bandos demostraron que desconocen el propósito de la deliberación, que un diálogo verdadero no tiene como fin aplastar la voluntad del otro, fueron extremos que se empeñaron en imponer su razón.
Lo mismo fuera del círculo de los tomadores de decisiones. Nosotros, los que estábamos en contra o a favor, tomamos el camino fácil del rechazo o la aceptación a través del vistazo a un meme, infografía o el encabezado de una nota; hicimos nuestro el relato de las víctimas para transformarlo en consigna hueca, en frases lapidatorias que por su contundencia tienen que ser verdad: el gobierno roba, el ejército mata y la prensa miente; que es lo mismo que deslindarse de la responsabilidad cívica con la que cada uno puede comprometerse, ¿qué importa que sea mentira si se puede corear en una marcha?, ¿qué más da que sea falso si conmueve a quien quieres convencer?
La Ley de Seguridad Interior no es la fórmula mágica para resolver la catástrofe que en materia de seguridad se vive en el país; pero tampoco es el grupo de mandatos que permitirá el establecimiento de una dictadura militar cuando así lo decida el presidente de la República; ni siquiera es una legislación que resuelva el proceso de corrupción al que están sometidas las fuerzas armadas al realizar tareas de seguridad pública; mienten quienes señalan que resuelve el capricho gubernamental de la intervención del Ejército y la Marina en la guerra contra el narcotráfico; lo más grave, considero, es que esta Ley deja a los ciudadanos indefensos ante la corrupción, negligencia o ignorancia (a veces mezcladas) de quienes ocupan los gobiernos estatales y municipales.
No es de extrañar el consenso entre gobernadores y alcaldes por la aprobación de esta Ley, la aplicación de un término como “seguridad interior”, que permite diluir las responsabilidades que tienen en materia de “seguridad pública”, les permite lavarse las manos, emplear una y otra vez la justificación del enemigo externo, la amenaza del crimen organizado, la seguridad nacional, para no hacerse cargo de las policías estatales y municipales; otra vez la mano estirada de gobernadores y presidentes municipales demandando presupuesto para seguridad del que no tendrán que rendir cuentas, que se pueden gastar en “históricas” compras de patrullas, y del que siempre argüirán que es insuficiente; de nueva cuenta el pretexto para deslindarse de los delitos del fuero común y acrecentando esa zona gris de definiciones en que navegan para no cumplir con lo que la Constitución les marca; repetidamente los veremos inventarse al extraño enemigo para no ocuparse del asunto.
El motor de la historias son los “pero”, afortunadamente, a pesar de la mediocridad de los diputados y senadores, todavía se puede echar para atrás esta Ley, y para alcanzar ese momento se requiere estar organizados, pero sobre todo, informados.
Coda. La mediocridad de los legisladores en lo local, el nombramiento de Asunción Gutiérrez Padilla como sucesor de Jesús Eduardo Martín Jáuregui al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; de la misma manera que centenas demostraron a diputados federales y senadores los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, al Congresito los ciudadanos les plantaron en la curul los argumentos que demostraban que Wilfrido Salazar o Enrique Pimentel eran mejores candidatos, no los tomaron en cuenta y 22 diputados votaron a favor de la designación del candidato que demostró ser el menos apto, como no tuvieron que justificar su voto, como no se les requiere argumentar, sólo están ahí para cumplir el capricho de su amo, lo que esos diputados hicieron fue mellar la legitimidad del nuevo ombudsman al permitir la sospecha de que se trata de un pago de favores políticos. Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, en relación con la Ley de Seguridad Interior, realizó un pronunciamiento que permite cierta esperanza, indicó que nunca habíamos sido tantos los que nos manifestamos en contra de algo… y tiene razón, pero estamos tan solos.
@aldan
