Sin remilgo alguno, se dio a conocer -de manera intempestiva- la terna que habrá de constituir el Consejo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ITEA. Así lo consignó la página editorial de este diario: “Adelanto. La designación del ombudsman se votará en la sesión de 15 de diciembre, junto con la de los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, que iniciaran sus labores el 1 de enero de 2018. De acuerdo al sitio Acontralínea, el sábado ya se designaron a algunos consejeros, lo transcribimos tal cual: “Los tres nombres que ocuparán dichos cargos son: ( https://goo.gl/DYDcSK ) (Destaco),
1) El panista y actual director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Marcos Javier Tachiquín Rubalcava; exdirector jurídico de la dirigencia estatal del PAN, también director de Asuntos Internos de la Policía Municipal con Gabriel Arellano.
2) Brenda Ileana Macías de la Cruz, [email protected], también panista, actual directora general de Asuntos Jurídicos del actual Gobierno del Estado. Palacio de Gobierno, Zona Centro, C.P. 20000. (Fuente: Directorio de la Secretaría General de Gobierno. https://goo.gl/rRgqhr ).
3) El priista Rubén Díaz López, quien todavía este año, antes de la renuncia del señalado Arturo Solano, fungió como como director jurídico del OSFAGS, pero también fue parte del gobierno de Carlos Lozano de la Torre, como director de Control Patrimonial en la Sefirecu, además de director general jurídico en la Sebideso del mismo gobierno.
Concluye LJA, La Grilla: “…El panista Tachiquín Rubalcava permanecerá en el cargo por 7 años, su correligionaria Brenda Macías permanecerá en el encargo por 5 años, en tanto que el priista Rubén Díaz, estará por 3 años; esto con la finalidad de que los próximos cambios se den de forma escalonada. Los siguientes comisionados en ser electos; el próximo dentro de 3 años, en el 2020; permanecerán en el cargo por 7 años”.
Notas que de convertirse en realidad no presagian nada bueno al supuesto servicio de las causas ciudadanas aguascalentenses; y mucho menos cumplen con el requisito fundamental de ser transparentes. Este aserto es así corroborado: “En un proceso totalmente incoherente con el objetivo de abonar a la legalidad, se llevó a cabo la selección de los tres comisionados a encabezar el Instituto de Transparencia del Estado; la designación de Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, Brenda Ileana Macías de la Cruz y Rubén Díaz López, fue irresponsable, al quedar sólo en manos de los integrantes de la Comisión de Gobernación, condenó el coordinador regional de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), Fernando Aguilera Lesprón” (Fuente: LJA. Política. Faltó transparencia en la designación de comisionados del ITEA. By Adriana García Campos | 30/11/2017. https://goo.gl/dQ4pJd ).
Con ello, convierten al ITEA en escenario de Comisionados que se alternan en puestos de interés público. Quizá merezca recordar la distinción entre el llamado “gabinete Legal” y el “gabinete ampliado”, en el seno del Poder Ejecutivo, comprendiendo éste último distintos órganos, institutos y organizaciones desconcentradas explícitamente del nivel central. Para ser al fin y al cabo, colaboradores del Titular de dicho poder, aunque su objeto social ostente la impronta de “autónomo y con recursos propios”.
Cosa muy distinta es la creación de órganos independientes de carácter e interés fundamentalmente ciudadano que representan, supuestamente, logros y conquistas de la ciudadanía en su conjunto con el fin expreso de inducir contrapesos y equilibrios frente al de otro modo todopoderoso poder político dominante y regente. Pues sucede que el ITEA y su contraparte el IFAI a nivel nacional fueron creados con el fin constitucional expreso de ser órganos supervisores y garantes de la transparencia gubernamental y responsables de la demanda ciudadana de Rendición de Cuentas de los tres órdenes de Gobierno. Este aparentemente minúsculo chistecito, exigió al sistema político mexicano de pasar por una seria y crítica reforma política federal, para instalar tales organismos en la punta de lanza de las iniciativas ciudadanas.
Me disculpo que, en este espacio y en este momento, no pueda incluir un somero análisis de lo que esta reforma jurídica ya vigente, con la solemnidad legislativa del caso, implica. Pero, consigno mi compromiso de hacerlo en la o las oportunidades que el fluir de los acontecimientos permita. Por lo pronto, debe quedar expresamente consignado, ahora, que México está comprometido como Estado a cumplir y hacer cumplir las Leyes que lo rigen positivamente; y que nosotros ciudadanos tenemos el sagrado derecho y deber de reconvenirlo y ejecutarlo así. Quede referida, entonces, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016. Texto Vigente. Última reforma publicada DOF 27-01-2017.
Sin duda es norma práctica a observar que una convocatoria oficial para conformar, en el caso, el nuevo Consejo del ITEA, como órgano ejecutivo responsable de su normal funcionamiento, es responsabilidad del Congreso del Estado. Y la importancia jurídica de ello es que tanto lo que se diga allí, como lo que se omita o deje de decirse, es materia de contrastación contra las normas jurídicas vigentes. Confieso que por ahora queda a revisar cuidadosamente, qué se estipuló allí, en este preciso documento, puesto que la conformación resultante del Consejo obedece a ello y nada más.
Lo comento porque en la conformación jurídica previa que instituyó al Consejo del ITEA saliente, lo que nos retrotrae al mes de septiembre de 2011, Legislatura LX de que los 53 aspirantes a comisionados satisficiéramos entre otros requisitos: No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política; No ser ni haber sido ministro de ningún culto religioso; No haber ocupado puesto de elección popular por lo menos tres años antes al momento de su designación; No desempeñar ni haber desempeñado cargo o empleo público alguno de cualquier naturaleza, cuando menos dos años antes al día de la designación; No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno. no hubieran ostentado cargos públicos, al menos los 2 años anteriores, no haber tenido cargos en algún partido político -durante el mismo lapso-; ni haber tenido cargo religioso alguno. Así lo estipuló la LX Legislatura a los 53 aspirantes, a: conformar la propuesta de ciudadanos a ser electos como Comisionados Propietarios y Suplentes de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia. Estaba expresamente prohibido postularse, si se cayera en alguno de estos supuestos.
Asumo, y como dicen los abogados supongo sin conceder, que en la presente Legislatura no aplicó ya esta restricción jurídica explícita, puesto que ostensiblemente y sin recato alguno, la mayor parte de los perfiles de los candidatos actuales –que no todos- a comisionados, aparecen en la escena legislativa al más puro estilo de esquites saltarines en comal caliente, volando graciosamente y gratuitamente del trapecio de un puesto político inmediato a este otro de orden autónomo y con recursos propios; dejando, desde mi punto de vista, al Instituto tan parcial y tan opaco como hasta hoy lo habíamos venido viendo. Más en crudo y al desnudo.
Así lo expresa el mismo Fernando Aguilera Lesprón (Cimtra) cuando se refiere: “Recalcó que las organizaciones civiles en pro de la transparencia y rendición de cuentas no están conformes con esta decisión, sin embargo es importante que los diputados, en esta misma postura, desde la tribuna del estado emitan un pronunciamiento y exhortó a sus homólogos, “nosotros no tenemos cabida porque del pueblo sólo se acuerdan cuando requieren su apoyo en las campañas políticas (…) esta designación quedó en manos de una comisión elite de diputados dentro de la cámara y le imponen a los demás tres perfiles, eso no dice la convocatoria”. (Cfr.: LJA. Faltó transparencia…, ut supra). Yo insto a nuestros amigos de genuinas organizaciones sociales como Nosotrxs y un largo y digno etcétera, eleven su pregunta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, sobre sí esta constitución de Junta Directiva del ITEA cumple con el espíritu y letra de la reforma federal legislativa en la materia.
Lo anterior, como primer punto más relevante a enfatizar y seguramente a controvertir. Pero, opino yo que más deleznable aún resulta ser el segundo punto de interés público fundamental, que consiste en el esquema ya configurado y presto a ser consagrado en el rito congresional local de votar y juramentar con la investidura del caso. Me refiero a la red de lealtades primordiales que se está jugando a nivel de grupos en el poder y de partidos, también en el poder, en estos sonados nombramientos. Pregunto: ¿Cómo se habrá de reconvertir instantáneamente un Director Jurídico de Gobierno de ser defensor jurídico del Titular del Ejecutivo estatal en turno, en su contraparte vigilante de rendición de cuentas? Al igual, ¿Cómo se operará un cambio de chip integral, súbitamente y a contrario sensu, en dos experimentados abogados directores jurídicos de dependencias harto sensibles, en Educación y auditoría interna al gabinete legal en funciones, ahora sujetos obligados?
Sí, efectivamente, esta objeción ya está siendo contestada desde el Congreso: “La elección de los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (Itea) por parte del Congreso de Estado, no obedece a ninguna cuota política, pese a que dos de ellos se relacionan con el Partido Acción Nacional (PAN) y otro con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló el presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador de la bancada mayoritaria PAN- Partido Encuentro Social en el Legislativo, Guillermo Alaniz de León, quien aseveró que los nombramientos se dieron con base en la idoneidad de los perfiles y con base en la experiencia que cada uno tiene”. (LJA. Política. Niegan elección por cuota política de los comisionados del Itea. By Claudia Rodríguez Loera | 29/11/2017).
El asunto de fondo, discúlpeme usted, no es el de los perfiles, es la prevalencia patente de conflictos de interés que se finca en el tipo de redes societales a las que pertenecen. En donde aquello de “ciudadano” no aplica, e incluso causa erisipela en la delicada piel de nuestros congresistas locales. ¡A saber!
